Intelectuales piden al Estado colombiano proteger a defensores de DDHH

El secretario de la Unasur, Ernesto Samper, en rueda de prensa el 1 de noviembre de 2016 en Quito (AFP/Archivos | Rodrigo Buendía)

Un grupo de más de cien intelectuales y expertos de Colombia pidió este jueves a las autoridades que protejan a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, tras los recientes asesinatos y amenazas contra esta población.

"Las personas firmantes pedimos que el Estado, más allá de expresar buenas intenciones, actúe de manera adecuada y oportuna, previniendo nuevos ataques y garantizando la adecuada protección del liderazgo social", indicaron en una carta pública divulgada en Bogotá.

La misiva está dirigida al presidente, Juan Manuel Santos; al vicepresidente, Óscar Naranjo; al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y al fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

El texto lo firman, entre otros, el expresidente Ernesto Samper (1994-98), el excandidato presidencial Antanas Mockus, los congresistas Iván Cepeda, Ángela Robledo, Angélica Lozano, Jorge Iván Ospina, los escritores Mario Mendoza y Ricardo Silva, y la exsenadora Piedad Córdoba.

Según la Defensoría del Pueblo, organismo que vela por los derechos humanos en Colombia, entre el 1 enero de 2016 y el 1 de marzo pasado fueron asesinados 156 activistas en el país. El año pasado se reportaron 127 homicidios, según Naciones Unidas.

"Estamos altamente preocupados por la grave crisis de garantías para la participación política y el ejercicio de derechos, especialmente por parte de defensores de derechos humanos y activistas sociales", aseguraron.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal y más antigua guerrilla del país y que implementa un acuerdo de paz, también han pedido al gobierno protección a esta población.

A la solicitud se ha sumado el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), único grupo rebelde activo de Colombia y con el que el gobierno negocia el cese de una conflagración interna de medio siglo.

Ambas organizaciones insurgentes responsabilizan de los asesinatos y amenazas a paramilitares de extrema derecha.

El gobierno, sin embargo, ha desestimado esa versión y culpa de las muertes a bandas criminales dedicadas al narcotráfico, formadas tras la desmovilización de milicias irregulares de ultraderecha entre 2003 y 2006.

"Negar la persistencia de diversos patrones de violencia contra el liderazgo social, territorios y comunidades, alienta a quienes promueven estas acciones y pone en serios riesgos la implementación del acuerdo de paz", afirmaron los firmantes.

El conflicto armado en Colombia, que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, deja 260.000 muertos, 6,9 millones de desplazados y 60.000 desaparecidos.