Las interrogantes sobre la detención del capitán Crespo, vinculado con el caso Ayotzinapa

Alberto Pradilla
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El capitán José Martínez Crespo es el primer militar arrestado al que se vincula con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, su detención es solo por el delito de “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”. Es decir, que se le acusa de vínculos con el narcotráfico, en concreto con Guerreros Unidos, pero hasta el momento no hay una acusación en firme sobre su participación en los hechos de Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Un día después de conocerse su arresto dentro de la causa penal 5/2020 surgen diversas incógnitas que tienen que ver tanto con el modo en el que produjo su captura como con el futuro que le depara. Su presencia en la noche en la que desaparecieron los normalistas está acreditada, según aseguran fuentes cercanas a la investigación. El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, tiene hasta el miércoles para dictar un auto y mantenerlo en prisión.

Por ahora, la acusación se centra en su posible relación con el grupo Guerreros Unidos. Fuentes cercanas a la investigación consultadas por Animal Político aseguran que la Fiscalía tiene elementos de prueba para acusarlo de participar en la desaparición de los 43 estudiantes en tres niveles. Por un lado, por su presencia la noche de los hechos en Iguala al frente de un grupo de 20 elementos de inteligencia militar que ocultaron los datos que recabaron. Por otro, por la “estrecha relación” que mantiene con Guerreros Unidos. Asegura esta fuente que la Fiscalía dispone de llamadas, mensajes e incluso sospecha que cobraba una nómina del grupo criminal. Por último, su nombre apareció en una narcomanta colocada el 30 de octubre de 2014, poco más de un mes después de la desaparición de los normalistas, señalándole por su presunta vinculación con grupos criminales.

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Aunque en un principio se anunció que se había procedido al arresto, lo cierto es que el capitán Crespo se entregó por sí solo a las autoridades. Lo hizo en la prisión militar adscrita a la 1 Región Militar ubicada en el Campo Militar No 1-A en la Ciudad de México. Tras su detención, se acogió a su derecho a no declarar y pidió la ampliación del plazo para que se haga público el auto. Este plazo vence el miércoles. La revista Proceso entrevistó a su abogado, Conrado López Hernández, quien aseguró que el militar se había entregado únicamente para responder por el delito de “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud” y que no existen pruebas que lo relacionen con la desaparición de los 43 normalistas. Asegura, además, que la entrega fue negociada por la Fundación Antigüedad 1987-1991 del Heroico Colegio Militar, una institución civil a la que pertenecen egresados de la escuela castrense, de la que fue alumno Crespo.

El capitán Crespo, que actualmente estaba retirado, pertenecía al 27 Batallón de Infantería destinado en Iguala y aparece en diversos testimonios como uno de los militares desplegados en Iguala la noche en la que los normalistas desaparecen. En concreto, se sabe que estuvo presente en el Hospital Cristina, en el periférico norte, en el palacio de Justicia y en Barandilla Municipal, donde acudió para preguntar por una motoneta.

Por el momento la acusación se limita a su vínculo con la delincuencia organizada. El arresto, no obstante, se enmarca en el contexto de la investigación por el caso Ayotzinapa. Crespo es el primer militar arrestado después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciase el pasado 26 de septiembre que se habían librado órdenes de captura contra elementos castrenses.

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El centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña a las familias de los 43 normalistas, aseguró que “la detención de un elemento del Ejército por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en el contexto del caso Ayotzinapa es un avance muy relevante”. Además, argumentó que “de dictarse prisión e iniciarse un proceso conforme a derecho, la acusación puede contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades estatales -y no solo municipales- implicadas en la red criminal relacionada con la desaparición”.

En la misma línea, Vidulfo Rosales, abogado de las familias, consideró que “de aquí debe trabajar la fiscalía para lograr auto de formal prisión”. Ante la posibilidad de que el militar se hubiese entregado como trámite para ser inmediatamente liberado, Rosales consideró que “sería muy lamentable”.

Han pasado más de seis años desde la desaparición de los 43 estudiantes y por primera vez se apunta a los militares como presuntos responsables, junto a los integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales y federales. El gobierno de López Obrador se puso como prioridad conocer el paradero de los estudiantes. Hasta el momento el ejecutivo asegura haber dar por descartada la denominada “verdad histórica” promovida por el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia, Jesús Murillo Karam. Lo hace apoyándose en el hallazgo de un resto del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que apareció a 800 metros del basurero de Cocula, el lugar en el que los estudiantes habrían sido quemados y enterrados según la versión oficial promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lo que no ha logrado por el momento el gobierno de López Obrador es instaurar una nueva narrativa que explique qué ocurrió con los estudiantes. De hecho, los nuevos tomos de la investigación han sido clasificados como reservados.

Los investigadores y los representantes de las familias aseguran que la colaboración de personas involucradas en los hechos está siendo clave para los avances. “Romper el pacto de silencio”, lo definió Amlo. El capitán Crespo podría tener informaciones vitales para conocer qué ocurrió aquella noche.

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