Jalisco invertirá 70 mdp para poder cerrar basurero de Los Laureles

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GUADALAJARA, Jal., septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Para poder cerrar el basurero de Los Laureles, operado deficientemente por la empresa Caabsa, el Gobierno de Jalisco deberá invertir cerca de 70 millones de pesos para que el Ayuntamiento de Guadalajara envíe las mil 500 toneladas de basura que se generan a diario en su territorio al vertedero del municipio de Zapopan, conocido como Picachos.

Tras las protestas de pobladores por las múltiples deficiencias en la operación de Los Laureles, ubicado en los límites de los municipios de Tonalá y El Salto, el gobierno de Jalisco puso como plazo septiembre de 2021 para cerrar el tiradero y comenzar con el proceso de abandono, sin embargo, ante la falta de un plan alterno por parte de la empresa concesionaria para la disposición de los residuos de los municipios de Tlajomulco, El Salto, Tonalá y Guadalajara, las administraciones municipales y el gobierno del estado debieron intervenir.

Así, mientras Guadalajara y Tlajomulco enviarán su basura al vertedero del Ayuntamiento de Zapopan, Tonalá y El Salto la mandarán a tiradero privado en Ixtlahuacán de los Membrillos.

"Los municipios hemos estado trabajando arduamente buscando soluciones integrales para una problemática importante, para cumplir con la normatividad y sobre todo para otorgarle un servicio a nuestra ciudad", explicó Salvador Zamora Zamora, presidente de Tlajomulco.

Los presidentes de estos municipios acordaron que, sin modificar los convenios que se tienen con la concesionaria, ésta deberá abrir una red de centros de valorización en un plazo máximo de un año; además señalaron que se pondrá especial atención en que la empresa mejore la prestación del servicio en los municipios donde opera.

Los ediles establecieron un esquema para que la concesionaria y los municipios que vierten sus residuos en el basurero de Los Laureles paguen en partes proporcionales la remediación, cierre y abandono de dicho vertedero y la Junta de Coordinación Metropolitana aprobó la instalación de una mesa que se encargará de la verificación de este proceso que por desconfianza no se dejó en manos de la empresa.

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