Juez de EEUU presiona a Argentina en caso de deuda

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Argentina se está quedando sin margen de maniobra en un conflicto multimillonario por una deuda extranjera que no ha sido pagada desde que el país incurrió en una mora récord hace una década, y lo que está en juego para la presidenta Cristina Fernández no podría ser más alto.

La mandataria corre el riesgo de desencadenar otro incumplimiento histórico de deuda si no acepta pagarle a los llamados "fondos buitres", a los que responsabiliza de muchos de los problemas de Argentina.

Harto de la negativa del país sudamericano a pagar su deuda a pesar de haber perdido en una corte de apelaciones, el juez federal de distrito Thomas Griesa en Nueva York dijo que está decidido a hacer que Argentina pague al menos algo a los demandantes.

Su idea es recanalizar el dinero que Buenos Aires le reembolsa a otros tenedores de bonos, haciendo que los bancos que procesan los pagos desvíen una parte de los fondos hacia los demandantes. Algunas instituciones financieras estadounidenses serían las ejecutoras de la decisión de Griesa, ya sea ayudando a cumplir el fallo o "auxiliando e incitando" a cometer un delito, según el cristal con que se mire.

La idea sin precedentes fue ampliamente mantenida en apelaciones el mes pasado. Griesa intentó impulsar una solución del caso la noche del miércoles, cuando canceló una suspensión del cumplimiento de la sentencia y emitió una orden en la que instruye a Argentina para que haga una primera serie de pagos a una cuenta de depósito en garantía el 15 de diciembre, cuando el país prevé realizar pagos a los otros bonistas.

La idea cimbró los departamentos jurídicos de las instituciones financieras más poderosas de Estados Unidos.

La Reserva Federal y la agrupación empresarial Clearing House, que representa a los bancos comerciales más grandes del mundo, advirtieron que la decisión de Griesa podría tener consecuencias graves para la espina dorsal del sistema financiero estadounidense, que en forma automática mueve un promedio diario de 2,6 billones de dólares en medio millón de transferencias entre más de 7.000 bancos.

En un documento jurídico presentado el domingo, la Fed pronosticó severas consecuencias para un sistema que cuenta con que las transferencias sean "inmediatas, finales e irrevocables" una vez procesadas. Requerir a las instituciones financieras intermedias que identifiquen, detengan y desvíen pagos según los mandamientos judiciales "impediría el uso de las transferencias electrónicas rápidas de fondos en el comercio al causar retrasos y encarecer su uso", advirtió el banco central estadounidense.

Los demandantes soslayaron esas inquietudes cuando dijeron que el único banco en riesgo sería el "agente pagador" de Argentina, el Bank of New York Mellon, que debería ser responsabilizado por la corte si Buenos Aires no acata el fallo.

La nota de la Reserva Federal encantó tanto a Fernández que la mencionó en un discurso el lunes por la noche.

"Cuando lo dice un argentino, la presidenta de los argentinos o el ministro de Economía, bueno, ahí salen todos a criticar; ahora, habló (el presidente de la Fed, Ben) Bernanke, querido, y se callaron todos la boquita", dijo la mandataria.

Como muchas otras cosas relacionadas con Argentina, esas deudas datan de la cruenta dictadura que gobernó de 1976 a 1983. La junta militar triplicó la deuda externa del país. Para 2001, la carga era insostenible y la economía se derrumbó. El incumplimiento de pagos de Argentina por 95.000 millones de dólares es todavía una marca mundial.

La deuda soberana debe en principio ser pagada sin importar quién gobernó un país, pero Fernández ha considerado siempre que esa deuda impaga es ilegítima e impuesta a los argentinos por los dictadores que actuaron en concierto con los especuladores financieros internacionales. Fernández y su predecesor y ahora finado esposo Néstor Kirchner, que asumió el cargo en 2003, nunca han hecho pagos por los bonos de la moratoria.

En cambio, ofrecieron nuevos bonos que pagaban menos de 30 centavos por cada dólar adeudado en la mora, y para 2010 el 93% de los tenedores de bonos originales aceptó el canje. El alivio en la deuda concedido por esos "bonistas del canje" le permitió a Argentina salir de una profunda crisis económica, y numerosos analistas lo han descrito como un modelo que podrían considerar Grecia y otros países muy endeudados.

