Juez conservador de la Corte Suprema admite que las leyes federales sobre la marihuana están desactualizadas

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Un nuevo informe ha afirmado que los estados de EE. UU. Que legalizaron el uso recreativo del cannabis recaudaron miles de millones en ingresos fiscales. Las plantas de cannabis en la foto crecen en el invernadero de las instalaciones de cultivo de marihuana medicinal de Vireo Health, el 19 de agosto de 2016 en Johnstown, Nueva York. El estado legalizó el uso recreativo en marzo de 2021 (Getty Images)
Un nuevo informe ha afirmado que los estados de EE. UU. Que legalizaron el uso recreativo del cannabis recaudaron miles de millones en ingresos fiscales. Las plantas de cannabis en la foto crecen en el invernadero de las instalaciones de cultivo de marihuana medicinal de Vireo Health, el 19 de agosto de 2016 en Johnstown, Nueva York. El estado legalizó el uso recreativo en marzo de 2021 (Getty Images)

El juez conservador de la Corte Suprema, Clarence Thomas, dijo que las políticas de marihuana del gobierno federal ya no están actualizadas debido a los esfuerzos estatales de legalización.

"Una prohibición del uso o cultivo interestatal de marihuana puede que ya no sea necesaria o adecuada para apoyar el enfoque fragmentado del gobierno federal", dijo el lunes.

NBC News informa que su declaración se hizo cuando el tribunal rechazó una solicitud para escuchar una apelación hecha por un dispensario de marihuana medicinal de Colorado al que se le negaron las exenciones fiscales federales otorgadas a otras empresas.

Thomas dijo que es probable que el fallo de la Corte Suprema de 2005, que defiende las leyes de la nación que prohíben la posesión de marihuana, esté desactualizado.

"Las políticas federales de los últimos 16 años han socavado enormemente su razonamiento", afirmó. "El enfoque actual del gobierno federal es un régimen de media entrada y media salida que simultáneamente tolera y prohíbe el uso local de marihuana".

En la actualidad hay 36 estados que permiten la marihuana medicinal, y entre ellos 18 que permiten su uso recreativo.

Sin embargo, las deducciones de impuestos federales no se extienden a las empresas de marihuana medicinal, ya que todas son ilegales según la ley federal. Esto evita que las empresas de marihuana medicinal reclamen deducciones comerciales en sus impuestos.

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"Bajo esta regla, una empresa que todavía está en números rojos después de pagar a sus trabajadores y mantiene las luces encendidas podría, no obstante, adeudar un impuesto federal sobre la renta sustancial", dijo Thomas.

Señaló que muchas empresas de cannabis se ven obligadas a negociar completamente en efectivo como resultado de las leyes federales que prohíben su industria.

“Muchas empresas relacionadas con la marihuana operan enteramente en efectivo porque la ley federal prohíbe a ciertas instituciones financieras aceptar depósitos o proporcionar otros servicios bancarios a empresas que violen la ley federal a sabiendas. Las operaciones basadas en efectivo son comprensiblemente atractivas para los ladrones y asaltantes”, escribió Thomas.

Debido a esta discrepancia entre las leyes estatales y federales, el Departamento de Justicia de los EE. UU. ha aconsejado a los fiscales que no emprendan casos contra empresas de marihuana que estén de acuerdo con las leyes estatales.

Desde 2015, el Congreso ha prohibido al Departamento de Justicia gastar dinero federal para evitar que los estados apliquen sus propias leyes sobre la marihuana.

A pesar de esto, el IRS ha seguido aplicando sus propias reglas contra las empresas, lo que complica aún más la creciente industria del cannabis en EE. UU.

Thomas criticó el tratamiento desigual de las leyes y calificó la "disposición del gobierno de mirar para otro lado con respecto a la marihuana" más "episódica que coherente".

Continuó caracterizando la discrepancia llamándola al gobierno un "régimen mitad adentro, mitad afuera" que produce un "estado de cosas contradictorio e inestable".

El juez dijo que la comprensión actual de las leyes sobre la marihuana "pone a prueba los principios básicos del federalismo y oculta trampas para los incautos".

Ninguno de los otros ocho jueces emitió declaraciones que justifiquen sus opiniones para rechazar el caso.

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