"Jueces, traba para el ejercicio arbitrario del poder"

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Diana Lastiri

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- El magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, expresidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) afirma que las críticas a este sector continuarán porque los jueces son un factor incómodo para el ejercicio arbitrario del poder.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Rojas Caballero, quien recientemente concluyó su periodo al frente de la Jufed, considera que la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar fue un intento de atentado contra la democracia y que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválida dicha ampliación fue un alivio.

Rojas Caballero llegó a la presidencia de la Jufed a inicios del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también fue el momento más álgido de la ruptura entre juzgadores federales, la presidencia de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Desde las tribunas políticas se hablaba de sacudir a este poder para erradicar la corrupción y excesos de sus miembros.

La crisis interna que derivó concluyó cuando la Jufed logró que los juzgadores federales participen en una reforma al PJF.

Por ello, desde 2020 la asociación se ha mantenido en permanente contacto con la presidencia del PJF y ha dejado de mantener una postura discreta frente a las constantes críticas contra jueces y magistrados federales.

A partir de enero de 2022, el magistrado Rojas Caballero regresará a dedicarse exclusivamente a sus labores en el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de Guanajuato, donde le corresponde ser presidente.

Al frente de la Jufed quedará el magistrado Froylán Muñoz, quien recibirá la asociación y el año 2022 con la tarea de buscar que la Corte modifique el proceso de designación de consejeros de la Judicatura Federal ante el reclamo de los juzgadores de que se dé con transparencia, en condiciones de igualdad y que sea preferentemente alguna de las magistradas que integran el PJF para equilibrar la representación de género en el consejo.

¿Qué momento obligó a los jueces y magistrados a salir a defenderse?

—Ha sido una cosa tras otra. Empezó con el atentado contra una de las garantías judiciales reconocidas por los principios básicos de la judicatura de Naciones Unidas de 1985: la irreductibilidad de los salarios de los juzgadores.

Esto empezó con la ley de remuneraciones, pero han seguido las iniciativas en el Congreso de la Unión para modificar al Poder Judicial de la Federación; las declaraciones en contra del PJF y esto va a seguir porque desde luego es un factor incómodo para el ejercicio arbitrario del poder. Nuestra función es velar por el respeto a la Constitución y a los derechos humanos de todos.

Cuando esta administración tomó posesión había un ambiente muy difícil; ataques a las garantías que protegen la independencia judicial. Incluso la directiva anterior acudió a asesores internacionales y llevó el caso de México hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU y a una audiencia temática en la Comisión Interamericana porque a través de iniciativas de reforma al PJF, a través de pronunciamientos mediáticos de ciertos actores políticos, el clima para los juzgadores federales era complicado.

Pedimos participar en el procedimiento de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (...) Nos incorporaron en el parlamento y los puntos que teníamos fueron atendidos por el poder revisor de la Constitución. Esto le dio presencia mediática a la asociación que fue muy importante; un parteaguas porque nunca habían participado los juzgadores federales en la elaboración de una reforma al PJF.

¿Qué mensaje envió la aprobación de la Ley Zaldívar?

—Hubo mucha molestia en la asociación porque trabajamos en un grupo con el ministro presidente, el secretario ejecutivo del pleno, dos magistradas federales, un juez y un servidor. Pudimos hacer ajustes a las leyes para que se adecuen a los estándares internacionales. La asociación presentó esas modificaciones, fue atendido por el Senado, que era la cámara de origen, pero de buenas a primeras el senador (Raúl) Bolaños-Cacho presentó esta reserva y los senadores no se dieron cuenta de lo que estaban aprobando y viene este grave atentado a la democracia (...) Ponía en jaque la división de poderes, la supremacía de la Constitución y la transparencia de cómo debe hacerse un proceso legislativo.

¿Fue un alivio la resolución de la Corte?

—Desde un principio vi que no podía transitar, era tan grave el atentado a la división de poderes, a la democracia, que iba a decantarse. Afortunadamente, el señor ministro presidente se adelantó y sometió una consulta al pleno con base en las facultades de la ley orgánica. Desde luego que fue un alivio, ya lo veíamos venir, y festejamos que finalmente, con una decisión de la Suprema Corte desaparezca del orden jurídico.

¿Cuál fue su momento más difícil al frente de la Jufed?

—El inicio, porque no había diálogo con el presidente de la Corte. La asociación tenía miedo por los actores políticos. Tuvimos bajas de asociados. Llegó un momento en que eran 800, pero ahora la entregamos con mil 45.

¿Es cierto que la delincuencia organizada salió del PJF?

—La intromisión que se dio en un caso particular de Jalisco, donde el magistrado responsable (Isidro Avelar) está sujeto a proceso penal, derivó en cambios de adscripción para evitar sospechas sobre el tema.

Se actuó con contundencia y estas infiltraciones del crimen organizado fueron aisladas.

¿Hay miedo entre los juzgadores a los embates de la delincuencia organizada?

—Desde hace 26 años que empecé en el PJF ha habido una mística sobre estos temas y el comportamiento de los juzgadores, su calidad profesional, ética, son la mejor manera de desalentar acercamientos o amenazas del crimen organizado.

Con mucha efectividad se han modificado los protocolos en materia de protección a los jueces y ahora con mucha celeridad, ante cualquier sospecha, se les da la protección correspondiente.

Creo que las cosas se empezaron a descomponer cuando el gobierno federal, lejos de atacar a la cabeza de un cártel se fue por los familiares. En términos generales hay tranquilidad, a pesar de la situación tan seria que se está viviendo en nuestro país.

¿Cree que la Corte modifique las reglas para designar al siguiente consejero de la Judicatura Federal como lo pidió la asociación?

—El sistema, como viene haciendo la Corte, no cumple los estándares internacionales. Se hacen comparecencias, se van decantando cinco candidatos y luego se dan votaciones y votaciones para que se elija a una persona, pero no hay una evaluación pormenorizada de cada candidato.

El tema es que realmente sean personas reconocidas por su trayectoria, por su presencia en la judicatura, que reconozcamos a un fiel representante de nosotros.

La Corte ya se tardó porque el magistrado Jorge Antonio Cruz concluyó su función el 1 de diciembre. Se debió convocar un mes antes. Con el nombramiento de Loretta Ortiz como ministra de la Corte hay otra vacante que corresponde designar al Senado y ya se quedó descabezado el consejo, pues son pocos miembros.

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