"Inhabilitación de Salgado y Morón, decisión política del INE"

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de mantener el registro de la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Rangel, confirma que la cancelación de los registros de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, fue un asunto estrictamente político y no jurídico, denunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila.

El exgobernador de Zacatecas explicó que se acusó a la abanderada potosina de las mismas irregularidades por las que fueron inhabilitados Salgado y Morón, pero "ya no se atrevieron a violar los derechos humanos de votar y ser votada de la doctora Mónica Rangel", dado que el mismo criterio que se usó para eliminar las candidaturas de Morena para Guerrero y Michoacán, no se quiso utilizar para San Luis Potosí. "(Los consejeros del INE) intentaban quitarle el registro a la candidata (…) pero se arrepintieron", puntualizó.

Por eso, afirmó, una vez que concluya el proceso electoral será inevitable una reforma, que someta al principio de legalidad a los órganos electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales y los tribunales locales en materia electoral.

Ricardo Monreal indicó que tras la cancelación del registro de 49 candidatos de Morena a cargos de elección popular, "un gran porcentaje de ciudadanos cree que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son contraparte, no son árbitros ni están actuando con imparcialidad, certeza y objetividad", sino con parcialidad, incertidumbre y una gran subjetividad, pues se trató de sanciones desproporcionadas, excesivas e irracionales.

Insistió en que ya prepara el proyecto para una "reforma electoral profunda, que establezca una racionalidad en el uso de los recursos públicos para organizar los comicios y someta a los órganos electorales al principio de legalidad".

La justicia electoral, apuntó, tiene que ser proporcional, sin que haya impunidad. "Por eso este es el tema que se debe revisar, pues es necesario mayor precisión para que el órgano electoral no incurra en abusos y se evite que suplante al Poder Legislativo", precisó.

"Ahora estoy preparando la iniciativa que pronto presentaré para poder establecer, entre otras cosas, una racionalidad en el uso de recursos públicos, porque para este proceso se van a erogar más de 40 mil millones de pesos".

Además, dijo, se tiene que dar paso a la urna electrónica, y a mecanismos modernos para poder ejercer el derecho del voto y que éste sea respetado.

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