Los tenedores de bonos que no aceptaron el canje, encabezados por NML Capital Ltd. — un fondo de inversión del multimillonario estadounidense Paul Singer —, insistieron en el pago completo más intereses, aunque algunos habían comprado muy barata la deuda en mora ante el colapso de la economía argentina.

Desde entonces, los abogados de Singer han viajado por el mundo con la intención de lograr el embargo de activos de Argentina. Recientemente consiguieron la confiscación de la fragata argentina Libertad en Ghana como garantía de pago, pero nunca han cobrado los bonos.

La solución del juez a todo esto es obligar a Argentina para que pague a los bonistas fuera del canje una cantidad igual cada vez que realiza un pago concertado a los tenedores de bonos canjeados.

La decisión provocó un clamor de un grupo de tenedores de bonos canjeados que juntos tienen 20.000 millones de dólares en la deuda argentina reestructurada. Estos bonistas dijeron que ya han sufrido "decenas de miles de millones de dólares en pérdidas" y que no deberían ser castigados al permitir que unos pocos que no cedieron se lleven parte de sus ya escasos pagos y ganen hasta un 200% de su inversión original.

De ejecutarse la resolución, ese tipo de arreglo imposibilitará que otros países reciban un alivio crucial en sus deudas, argumentaron.

Los tenedores de bonos no canjeados respondieron: "Esas partes adoptaron una decisión empresarial de aceptar las garantías de un pronto pago en lugar de verse obligados a litigar contra la República (Argentina) en todo el mundo, como se han visto obligados a hacerlo los demandantes a un costo tremendo".

Argentina le comunicó al juez que su responsabilidad termina una vez que transfiera el dinero al Bank of New York Mellon, que a su vez les paga a los bonistas del canje. El banco, por su lado, indicó que podría sufrir demandas de todas las partes si hace algo distinto a simplemente procesar los pagos como fueron previstos originalmente.

De inmediato no hubo una respuesta del gobierno argentino el miércoles por la noche a la nueva medida del juez.

Griesa dijo que estaba adoptando la medida debido precisamente a las "declaraciones incendiarias" de funcionarios argentinos, que han prometido no pagarle ni un centavo a NML Capital Ltd.

"Es la opinión de la Corte de Distrito que esas amenazas de desafío no pueden ser ignoradas, y que es necesaria la acción", afirmó.

Argentina se está quedando sin opciones. Cualquier determinación que no sea un reembolso íntegro podría provocar que los tenedores de cualquier tipo de bonos argentinos exijan un pago inmediato y completo.

"En realidad creo que lo que buscan es provocar un impago técnico", dijo el lunes la presidenta. "¿Qué es un impago técnico? Es cuando se paga pero no a tiempo, o de la forma, o lugar. Por ejemplo, no se paga en Nueva York para que no confisquen el dinero".

Esa es la posibilidad que preocupa a los tenedores de bonos canjeados. Si Argentina se niega a pagar a cualquiera para enfrentarse a los tenedores de bonos, "la prohibición habría transformado un impago relativamente menor en un impago de cataclismo que afectará aún más la ya debilitada economía global", advirtieron.

Fernández intentó calmar la situación indicando que Argentina tiene 45.300 millones de dólares en reservas y una deuda soberana mucho menor que hace varios años.

Pero si Buenos Aires paga a los demandantes los 1.430 millones de dólares que exigen, enfrentaría otras demandas similares. Moody's Investors Service dijo que eso podría sentar un precedente legal para otros bonistas fuera del canje que juntos tienen casi 12.000 millones de dólares en deuda impaga.

Mientras tanto, una moratoria podría perjudicar mucho a una economía que sufre ya la fuga de capitales y una elevada inflación, por lo que la agencia de calificación Moody's considera la deuda argentina como basura, y el país tiene muy pocos lugares a los que recurrir para financiarse.

Los tenedores de bonos que no transaron culpan de esta situación a las "demandas de emergencia y la ansiedad" creadas por "la incansable mala fe" de Argentina, y pronosticaron que si a la postre no tienen otra alternativa, acudirán a los tribunales.

"No hay razón para creer — y el sentido común lo rechaza — la noción de que Argentina perjudicaría su reputación y crédito, y permitiría innecesariamente que decenas de miles de millones de dólares de deuda sean acelerados simplemente para no pagar a los demandantes 1.430 millones de dólares", dijeron.

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