La iniciativa de Brasil de delegar la conservación de la Amazonia no atrae a muchos interesados

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Un área del bosque tropical de la Amazonia quemado que colinda con un rancho ganadero en el estado de Mato Grosso, Brasil, el 31 de agosto de 2019. (Victor Moriyama/The New York Times)
Un área del bosque tropical de la Amazonia quemado que colinda con un rancho ganadero en el estado de Mato Grosso, Brasil, el 31 de agosto de 2019. (Victor Moriyama/The New York Times)

RÍO DE JANEIRO — Al enfrentar el severo repudio internacional debido a la destrucción de la Amazonia, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro pensó en una estrategia: les ofreció a algunas empresas la oportunidad de “adoptar” un pedazo del bosque tropical.

Sin embargo, este plan —que invita a las empresas a aportar dinero para ayudar a conservar el bosque— ha sido empañado por desorganización, y sus detractores, quienes lo ven como una labor de “maquillaje ecológico” para esconder la mala actuación del gobierno de Bolsonaro con respecto al medioambiente, lo han recibido con escepticismo.

Tampoco ha encontrado muchos interesados.

El programa fue anunciado en febrero cuando el gobierno de Biden dejó en claro que esperaba que Brasil restituyera parte de los bosques destruidos y que reestableciera los programas de protección al medioambiente que se eliminaron durante los primeros dos años del gobierno de Bolsonaro.

Tal como fue propuesto, el programa de Adopta un Parque alcanzaría dos de las metas del gobierno de Bolsonaro: redimir la imagen tan manchada de Brasil en cuestiones medioambientales, la cual los líderes industriales han temido que los excluya de los mercados internacionales, y delegar los costos para la conservación en una época de restricciones presupuestarias.

Ricardo Salles, ministro del Medioambiente, señaló que “Muchas de estas empresas, fondos de inversión que firmaron cartas en las que manifestaban su preocupación por la Amazonia, en Adopta un Parque ahora tienen una oportunidad concreta, muy sencilla y eficiente de convertir sus inquietudes en acciones”.

El gobierno ofreció 132 reservas federales de la Amazonia para su patrocinio. Hasta ahora, solo se han inscrito tres compañías extranjeras — Carrefour, la cadena de tiendas de comestibles, Coca Cola y Heineken— y cinco empresas brasileñas. Sus donaciones suman un total de un poco más de un millón de dólares, una pequeñísima parte de los 600 millones de dólares que Salles espera recaudar.

Troncos de árboles calcinados después del incendio del bosque de la Amazonia cerca de Itaituba, Brasil, el 12 de agosto de 2020.  (Victor Moriyama/The New York Times)
Troncos de árboles calcinados después del incendio del bosque de la Amazonia cerca de Itaituba, Brasil, el 12 de agosto de 2020. (Victor Moriyama/The New York Times)

Además, pese a que al menos una de las empresas mencionó que entregó toda la documentación solicitada hace más de un mes, no se le ha asignado ninguna reserva a ninguno de los patrocinadores.

La idea en sí no es mala, señaló Cláudio Maretti, exdirector del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad, un organismo gubernamental que gestiona los parques nacionales de Brasil y ayuda a administrar el programa. Muchas de las reservas de la lista han sido mermadas por la deforestación ilegal, la explotación salvaje y el acaparamiento de tierras.

No obstante, el programa se ha desarrollado sin la planeación ni la transparencia que podrían ayudar a hacerlo eficaz y parece un intento de “maquillaje ecológico” de bajo presupuesto para la reputación del gobierno con el fin de que pueda “decir que hizo algo”.

“Lo que ha caracterizado a este gobierno es su rechazo a la conservación, pero al mismo tiempo, su desorganización”, comentó Maretti.

Las entrevistas y los documentos obtenidos por The New York Times mediante solicitudes para la libertad de la información indican que los intentos del ministro del Medioambiente para alentar a las empresas a adoptar parques fueron caóticos y que estuvieron marcados por una mala comunicación con los posibles patrocinadores y una falta de vinculación por parte de las personas que viven en las áreas en cuestión.

