El informe con denuncias contra Venezuela realizado en la Argentina que el Gobierno mantendrá en La Haya pese a su retirada

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El presidente de Venezuela Nicolás Maduro promovió el medicamento carvativir para tratar el coronavirus
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La postura oscilante del gobierno de Alberto Fernández frente a la crisis económica, social y política en Venezuela despierta dudas y críticas de ambos extremos del espectro ideológico en el país y la región. La semana pasada, la retirada argentina de la demanda contra Nicolás Maduro que tramita en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, encendió las alarmas entre los detractores del régimen chavista. Sin embargo, y pese a los temores de algunos sectores, la Casa Rosada mantendrá en el tribunal internacional una presentación realizada por la Argentina ante la ONU en 2019 con graves denuncias realizadas por venezolanos residentes en el país contra el gobierno venezolano.

Uno de los pronunciamientos más duros frente a la decisión del Gobierno la semana pasada fue el emitido por Amnistía Internacional, que expresó preocupación por la potencial quita de ese informe elaborado durante el último año de la gestión de Mauricio Macri por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado entonces por Germán Garavano. “En dicho informe, el ministerio había presentado los resultados de una sistematización realizada por parte de un equipo interdisciplinario de información y testimonios aportados por venezolanos y venezolanas residentes en la Argentina susceptibles de ser investigados por la Fiscalía de la Corte”, decía la ONG.

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Desde Cancillería negaron a LA NACION que el Gobierno busque retirar ese informe del tribunal y remarcaron que la salida del país del Grupo de Lima y, en consecuencia, de la demanda contra Maduro, no impedirá que la investigación de la Corte Penal sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela siga su “curso normal”.

Sobre el contenido del documento, mantuvieron reserva. Tanto fuentes del Ejecutivo actual como del gobierno de Mauricio Macri explicaron a este medio que la presentación incluye “información delicada” y de carácter clasificado con el objetivo de preservar la identidad de los denunciantes. Aún así, LA NACION tuvo acceso a un informe técnico que da cuenta tanto del método de recolección de los datos como de las diversas violaciones a los derechos humanos descritas por decenas de venezolanos residentes en la Argentina que alzaron la voz contra el gobierno de Maduro.

El informe

La resolución 872/2019 publicada en el Boletín Oficial el 20 de septiembre de 2019, sobre la remisión del informe a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y a la Corte Penal, detalló que de su lectura surge la “posible comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos” en Venezuela por parte de agentes estatales y paraestatales que responden al régimen de Maduro. Agregó que los mismos resultan “susceptibles de ser investigados por los órganos competentes de la CPI, habida cuenta que determinados encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad”.

El reporte tuvo por objetivo “recopilar información y testimonios respecto de posibles violaciones de Derechos Humanos que ocurran o hubiesen ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela”. A tales fines, se inició una convocatoria a venezolanos residentes en la Argentina a través de publicaciones en diarios y redes sociales. Además, se invitó a participar del proceso a diferentes organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil en calidad de observadores, entre ellos, Amnistía Internacional.

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El grueso de las entrevistas se llevó a cabo en el Centro de Orientación de Migrantes y Refugiados entre el 24 y el 31 de julio de 2019. No obstante, también se habilitó a tales fines la línea 149 y se realizaron algunos encuentros posteriores. Todos se desarrollaron bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario que incluyó abogados, psicólogos y asistentes.

Por cuestiones vinculadas a la seguridad, reserva y confidencialidad, el informe técnico solo menciona con “carácter general” el contenido de las declaraciones brindadas. Las mismas incluyen:

  • Testimonios vinculados a hechos de: homicidios, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, encarcelaciones y privaciones graves de la libertad física, desapariciones forzadas y persecución fundada en motivos políticos.

  • Testimonios de amenazas públicas por parte de autoridades, inhabilitación política, privación al derecho a la libre expresión, allanamientos ilegales de viviendas, represiones violentas y el excesivo uso de la fuerza (para controlar manifestaciones), privación del derecho de libre tránsito mediante la anulación de pasaportes y exilio forzoso.

  • Ausencia de servicios públicos básicos como salud, luz y agua.

  • Falta de alimentos.

En todos los casos se mencionan como responsables a las fuerzas de seguridad del Estado y las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.

Temores y acuerdo de confidencialidad

En el informe técnico se subraya que todo el personal participante debió suscribir un acuerdo de confidencialidad con el objetivo de resguardar las identidades de los aportantes y los datos recolectados.

A través del propio proceso de entrevistas y de información externa recibida por el equipo a cargo del trabajo, se consignaron una serie de posibles represalias que tanto los participantes como quienes decidieron guardar silencio preveían por parte del gobierno de Maduro como castigo por colaborar con la investigación.

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En el listado se mencionan actos de venganza que van desde represalias en contra de sus familiares residentes en Venezuela hasta la negativa de la embajada del país en la Argentina frente a la solicitud de emisión o renovación de documentación. En ese contexto, también se alertó sobre situaciones en las que los ciudadanos venezolanos residentes en la Argentina eran agredidos y amenazados por simpatizantes del gobierno en el país.

Finalmente, el documento refleja el pedido de referentes de la comunidad venezolana de ampliar la difusión de la convocatoria y extender los plazos de la misma. Asimismo, da cuenta de la existencia de un número importante de personas interesadas en brindar su testimonio en distintos puntos del territorio. Sin embargo, la segunda etapa del operativo se vio discontinuada con el cambio de Gobierno.