Yahoo Noticias Indocumentados con falla renal deben poner en riesgo su vida para recibir el tratamiento que necesitan en salas de emergencia de EEUU
El costo de los servicios médicos en Estados Unidos es estratosférico y pagarlo se convierte para muchos estadounidenses en una sangría económica de grandes proporciones, incluso cuando se cuenta con un seguro médico que cubre parte de los montos. Y, ciertamente, quienes cuentan con coberturas amplias de programas públicos, como Medicaid o Medicare, pueden contener esos enormes gastos.
Pero para personas indocumentadas, y por ende no elegibles para los esquemas oficiales, y que no cuentan tampoco con el dinero para costear un seguro privado, el escenario es rudo. Máxime cuando se tiene un padecimiento que impone tratamientos continuos y visitas frecuentes a clínicas y médicos para preservar la vida.
Es el caso de los pacientes que requieren diálisis para paliar problemas de insuficiencia renal. Como relata Sanjay Gupta en CNN, en Estados Unidos 650,000 personas necesitan someterse a ese tratamiento tres veces a la semana para sobrevivir y mantener una calidad de vida llevadera. De ellos, según un estudio publicado en el American Journal of Kidney Disease, unos 6,500 son inmigrantes indocumentados.
Pacientes indocumentados y sin seguro médico como Lucía, cuenta CNN, tienen que arriesgar la vida, literalmente, para lograr el tratamiento que les permita sobrevivir. Esto puede parecer absurdo, pero es una realidad. Al no tener cobertura médica pública o privada ni dinero para pagar directamente un tratamiento estable, Lucía -una madre de 51 años con cinco hijos que sufre de diabetes y falla renal- debe resistir y esperar hasta que su condición se agrave al grado de recurrir a la sala de emergencia de un hospital, donde por ley no pueden negarle la atención a una persona cuya vida peligra.
Así, Lucía debe arriesgar la vida para sobrevivir, pues solo si su condición es considerada de vida o muerte puede ser sometida a la diálisis que requiere. Y debe hacerlo cada semana, lo que agrava su condición y la mantiene en un ciclo continuo al borde de la muerte.
Eso no tendría por qué ser así, pues en realidad le causa deteriores adicionales y sus médicos lo saben. Pero económicamente no habría otro camino para ella, como no lo hay para miles y miles de indocumentados, y otras personas sin cobertura médica, que necesitan atención pero no tienen con qué pagarla.
La sala de emergencias es la única vía, aunque ello implique que, en realidad, más que restaurar su salud solo están paliando el momento, y en algunos casos añadiéndole problemas a su condición previa.
Por añadidura, narra CNN, no en todos los estados los hospitales consideran a pacientes con falla renal como Lucía susceptibles de recibir tratamiento de emergencia pues la definición de qué es una condición que pone en riesgo la vida varía. Lucía vive en Denver, Colorado, y allí su penuria ha podido hallar una peligrosa mitigación. Pero posiblemente si viviera en otros estados no podría tener acceso a ese salvavidas.
En contraste, en California, Carolina del Norte, Nueva York y Washington, indica CNN, las autoridades estatales han comenzado a crear fondos que les permitan ofrecer servicios normales de diálisis a indocumentados, lo que no solo es mejor para la salud del paciente sino que, en realidad, le ahorra gastos a los hospitales y las arcas públicas al reducir la necesidad de recurrir a las más costosas salas de emergencia. El ahorro, según un estudio del Baylor College of Medicine citado por la televisora es considerable: un apaciente como Lucía atendida en una sala de emergencia puede costar 285,000 dólares al año. Si se le tratara no de urgencia sino con diálisis regulares, el costo sería de 77,000 dólares.
Y, en realidad, el drama de pacientes indocumentados que necesitan diálisis para mantenerse con vida es de larga data y sus problemas para obtener atención médica son profundos y agobiantes, incluso para quienes tienen los recursos para pagar un seguro médico privado.
Por ejemplo, Belhú Sanabria documentó hace unos años en La Raza que cuando el estado de Illinois recortó fondos que financiaban tratamientos de diálisis a indocumentados, muchos de ellos enfrentaron la realidad de enfrentarse a la muerte. Marchas de protesta y trabajo comunitario en el área de Chicago se realizaron entonces de modo intensivo para tratar de revertir esa carencia de recursos y poder salvar vidas.
Y quienes podían pagar un seguro médico tampoco la tenían fácil. Como también se informó en La Raza, cambios en las coberturas de pólizas adquiridas en el mercado de seguros de Obamacare –la ley de salud aún vigente, aunque bajo asedio del gobierno de Donald Trump– hicieron que indocumentados que podían pagar un seguro privado de repente se toparan con que su cobertura o la red de médicos y hospitales a las que tenían derecho cambió. Eso no es poca cosa pues, súbitamente, personas que pagaban unos 400 o 500 dólares al mes por su seguro, una cifra alta para cobertura individual pero mucho menor que el costo comercial de los servicios, se toparon con que su gasto y su seguro ya no les daba el mismo servicio.
Tenían que desplazarse a hospitales más lejanos o de menor nivel y consultar a otros médicos, situación complicada para indocumentados enfermos, sin automóvil o medio de transporte y que muchas veces no hablan inglés suficientemente.
Al final, la solución mejor para muchos de esos pacientes con insuficiencia renal es someterse a un trasplante de riñón. Pero la escasez de órganos, el costo y la escasa cobertura son obstáculos severos, si bien estados como California e Illinois han establecido normas para tratar a esos pacientes indocumentados. Pero falta mucho por hacer, al respecto.
Así, aunque humana, moral y económicamente es imperativo ofrecer atención a los pacientes indocumentados que requieren diálisis, como a todo aquel que la necesite pero no cuente con los medios para cubrirla, el sistema de salud actual en Estados Unidos va cuesta arriba. Y si prosperasen, por ejemplo, los afanes de ciertas fuerzas de la presente administración de restringir el gasto en Medicare o Medicaid, seguros públicos para la tercera edad y para las personas de bajos ingresos, respectivamente, o se elimina la obligación de asegurar a una persona sin importar si padece enfermedades preexistentes, el escenario se tornará aún más oscuro.
Para Lucía y otros como ella, luchar por sobrevivir es cosa de cada día. De cada visita a la sala de emergencia en donde, por su misma situación, no siempre se está seguro de salir con vida.