Hasta ahora, la mayor aportación de una compañía privada ha sido la de Carrefour, una empresa minorista multinacional francesa. Stéphane Engelhard, vicepresidente de la sucursal brasileña, dijo en una entrevista que la compañía estaba orgullosa de donar al programa más de 700.000 dólares.

Engelhard señaló que Carrefour decidió contribuir para la reserva de Lago do Cuniã, en el estado de Rondônia, porque está habitada por una comunidad tradicional que vive del bosque.

“Tenemos la idea de demostrar que se puede tener un bosque sustentable donde pueda vivir la gente sin destruirlo”, afirmó Engelhard.

Pero le sorprendió que no le hubieran consultado acerca del plan a esa comunidad.

Gilberto Raposo, miembro de la asociación de residentes de la reserva de Lago do Cuniã, mencionó que se enteró del programa a través de los medios de comunicación.

“Estaría muy bien que en verdad se realizara y ayudara a las reservas y a la gente de las riberas”, comentó, y añadió que tienen muchas necesidades. “Pero no está bien que algo suceda y no nos enteremos”.

Una organización que representa a las comunidades tradicionales que viven del bosque, el Consejo Nacional de las Poblaciones Extractivistas, envió una queja formal al gobierno en la cual sostenía que era ilegal que el programa incluyera reservas habitadas por comunidades tradicionales sin consultarles. Ahora, los fiscales están investigando.

“Podemos debatir sobre cualquier política que beneficie a las reservas”, señaló Dione Torquato, secretario general de la organización. “Pero queremos participar en el proceso. Que sea algo transparente, no impuesto”.

Hace dos semanas, el ministerio recibió un estímulo para salvar su honor por parte del interior del gobierno federal. El banco estatal Caixa Econômica ofreció aportar 28 millones de dólares para el programa.

En un documento gubernamental se informa que, de febrero a abril, el ministerio celebró reuniones relacionadas con el programa con 128 empresas y dos ciudadanos. Sin embargo, los representantes de varias de las compañías listadas señalaron que no tenían registro de haber sido abordadas de manera formal.

Un representante de Google afirmó que solo recibió una invitación al evento de lanzamiento. Bunge, una empresa estadounidense de agroindustria, afirmó que nunca recibió ninguna propuesta. Lars Grael, un exregatista olímpico que es miembro del cuerpo directivo de una iniciativa gubernamental de voluntarios, aseguró que nunca había escuchado acerca del programa y que le sorprendía que las autoridades gubernamentales informaran que se reunieron con él para tal efecto.

Brasil tiene otros programas que permiten que las empresas donen a las reservas de la Amazonia y a otros biomas. Desde su fundación en 2002, el programa de Áreas Protegidas de la Amazonia ha recaudado de los gobiernos y de las empresas decenas de millones de dólares para las zonas protegidas de esa región.

Mediante el programa de Adopta un Parque, las empresas patrocinadoras pagan al menos 9,50 dólares al año por cada hectárea del área de la reserva. Auspiciar el parque más grande cuesta casi 35 millones de dólares anuales, mientras que el más pequeño cuesta 23.000 dólares al año.

Cuando se concretan los convenios de patrocinio, las empresas donan bienes y servicios —que incluirían vehículos o brigadas de incendios— a la oficina del Instituto Chico Mendes de cada reserva.

Los detractores alegan que otro problema es que no consideraron a los servidores públicos de carrera para trabajar en el programa. La mayor parte de los altos funcionarios que manejan esta iniciativa son nuevos en el ministerio. Algunos son oficiales de policía con poca experiencia en el medioambiente.

El programa no ha tenido mucha aceptación de los ambientalistas, quienes creen que su objetivo de conservación no concuerda con los historiales de Bolsonaro y de Salles.  

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company

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