Juez procesa a exrector y a exfuncionario de Sedesol vinculados a la Estafa Maestra

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Un juez federal vinculó a proceso a un exrector y a un exfuncionario de la Sedesol, por el pago presuntamente indebido de un contrato por más de 319 millones de pesos, el cual estaría vinculado a la Estafa Maestra.

Se trata de Noé “M”, exrector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), por presuntamente estar involucrado en una contratación indebida de servicios ocasionado un detrimento en la Hacienda Pública.

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El Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, también vinculó a proceso Juan Manuel “L”, exservidor público.

Juan Manuel “L” fue coordinador de asesores del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, cuando Rosario Robles estaba al frente de la dependencia.

A los dos imputados se les procesó por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

El juez impuso como medidas cautelares a los vinculados a proceso, la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual.

Además, fijó cuatro meses como plazo de investigación complementaria; los imputados como la Fiscalía General de la República (FGR) deberán reunir sus respectivos datos de prueba.

Universidades públicas fueron utilizadas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para desviar recursos públicos y por ello hay 14 que cuentan con denuncias penales por su posible participación en diversos fraudes.

La mayoría de casos son referentes al esquema de desvío conocido como la Estafa Maestra en el que hicieron convenios con dependencias de gobierno para que realizaran supuestos servicios, pero al no tener la capacidad, subcontrataban a empresas que eran irregulares o fantasma y, por tanto, el dinero desaparecía.

Para realizar este tipo de convenios, las dependencias de gobierno y universidades utilizaron la excepción a la Ley de Adquisiciones que permite hacer servicios entre entes de gobierno federal sin licitación, es decir, evaden la obligación de hacer un concurso abierto donde los proveedores compiten para escoger a quienes ofrezcan las mejores condiciones.

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