Ironías y urgencias en un país inestable y devaluado

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El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández, durante la exposición ante 12 de los 24 gobernadores por la negociación de la deuda con el FMI
Fabián Marelli

Oscar Swarman es médico y está a cargo de la unidad febril de urgencia (UFU) del Hospital Donación Francisco Santojanni. Cumplirá este mes 59 años y hace 35 que trabaja en la misma clínica porteña. Pasó la Navidad en la UFU por la escala en la demanda de hisopados, hasta que un hombre lo abordó por la espalda y en un rapto de furia lo golpeó salvajemente en el rostro. El incidente obligó a reforzar con policías los centros de testeo de coronavirus de la ciudad de Buenos Aires y del resto del país. Como el ataque a Swarman, hubo muchísimos más. Una irónica metáfora de la crispación social en un país en el que hierve la intolerancia.

Todavía sin una voz que unifique sus demandas ni alineados detrás de una organización común que los represente, los trabajadores de la salud conforman hoy uno de los sectores más relegados en el mapa salarial. Ni siquiera los dos años de pandemia, que requirieron de esfuerzo y cancelación de vacaciones, empujaron su repunte en una economía inestable y con el peso devaluado.

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En el país hay 650.000 trabajadores que se desempeñan en el sistema de salud pública, entre médicos, enfermeros, choferes y personal de maestranza, según un relevamiento de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa). El salario inicial oscila entre $60.000 y $90.000 de acuerdo con la jurisdicción y con la cantidad de horas semanales, precisa María Fernanda Boriotti, presidenta de la federación. La brecha salarial entre las provincias por una misma tarea hasta puede triplicarse.

Se reforzó la seguridad en los centros de testeos tras la agresión a médicos; el personal de salud es uno de los más relegados en el mapa salarial
Fabían Marelli


Se reforzó la seguridad en los centros de testeos tras la agresión a médicos; el personal de salud es uno de los más relegados en el mapa salarial (Fabían Marelli/)

La intención de la Fesprosa es forzar una paritaria nacional para el sector. Los acuerdos salariales en las provincias estuvieron casi en línea con la inflación, aunque con salvedades por bonificaciones no remunerativas que no traccionan el sueldo básico ni aportan a la jubilación, como sucedió, por ejemplo, en Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz. El pago de sumas no remunerativas es un atajo cada vez más usado a pesar de al menos tres fallos en contra de la Corte Suprema. “Son aportes en negro que deterioran la calidad del salario. Es necesario fijar derechos y un piso básico”, plantea Boriotti, una médica santafesina crítica de la gestión de Omar Perotti, y apunta a la “ineficiencia del Estado” por la gestión de la pandemia.

Por los desbordes y el aumento en la demanda, Horacio Rodríguez Larreta debió reforzar los centros de testeo con personal contratado para la ocasión. Se trata de unos 5000 trabajadores que perciben un sueldo de $62.000 mensuales por 35 horas semanales, según fuentes del Sutecba, el gremio de los estatales porteños. El jefe de gobierno negocia ahora con Amadeo Genta el pase a planta permanente y que la Ciudad adhiera a la bonificación adicional de $26.000 en cuatro cuotas que otorgó el Estado nacional por decreto en 2021 para el personal de salud. Muchos médicos de la ciudad, como de otros puntos del país, buscan otro ingreso adicional, ya sea como autónomos o en el sector privado. Esto tiene una desventaja. “No se puede fortalecer un sistema de salud si los profesionales tienen que tener tres o cuatro trabajos para llegar a fin de mes. La capacitación y la formación son continuas en la medicina”, advierte Boriotti.

Licuación salarial y ajuste

Las urgencias salariales involucran a todos los sectores e industrias, no solamente al de la salud, que quedó expuesto por la pandemia. El campanazo oficial de largada para las paritarias de 2022 aún no se dio, aunque ya hay señales que alarman. El primer acuerdo que se cerró lo hizo lejos de las expectativas inflacionarias que prevé Martín Guzmán. El gremio de los aceiteros selló una suba directa de 39% por ocho meses, por encima del 33% anual que proyectó el ministro de Economía en la ley de presupuesto que no pasó el filtro del Congreso.

La inflación cerrará 2021 al filo del 50%. Hasta noviembre registró 45,4% y los consultores prevén un 4% para el último mes. El Indec lo oficializará el jueves próximo. Será un dato clave para acelerar las revisiones pendientes de las paritarias, que en algunos casos se reabrieron más de tres veces en el mismo año.

En el Ministerio de Trabajo también esperan la estadística para cerrar el informe salarial anual y distinguir concretamente los salarios de qué sectores e industrias quedaron por debajo de la inflación. Una fuente del organismo que conoce sobre estadísticas advierte que habría varios rubros entre los perdedores. Refuerza esta teoría un relevamiento del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma en el que al menos diez gremios pierden hasta el momento contra la inflación. La licuación salarial y el ajuste encubierto por la inflación debilita el deseo de Claudio Moroni de activar paritarias permanentes como atajo para recuperar poder adquisitivo.

