El jefe de la Policía chilena es imputado por violaciones a los DDHH durante las marchas

Agencia EFE
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Santiago de Chile, 2 feb (EFE).- El director de Carabineros de Chile (Policía militarizada), Ricardo Yáñez, declarará el próximo 25 de febrero como imputado en el marco de una investigación por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019, informaron este martes fuentes del caso.

"Toda diligencia tendente a esclarecer la participación de los responsables en los crímenes contra la humanidad que se han cometido a partir del 18 de octubre en adelante contra personas indefensas constituye motivo de satisfacción" dijo a medios el director de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta.

Yáñez, que en un primer momento iba a declarar como testigo y declarará ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, sustituyó el pasado diciembre al mando del cuerpo policial al polémico Mario Rozas y en el momento álgido de las protestas se desempeñaba como jefe nacional de Orden y Seguridad.

La comisión, que ha presentado más de 30 querellas contra autoridades políticas y jefes policiales y militares, entre ellas una contra Yáñez, le considera "responsable por las actuaciones de sus subordinados".

Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en un clamor por un modelo económico más justo y más derechos sociales.

Las revueltas dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad y episodios de violencia, que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas.

Los casos más polémicos protagonizados por agentes durante la ola de protestas fueron los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, que se quedaron completamente ciegos tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en su rostro.

Las críticas contra el cuerpo policial, otrora bien valorado por la ciudadanía y que forzaron la renuncia de Rozas, se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta, causándole heridas de carácter grave.

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