Yahoo Noticias Javier Corral dice que acusaciones en su contra son “ánimo de venganza”; defiende reestructura de la deuda en Chihuahua
Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y senador electo, señaló que las acusaciones por un presunto desvío de 98 millones de pesos para solventar de la deuda del estado solo son “ánimo de venganza” y un “linchamiento mediático por parte de la gobernadora María Eugenia Campos.
“Venganza” que, según Corral, tiene como antecedente el combate a la corrupción durante su administración (2016-2021) cometidos por César Duarte, Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Gutiérrez, y que incluyó a la propia Maru Campos “al documentar su participación en la llamada ‘nómina secreta’ de César Duarte” y por la cual presuntamente recibió más de 10 millones de pesos.
Javier Corral explica el origen de las acusaciones
En un mensaje dirigido a la opinión pública, Corral dijo que la acusación en su contra se basa en un expediente abierto por la Auditoría Superior de Chihuahua en diciembre de 2021 y en el que se ha impedido, tanto a exfuncionarios de su gobierno como al propio Despacho López Elías Finanzas Públicas S.C. −que asesoró en la reestructura de la deuda pública estatal− la presentación de evidencias que desacreditan los supuestos hallazgos tanto de la Auditoría como de la Fiscalía Anticorrupción del estado.
“En este caso no interesa la verdad ni la justicia, sino que prevalece un ánimo de venganza de Maru Campos ante el combate a la corrupción que mi administración llevó a cabo, de la cual ella fue beneficiaria y por lo cual fue vinculada a proceso penal”, destacó.
El exgobernador recordó que el trabajo realizado por el despacho que contrató “está soportado en 23 tomos con más de 14 mil 500 hojas que detallan las actividades realizadas y debidamente registrado en las actas de entrega-recepción, así como en más de 4 mil 500 comunicaciones electrónicas entre el gobierno del estado y las instituciones financieras participantes, calificadoras de valores, y el despacho asesor, y en las respuestas a las más de 400 preguntas que las instituciones financieras formularon durante el proceso.
“Decir que no existió el trabajo realizado o imputarme responsabilidades en dicho proceso, sólo confirma que la mentira sigue siendo la divisa de la actual administración estatal: se miente a las autoridades judiciales para obtener ordenes de aprehensión, y se le miente después a la sociedad con la complicidad de medios comprados con dinero público”.
Asimismo, se pronunció sobre las declaraciones de Abelardo Valenzuela, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, al referir que no ha tenido respeto por el debido proceso a la presunción de inocencia y, por el contrario, sólo demuestran que lo que se busca es un “linchamiento mediático y es una reacción a los señalamientos que hecho respecto al pacto de impunidad que hoy se vive en Chihuahua”.
Corral defendió la reestructura de la deuda, la cual, aseguró, trajo importantes beneficios como la reducción de la tasa de interés, liberación de recursos y ahorros por más de 7 mil millones de pesos, que permitió sanear en parte las finanzas, hacer obra pública y soportar coyunturas complejas.
“A diferencia de esta fabricación, habría que echar la luz a los 10 contratos que María Eugenia Campos le ha dado a Ernesto Cordero por una suma de 33 millones por una supuesta asesoría financiera para adquirir más deuda pública y ‘reestructurar’ créditos, o por qué no, observar los contratos, varios de ellos por adjudicación directa, por más de 243 millones del erario que la Gobernadora ha pagado a su pareja sentimental Víctor Cruz Russek”.
El intento de detención de Javier Corral que la Fiscalía de CDMX impidió
El pasado 14 de agosto, personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentó en un restaurante ubicado en la colonia Roma donde se encontraba el exgobernador Corral para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 98 millones de pesos.
Sin embargo, el encargado del despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, se presentó en el establecimiento para impedir que se ejecutara la detención argumentando que los agentes de Chihuahua procedieron sin haber obtenido una “respuesta oficial” que acreditara la colaboración de la Fiscalía capitalina en la operación.
Aunque el fiscal Abelardo Valenzuela contradijo dicha versión al asegurar que sí habían recibido autorización previa de la Fiscalía de CDMX y que se trató de un caso de “obstrucción de la justicia”.