Guzmán y Moroni, con gremialistas en la CGT
Guzmán y Moroni, con gremialistas en la CGT


Guzmán y Moroni, con gremialistas en la CGT

“Está todo planchado”, dicen en la cartera laboral sobre el arranque del año y los primeros movimientos paritarios. Curiosamente no hubo mención alguna al rebrote de contagios de coronavirus que afecta a plantillas laborales completas y que de alguna manera impacta en la producción, por el ausentismo, y en la reactivación que declama el Gobierno. Se divulgó solo una estadística alentadora: el número de trabajadores con empleo asalariado registrado del sector privado acumula 12 meses consecutivos de crecimiento. El alza fue de apenas 0,4% el último mes relevado.

La tendencia inflacionaria que arrastra el país desde hace décadas no tiene visos de aflojar en 2022 para los gremios de la CGT. “En el horizonte vemos un escenario de 60 por ciento de inflación, de ajuste y de un tipo de cambio ficticio”, alertó un dirigente cegetista que reclama desde antes de la caída electoral en las primarias una emancipación del presidente Alberto Fernández del kirchnerismo. No es el único que lo piensa así.

En medio de las pulseadas del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda, empresarios y sindicalistas retomaron sus encuentros corporativos para definir una postura común sobre su aval a la negociación. Tanto las principales cámaras empresarias como la CGT abogan por un acuerdo lo más pronto posible. Se lo dijeron al Presidente y al ministro de Economía. No conciben un escenario de default a pesar de las dudas que nublan el panorama tras la presentación de Guzmán ante 12 de los 24 gobernadores.

El levantamiento de la prohibición de despidos, la salida gradual de la doble indemnización y la segmentación de las tarifas de agua, luz y gas de acuerdo con los ingresos de cada contribuyente fueron señales al Fondo que el Gobierno conversó previamente con los actores económicos. Hubo secundarias y ligeras menciones a la inflación, como si no se tratara de un mal endémico. Pero el tema se impuso otra vez sobre la mesa, antes de abrir el calendario de paritarias. Héctor Daer y Pablo Moyano presionaron para reforzar los controles de precios como única solución. Desde el Gobierno, en tanto, hubo un pedido de anclar expectativas, según dijeron a LA NACION fuentes sindicales y empresarias. Tal vez se evidencie cuando avancen las primeras negociaciones salariales en torno del 33% anual de inflación que proyectó el ministro de Economía. Para 2021, Guzmán había previsto un 29%. Un dibujo casi tan errado como el cálculo que trazó Nicolás Dujovne en 2018, cuando comenzaron los resbalones económicos del macrismo.

Deuda y espionaje

Sin logros económicos para mostrar y lejos de un contexto de estabilidad, el Gobierno se recostó desde el inicio de su gestión en la acusación a Macri por la deuda millonaria que contrajo con el FMI. Por estos días también le saca el jugo al escandaloso video en el que se reveló cómo desde la gestión de Cambiemos se diseñaron a medida causas judiciales para avanzar contra gremialistas. Marcelo Villegas, el exministro de Trabajo bonaerense que habló de una “Gestapo” antisindical, esperó durante diez días un respaldo de María Eugenia Vidal.

Exfuncionarios de Vidal, empresarios y agentes de la AFI, en una sede del Bapro, una de las pruebas que presentó el Gobierno para denunciar a Cambiemos por presunto espionaje, persecución y armado de causas judiciales
Exfuncionarios de Vidal, empresarios y agentes de la AFI, en una sede del Bapro, una de las pruebas que presentó el Gobierno para denunciar a Cambiemos por presunto espionaje, persecución y armado de causas judiciales


Exfuncionarios de Vidal, empresarios y agentes de la AFI, en una sede del Bapro, una de las pruebas que presentó el Gobierno para denunciar a Cambiemos por presunto espionaje, persecución y armado de causas judiciales

La exgobernadora se refirió recién el jueves a la noche a la denuncia judicial que activó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que involucra a exfuncionarios suyos y empresarios por presunto espionaje y armado de causas. Rechazó todo con algo de incomodidad y con una tibia defensa de su equipo. Villegas, que antes de la gestión pública ocupó cargos jerárquicos en los grupos Suez, Pérez Companc, Telecom, Jumbo y Walmart, evalúa por estos días una estrategia judicial y comunicacional autónoma. Es decir, al margen del aparato de Juntos por el Cambio. No sería descabellado, dicen en su entorno, que apunte contra la AFI de Gustavo Arribas, Daniel Angelici o Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la agencia de espías y actual funcionario de Horacio Rodríguez Larreta en la administración del subterráneo.

La aparición del video en la sede del Banco Provincia le sirvió también a la corporación sindical para poner la guardia en alto, cerrar filas en medio de internas de poder y denunciar al macrismo por persecución. Se trata de un debate público mucho más redituable que intercambiar sobre el ajuste y la devaluación, o de tratar de justificar un paro en los trenes porque los trabajadores se opusieron a un test de alcoholemia que es obligatorio.

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