Jefa de fiscales considera ilegal detención de líder social argentina

La líder social argentina Milagro Sala, durante una audiencia judicial en Jujuy, Argentina, el 15 de diciembre de 2016 (TELAM/AFP/Archivos | EDGARDO A. VALERA)

La procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que es ilegal la detención desde hace más de 14 meses de Milagro Sala, líder de la organización político-social Tupac Amaru, ante un pedido de la Corte Suprema de Justicia.

"Gils Carbó consideró que el encarcelamiento cautelar de Milagro Sala debe ser dejado sin efecto, tanto por la arbitrariedad de su detención como por la inmunidad de arresto que le asiste", informó el portal Fiscales, dependiente de la Procuración.

La jefa de fiscales estimó que en su carácter de parlamentaria del Mercosur, Sala tenía "inmunidad de arresto", que no fue suspendida por los canales establecidos en la ley.

En otro dictamen, Gils Carbó se pronunció contra la prisión preventiva de Sala debido a que la justicia de la provincia de Jujuy (norte), donde está detenida, "no fundó los riesgos" por los cuales decidió encarcelarla, indicó.

La procuradora emitió ambos dictámenes en el marco de recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia por la defensa de Milagro Sala, contra una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.

La dirigente está presa en Jujuy desde el 26 de enero de 2016, acusada de organizar manifestaciones no permitidas y de fraude con fondos del Estado, entre otros delitos.

Dirigente indígena de 52 años, Sala lidera la organización Tupac Amaru, que llegó a tener 150.000 miembros, la mitad de ellos en Jujuy, y construyó miles de viviendas sociales financiadas con fondos del Estado federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015).

Fue elegida diputada del Parlasur por el kirchnerismo en los comicios de diciembre de 2015, cuando ganó la gobernación de Jujuy Gerardo Morales, un aliado del presidente Mauricio Macri (centroderecha) y enemigo de Sala.

La libertad de Sala es reclamada por un comité de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decenas de organismos humanitarios. Denuncian que el arresto es arbitrario y que su condición real es de "presa política".

El mes pasado, Estados Unidos incluyó su caso en el capítulo argentino del tradicional informe global sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado.