Yahoo Noticias Impugnan cambio al TPS que bloquea la residencia permanente a beneficiarios
Los Ángeles, 26 ago (EFE News).- Un grupo de siete personas amparadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) demandaron este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump por dejar que un funcionario no autorizado hiciera cambios al amparo, cerrando el camino a la residencia permanente para ciertos beneficiados.
La querella legal se refiere a Ken Cuccinelli, quien al igual que el secretario Interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, fue designado de forma inválida por el presidente y no califica para ocupar su cargo, según un informe de la Contraloría General (GAO).
En ese sentido, la demanda, presentada en el Tribunal para el Distrito de Columbia (DC) busca evitar que la Administración Trump continúe aplicando un cambio realizado por Cuccinelli que niega el acceso a la residencia permanente a inmigrantes con TPS con ordenes de deportación.
El cambio de política fue implementado el 20 de diciembre de 2019 por Cuccinelli cuando era director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
La nueva política bloquea el camino a la residencia permanente a los beneficiados del TPS que tienen una orden de deportación pero que lograron obtener una entrada válida al país con el mismo permiso del Gobierno.
“En consecuencia, potencialmente decenas de miles de beneficiarios de TPS con órdenes finales de deportación ahora tienen prohibido ajustar su estado mediante USCIS, a pesar de su salida de Estados Unidos y regreso legal con previo consentimiento de USCIS”, advierte la demanda.
"Este gran cambio afecta el futuro de los titulares de TPS que han vivido en los Estados Unidos durante años", dijo en un comunicado Anna Gallagher, directora ejecutiva de The Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), que representa a los afectados.
Los demandantes argumentan que “la política de USCIS es ilegal en parte porque fue emitida por Cuccinelli, cuyo nombramiento violó la Ley Federal de Reforma de Vacantes".
En marzo, un juez federal se puso del lado de CLINIC en otro caso y dictaminó que Cuccinelli carecía de autoridad para realizar tales funciones.
El 13 de agosto el Gbierno retiró su apelación en ese caso y al día siguiente la GAO anunció que el nombramiento tanto de Cuccinelli como de Wolf se consideró inválido.
La designación de los titulares de ministerios y varias agencias del Gobierno, al igual que la de los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales federales, corresponde al presidente pero debe ser confirmada por el Senado.
Michelle Méndez, directora del Programa de Defensa de Poblaciones Vulnerables de CLINIC, explicó que “USCIS violó la ley para evitar el escrutinio público, eludiendo los requisitos de notificación y comentarios en la Ley de Procedimiento Administrativo”.
“La agencia emitió esta política a fines de diciembre de 2019, un momento en que muchas personas estarían fuera del trabajo y pasarían tiempo con la familia”, resalta Méndez.
Una de las demandantes es la salvadoreña Blanca Mirna Romero, que ingresó en 1994 de forma no autorizada a Estados Unidos y presentó un caso de asilo político en 1998 que le fue negado, lo que originó una orden de deportación en su contra.
La orden fue puesta en pausa al ser protegida en 2001 con el TPS. En 2013 Romero obtuvo un permiso de viaje a El Salvador, lo que le permitió obtener una entrada legal a su regreso a los Estados Unidos.
En julio de 2018, su hijo Joel, hizo una solicitud como ciudadano estadounidense para que le otorgaran a su madre la residencia permanente. Sin embargo la solicitud fue negada en enero del 2020 por USCIS.
La agencia argumentó que no tenía jurisdicción sobre su solicitud porque su orden de expulsión sigue pendiente.
(c) Agencia EFE
