Jorge Winckler denuncia persecución y pide audiencias públicas

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 30 (EL UNIVERSAL).- Jorge Winckler, exfiscal General del Estado de Veracruz, Jorge "N", detenido por dos presuntos delitos, denunció ser objeto de una persecución penal.

En un escrito dirigido al juez de su causa, el exfuncionario, señalado de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada, calificó como falsas las acusaciones en su contra.

Destacó que se ha ocultado la verdad, pues existe desinformación del caso; "lo que se ha informado está desapegado a la realidad", dijo.

Y demandó al Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Distrito Judicial de Xalapa con residencia en Pacho Viejo, Adrián Reyes Acosta, que sus audiencias sean públicas y que permitan el acceso a los medios de comunicación.

Indicó que le asiste el derecho a que sus audiencias, absolutamente todas, sean públicas, porque nada justifica una excepción al principio de publicidad, que no sólo es un principio rector en el sistema de justicia penal, sino un derecho fundamental que le asiste.

"El proceso penal debe ser público, con el propósito de que accedan a ellas no solo las partes sino también el público", manifestó.

El exfiscal, quien se encontraba prófugo de la justicia desde septiembre del 2019, fue capturado el pasado lunes 25 de julio por agentes federales, castrenses y estatales en el destino turístico de Puerto Escondido, Oaxaca.

El exfuncionario, quien ocupó el cargo del 30 de diciembre de 2016 al 3 de septiembre de 2019, era buscado por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

El abogado caído en desgracia fue quien promovió la denuncia que llevó a prisión al ex gobernador priista Javier Duarte de Ochoa y mantiene en el exilio, bajo proceso de extradición, a la ex Primera Dama, Karime "N".

En el escrito demandó que la audiencia de vinculación, programada para este domingo, se pública para garantizar que sea objeto de un debido proceso.

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