Los indultos por marihuana benefician solo a una pequeña parte de quienes han quedado atrapados en la guerra contra las drogas

WASHINGTON— La condena de Valerie Schultz por posesión de una pequeña cantidad de marihuana en 2010 fue cualquier cosa menos simple.

Schultz fue arrestada en terrenos federales, el sendero Monte Olimpo en Utah, lo que significa que fue acusada bajo leyes federales. Las autoridades encontraron marihuana en su automóvil, por lo que le revocaron su licencia. Sin la capacidad de conducir, se vio obligada a dejar su trabajo como maestra de segundo grado.

“Me pareció un castigo demasiado duro”, afirmó Schultz, de 33 años. “¿Creen que soy una amenaza para la sociedad porque estoy fumando en un bosque?”.

La decisión del presidente Joe Biden el mes pasado de indultar a miles de personas que habían sido condenadas por posesión de marihuana según leyes federales fue un reconocimiento de que su gobierno no ve la posesión de cannabis, sin intención de venta o distribución, como una amenaza a la seguridad pública.

Pero personas como Schultz, cuya única condena la ha perseguido durante más de una década, representan solo una mínima parte de quienes han quedado atrapados en medio de esta guerra contra las drogas que ha durado décadas. La mayoría de las sentencias por marihuana han sido delitos estatales, los cuales Biden no tiene la autoridad para indultar; solo le queda la esperanza de que los gobernadores sigan su ejemplo.

Y aunque muchos activistas acogieron con beneplácito el indulto presidencial, aseguran que demasiadas personas —muchas de ellas de las comunidades negras y latinas— no califican para los indultos, lo que los deja con sentencias menores por marihuana que seguirán obstaculizando las perspectivas laborales, las oportunidades educativas y los financiamientos para viviendas.

Kevin Munoz, un vocero de la Casa Blanca, afirmó que el anuncio sobre las condenas por marihuana había sido uno de los mayores usos individuales del poder del indulto presidencial en la historia, uno que “proporcionará alivio a miles de estadounidenses, desproporcionadamente negros y latinos, a quienes se les niega de manera injusta el acceso a la vivienda, el empleo y otros beneficios”.

Los indultos bastante específicos se ajustan a un patrón más general de Biden de querer reformar el sistema de justicia penal de Estados Unidos. El presidente, quien fue un defensor de las leyes agresivas contra las drogas al principio de su carrera (incluido el proyecto de ley penal de 1994 que condujo a un encarcelamiento masivo), ha adoptado recientemente una postura más clemente con aquellos condenados por delitos menores relacionados con drogas.

Como presidente, ha favorecido la adopción de medidas limitadas que establezcan cambios lentamente, en lugar del tipo de reformas que algunos en su partido creen que son necesarias para revertir el efecto de las duras sentencias de prisión que han perjudicado a las minorías de manera desproporcionada. (Biden ha dicho que no apoya la legalización de la marihuana, lo que lo ubica en un desacuerdo con el 80 por ciento de los autodenominados demócratas y el 68 por ciento de los estadounidenses, según una encuesta de Gallup publicada este mes).

Más del 55 por ciento de los 7800 ciudadanos y residentes permanentes legales condenados por posesión federal de marihuana entre 1992 y 2021 fueron negros o hispanos, según datos publicados por la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. La mayoría de los procesos legales por esa droga han ocurrido en California, Arizona y Texas. Casi 150 personas fueron sentenciadas en el sistema penitenciario federal por posesión de marihuana en el año fiscal 2021, mientras que más de 1000 infractores fueron sentenciados por tráfico de marihuana, según la comisión.

Los residentes permanentes legales —personas con green card— fueron incluidas en los indultos presidenciales. Pero quedaron fuera muchos inmigrantes en riesgo de deportación debido a sentencias por marihuana. La orden de Biden no dio instrucciones a las autoridades federales de inmigración para que dejaran de deportar a inmigrantes por posesión de cannabis, según una carta enviada a Biden este mes por decenas de grupos de defensa de derechos civiles y de inmigrantes.

