Jefe de Frontex presenta renuncia por expulsión de migrantes

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UE MIGRANTES (AP)
UE MIGRANTES (AP)

El jefe de la agencia fronteriza de la Unión Europa presentó su renuncia ante las acusaciones de presunta implicación de Frontex en la expulsión ilegal de inmigrantes, dijeron el viernes funcionarios de la Comisión Europea y el Ministerio del Interior de Alemania.

Según el portavoz del Ministerio del Interior alemán, Maximilian Kall, la dirección de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) estaba reunida para evaluar la situación.

El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, después señaló que dependía de la junta directiva de Frontex, que supervisa las fronteras externas del bloque de 27 naciones, “evaluar la situación y la carta de su director”.

Por el momento se desconoce si la junta aceptará la dimisión de su director ejecutivo, Fabrice Leggeri.

“Puedo confirmar que ha ofrecido su renuncia a Ia junta de Frontex”, dijo Kall a la prensa en Berlín, y agregó que la sustitución de Leggeri será una ocasión para un “nuevo comienzo” en la agencia.

“Ofrece la posibilidad de resolver por completo las acusaciones, generar transparencia total y asegurar que todas las misiones de Frontex ocurran en completa conformidad con la ley europea”, señaló.

Desde hace meses, Leggeri enfrentaba presiones crecientes para que renunciara. El año pasado, la organización antifraude de la UE, OLAF, inició una investigación a Frontex ante denuncias de acoso, abuso e impedimento del ingreso de migrantes.

El director presentó su renuncia al día siguiente de que una investigación periodística insinuara que la base de datos de Frontex registró incidentes de impedimento ilegal de ingresos en el mar Egeo como “prevención de partida”.

Según la investigación conjunta realizada por Lighthouse Reports, Der Spiegel, SRF Rundschau, Republik y Le Monde, la agencia fronteriza de la UE estuvo involucrada en las expulsiones de al menos 957 personas en busca de asilo en el mar Egeo entre marzo de 2020 y septiembre de 2021.

Se considera que el acto de impedir por la fuerza el ingreso a un país de personas que buscan asilo es contrario a los acuerdos internacionales de protección a refugiados, bajo los cuales las personas no deben ser expulsadas ni regresadas a un país en donde su vida y seguridad podrían correr peligro debido a su raza, religión, nacionalidad o por ser miembros de un grupo político o social.

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