Investigan si Chile y Brasil enviaron material policial para reprimir a simpatizantes de Evo Morales

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La policía de Bolivia reprime manifestantes en las protestas que se desarrollaron para repudiar el supuesto golpe
La policía de Bolivia reprime manifestantes en las protestas que se desarrollaron para repudiar el supuesto golpe

El gobierno de Bolivia reveló que investiga si Chile y Brasil tuvieron alguna participación en las protestas de 2019 que sirvieron de antesala para gestar un presunto golpe de Estado contra Evo Morales, después de acusar a Ecuador y a la Argentina de enviar armamento y material antidisturbios.

”Se está observando. y se va a investigar cuáles son las relaciones que hayan podido existir en ese momento en ayudas y coadyuvaciones (contribuciones) desde Chile y desde Brasil”, explicó el vocero gubernamental Jorge Richter, en referencia a los gobiernos de Sebastián Piñera y Jair Bolsonaro, respectivamente.

Protestas en Bolivia durante 2019; el Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció desde un primer momento un intento de golpe de Estado contra Evo Morales
Protestas en Bolivia durante 2019; el Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció desde un primer momento un intento de golpe de Estado contra Evo Morales


Protestas en Bolivia durante 2019; el Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció desde un primer momento un intento de golpe de Estado contra Evo Morales

Richter habló en una radio de los sindicatos de cocaleros acerca de las denuncias del canciller Rogelio Mayta, hace una semana, contra el expresidente argentino Mauricio Macri. El referente de Juntos por el Cambio fue acusado de haber ayudado con armas y municiones al gobierno de Jeanine Áñez, quien reemplazó a Morales tras su salida anticipada.

En los últimos días, el presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que en octubre y noviembre de 2019 se gestó un “golpe de Estado” contra Morales y que esa iniciativa fue apoyada por varios gobiernos y ONGs estadounidenses. Según Richter, el gobierno de Arce espera que la fiscalía argentina pueda ayudar a esclarecer el rol de Macri, quien rechazó las acusaciones.

En junio, el gobierno boliviano también responsabilizó al entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno de haber despachado a Bolivia “munición de guerra” y equipos antimotines.

Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que en las protestas de fines de 2019 se registraron al menos 35 muertos, la mayoría en las masacres de Sacaba y Senkata.

En la Argentina

El fiscal Claudio Navas Rial impulsó la investigación de la denuncia presentada por el Gobierno por el presunto contrabando de armamento a Bolivia en noviembre de 2019 y enumeró como imputados en el caso al expresidente Mauricio Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa). También, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, y a algunos miembros jerárquicos de la Gendarmería: al exdirector Gerardo José Otero, al exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde. Así lo informó a LA NACION una fuente que interviene en el caso.

El escrito que presentó Navas Rial es un requerimiento de instrucción; allí describe el hecho a investigar y solicita las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al gobierno argentino y a Bolivia.

El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 11 de noviembre de 2019, un hombre patea una granada de gas lacrimógeno en choques entre la policía y partidarios del expresidente Evo Morales en La Paz, Bolivia. Un ex alto funcionario boliviano, Sergio Méndez, fue arrestado y acusado de solicitar sobornos a un grupo de empresarios en Florida que vendían gases lacrimógenos a precios inflados al gobierno derechista de la presidenta interina Jeanine Anez. (AP Foto/Juan Karita, File)
ARCHIVO - En esta foto de archivo del 11 de noviembre de 2019, un hombre patea una granada de gas lacrimógeno en choques entre la policía y partidarios del expresidente Evo Morales en La Paz, Bolivia. Un ex alto funcionario boliviano, Sergio Méndez, fue arrestado y acusado de solicitar sobornos a un grupo de empresarios en Florida que vendían gases lacrimógenos a precios inflados al gobierno derechista de la presidenta interina Jeanine Anez. (AP Foto/Juan Karita, File)


ARCHIVO - En esta foto de archivo del 11 de noviembre de 2019, un hombre patea una granada de gas lacrimógeno en choques entre la policía y partidarios del expresidente Evo Morales en La Paz, Bolivia. Un ex alto funcionario boliviano, Sergio Méndez, fue arrestado y acusado de solicitar sobornos a un grupo de empresarios en Florida que vendían gases lacrimógenos a precios inflados al gobierno derechista de la presidenta interina Jeanine Anez. (AP Foto/Juan Karita, File)

Tampoco incorporó en su lista de imputados al excanciller Jorge Faurie ni a los exdirectores Diego Dávila, de la Aduana, y Eugenio Cozzi, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que sí integran la nómina de los denunciados por el Gobierno.

La presentación de Navas Rial será analizada ahora por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, que la tiene a su cargo.

En paralelo, avanza otra causa por los mismos hechos. La presentó el excamarista Eduardo Freiler y le tocó también al fiscal Navas Rial aunque con otro juez, Alejandro Catania. Los dos expedientes se van a unificar, pero no está claro todavía en qué juzgado. Junto con su requerimiento, el fiscal le pidió a López Biscayart que abordara esta cuestión.

La denuncia

El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas. La denuncia tuvo como base una carta que hizo pública la cancillería boliviana que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso), el 13 de noviembre de 2019, al entonces embajador argentino Álvarez García agradeciéndole “la colaboración” y comunicándole el recibo de una serie de elementos que detallaba y definía como “material bélico”. Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.

En el macrismo sostienen que la denuncia no tiene fundamento y que ellos, por el contrario, colaboraron con Evo Morales y le dieron incluso asilo en la embajada argentina a dos funcionarios de su gestión; uno de ellos, un hombre clave de su entorno: el exministro del gobierno de Bolivia Carlos Romero.

La información ratificada tanto por el gobierno actual como por el anterior es que Bullrich envió a Bolivia a un grupo de gendarmes, del escuadrón especial Alacrán, que tenía como objetivo custodiar la embajada. Salieron de El Palomar el 12 de noviembre, el mismo día que asumió Jeanine Añez en Bolivia. En un primer momento, estaba previsto que viajar con 3600 municiones 12-70 (balas de goma). Pero luego, Yavorski, el entonces director de Logística de Gendarmería -uno de los imputados- amplió el pedido de autorización para sacar otras 70.000. La solicitud la hizo ante la Anmac.

Esas municiones no regresaron a la Argentina y en julio del año pasado -durante el gobierno de Fernández- Gendarmería informó que las habían gastado en Bolivia, en “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”. Quien hizo esa declaración oficial fue Recalde, otro de los imputados por Navas Rial.

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Según el Poder Ejecutivo, es imposible que se hayan usado tantas balas de goma en prácticas. El Gobierno denunció que esas municiones las envió la gestión de Macri, con su conocimiento, “con el objetivo de poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez”.

Bullrich respondió en cambio que el gobierno de Macri nada tuvo que ver con el destino de las balas de goma y que son las nuevas autoridades las que, en todo caso, deben responder por lo que pasó. Mientras tanto, esta semana, Bolivia informó que encontró parte de esas municiones en un depósito de la policía boliviana.

La semana que viene empieza el receso judicial de invierno en el Poder Judicial; por eso, junto con su requerimiento de instrucción, el fiscal Navas Rial le pidió al juez López Biscayart la habilitación de feria, para que la causa pueda seguir adelante.

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