“Usted basó la proclamación del 6 de octubre en la búsqueda de la igualdad racial, y señaló que ‘las personas negras y de color han sido arrestadas, procesadas y sentenciadas a tasas desproporcionadas’”, escribieron las organizaciones. “Sin embargo, ha excluido a los inmigrantes negros y de color que enfrentan el mismo racismo estructural que los ciudadanos estadounidenses”.

Kenault Lawrence, de 38 años, emigró de manera legal a Estados Unidos cuando tenía 10 años, se instaló en Front Royal, Virginia, y se graduó en la escuela secundaria como un campeón de lucha invicto. Años después de dos sentencias por delitos menores en Virginia por posesión con intención de distribución de menos de media onza de marihuana, Lawrence fue detenido por agentes federales durante más de un año y deportado a Jamaica.

Su primer hijo nació meses después de su detención en 2011, y Lawrence fue deportado en 2012, lo que lo obligó a pasar casi una década lejos de su esposa, ciudadana estadounidense, y su hijo.

Los grupos activistas pasaron casi nueve años trabajando para lograr que Lawrence regresara a Estados Unidos. Pero tras lograr finalmente regresar a casa el año pasado, sigue enfrentando la posibilidad de ser deportado de nuevo si no logra persuadir a un tribunal migratorio de que cancele de forma permanente su deportación. Dado que sus cargos se emitieron bajo leyes estatales e incluyó la intención de distribución, y debido a que la orden presidencial no abordó las deportaciones, el indulto de Biden no lo ayudará.

“Esto es Estados Unidos”, sentenció Lawrence, y agregó que, aunque está agradecido de estar en casa, le preocupa que su consumo de marihuana de hace décadas pueda alejarlo de su hogar nuevamente. “La gente fuma marihuana y, como sabes, ahora es legal. En ese entonces solíamos ocultarlo”.

El indulto de Biden podría haber ayudado a arengar a los partidarios demócratas hacia las urnas en las elecciones de medio mandato, al servir como una especie de pago inicial político para aquellos que querían que el presidente fuera mucho más allá.

Algunos gobernadores tomaron nota: la gobernadora Kate Brown de Oregón, demócrata, anunció la semana pasada el indulto por cargos estatales de posesión simple de marihuana antes de 2016, año en que se legalizó la marihuana en Oregón. La medida afecta a unas 45.000 personas, declaró el despacho de la gobernación.

Otros gobernadores demócratas, incluidos los de Luisiana y Minnesota, no poseen la autoridad para otorgar indultos por delitos relacionados con la marihuana; en su lugar, deberán ser procesados por juntas estatales.

Sin embargo, los republicanos han aprovechado el anuncio del presidente para presentarlo como una figura débil en cuanto a la ley y el orden. Varios gobernadores republicanos ya han rechazado el consejo del presidente. El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, acusó a Biden de “jugar con políticas de año electoral” con el anuncio sobre la marihuana y afirmó que dichos indultos deben ser considerados caso por caso “en este momento en el que la delincuencia ha aumentado”. Un portavoz del gobernador Greg Abbott de Texas afirmó que el estado no aceptará “consejos de justicia penal del líder del partido que busca quitarle fondos a la policía”. (Biden no ha apoyado la idea de quitarle fondos a la policía).

Biden también les ordenó a las agencias federales a que revisaran si la marihuana debía permanecer categorizada como una droga de clasificación 1, la misma categoría legal que la heroína y el LSD. Los activistas alegan que cambiar la clasificación podría alentar a los legisladores a flexibilizar las sanciones penales por los delitos relacionados con la marihuana.

Eso también facilitaría que las empresas legales de cannabis utilicen bancos autorizados por el gobierno federal, y permitiría que los funcionarios federales de salud realicen investigaciones sobre el impacto medicinal de la marihuana.

Asistentes de Biden afirman que quienes no califican para los indultos bajo la orden actual pueden solicitar uno a través del proceso normal de clemencia del Departamento de Justicia, un sistema caso por caso que el presidente utilizó para conmutar las sentencias de 75 infractores de drogas este año. Biden se ha comprometido a depender menos de la prisión para quienes cometan delitos no violentos relacionados con drogas a través de la expansión de programas de prevención y alternativas a la detención.

© 2022 The New York Times Company