“Indefendible y mortal”: El Gobierno admite que el plan de reasentamiento afgano aún no está diseñado

El gobierno británico fue advertido de que los refugiados afganos que pueden acogerse a un plan de reasentamiento en el Reino Unido podrían “morir antes de que sea operativo” tras un retraso de tres meses.

Los ministros se comprometieron a reubicar hasta 20.000 personas tras la toma del país por parte de los talibanes en agosto, pero el plan aún no se ha puesto en marcha y sigue en fase de diseño.

Los activistas acusaron al gobierno de “perder el tiempo” tras no prepararse para las consecuencias de la retirada militar de Afganistán, mientras que una diputada dijo que uno de sus electores ya había visto a dos familiares asesinados por los talibanes.

El retraso se produce en un momento en el que el gobierno se dispone a criminalizar a todos los solicitantes de asilo que lleguen a Gran Bretaña en pequeñas embarcaciones o por otras rutas irregulares. Se cree que al menos 10 inmigrantes se han ahogado en el Canal de la Mancha en las últimas semanas.

Victoria Atkins, ministra responsable del reasentamiento de afganos, declaró en la Cámara de los Comunes: “estamos trabajando urgentemente en todo el gobierno y con socios como el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) para diseñar el plan”.

“Seguimos apoyando a los miles de personas evacuadas con éxito de Afganistán en el marco de la operación “Pitting”, y seguiremos apoyando a los que se acojan al plan cuando este se ponga en marcha”.

La diputada laborista Helen Hayes dijo que uno de sus electores tenía un hermano que vivía escondido en Afganistán con su mujer e hijos.

Añadió: “Desde que terminó la evacuación, han perdido a un tío y a un primo, ambos asesinados por los talibanes, y han recibido numerosos mensajes amenazantes. Viven temiendo a diario por sus vidas y, sin embargo, el gobierno no emite documentos para darles la mejor oportunidad de llegar a salvo al Reino Unido a través de un tercer país”.

Atkins expresó que la situación de seguridad en Afganistán significaba que el Reino Unido no tenía presencia consular en el país, pero que estaba “trabajando al ritmo” para establecer el proceso de reasentamiento.

“Queremos establecer el plan como ejemplo de una ruta segura y legal en el marco del nuevo plan de inmigración del gobierno”, añadió.

El diputado laborista Bambos Charalambous dijo: “existe un riesgo real de que las personas a las que se pretende ayudar con el plan mueran antes de que entre en funcionamiento”.

Atkins declaró que 15.000 personas habían sido evacuadas en el marco de la operación de emergencia “Pitting”, y que había acuerdos para sacar a más personas de Afganistán con terceros países.

Insistió en que el Reino Unido estaba “cumpliendo su compromiso” con los traductores y otros afganos que se convirtieron en objetivos de los talibanes por su trabajo con el ejército británico.

Louise Calvey, directora de servicios de la organización benéfica Refugee Action, manifestó: “es indefendible que los ministros sigan dilatando los detalles de su plan de reasentamiento en Afganistán, tres meses después de la caída de Kabul”.

“Estos retrasos han sido causados en parte por la anterior negativa del gobierno a comprometerse con un programa de reasentamiento a largo plazo, lo que le dejó totalmente desprevenido cuando fue necesario”.

“Pero esto no es excusa para no ayudar ahora. Los ministros deben utilizar urgentemente el programa de reasentamiento del Reino Unido, ya operativo, para identificar y reubicar a los refugiados afganos vulnerables, de modo que puedan empezar a reconstruir sus vidas aquí con seguridad”.

Lisa Doyle, directora de defensa del Consejo de Refugiados, se mostró “consternada” por el retraso, y añadió: “la situación en Afganistán sigue siendo extremadamente peligrosa y muchas personas corren el riesgo de ser perseguidas. El gobierno debe aclarar urgentemente cuándo podemos esperar que se abra el plan”.

Durante el mismo debate parlamentario, Priti Patel defendió un conjunto de nuevas leyes que criminalizarían a cualquier refugiado -incluidos los afganos- que cruzara el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones o por cualquier otro medio sin “permiso de entrada”.

“El nuevo plan de inmigración y el proyecto de ley de nacionalidad y fronteras son fundamentales para la reforma integral de todo el sistema”, dijo la ministra del Interior en el Parlamento. “No hay una solución única”.

Varios diputados conservadores dijeron que sus electores estaban enfadados por los más de 25.000 cruces del Canal en lo que va de año -más del triple del total para 2020- y querían que se actuara.

Durante el debate del lunes, el ministro del Interior no confirmó si se habían llevado a cabo las expulsiones de barcos previstas, ni si el gobierno iba a “desterrar” a los solicitantes de asilo en un tercer país.

Nick Thomas-Symonds, ministro de Interior en la sombra, instó a Patel a “aceptar la responsabilidad” de la situación en lugar de soltar “retórica vacía y promesas incumplidas”.

Y añadió: “el acuerdo del gobierno con las autoridades francesas está fracasando. El gobierno cerró rutas seguras, como el plan Dubs, y recortó el presupuesto de ayuda, que estaba abordando las razones por las que la gente huye de sus hogares”.

“La semana pasada, el ministro del Interior volvió a prometer que haría inviable la ruta para cruzar el Canal de la Mancha, pero no pasa nada, y cada vez más gente sigue arriesgando su vida”.

Thomas-Symonds acusó a la ministra del Interior de “perder la confianza no solo del país, sino de sus colegas”, tras no sustituir un acuerdo perdido en el Brexit que permitía devolver a los solicitantes de asilo a los países de la UE por los que habían pasado anteriormente.

Patel respondió: “la respuesta a la pregunta de su señoría es no, en todo momento”.

Más tarde dijo que la situación sería “mucho peor si no fuera por el trabajo que ya no ha hecho el Gobierno”.

Varios diputados pidieron a la ministra del Interior que retirara sus afirmaciones anteriores de que el 70 por ciento de las personas que cruzan el Canal eran “inmigrantes económicos”, después de que un estudio realizado con datos del Ministerio del Interior revelara que casi dos tercios recibían protección como refugiados.

Patel se negó y repitió una afirmación no verificada de que “el 70 por ciento son hombres solteros y son migrantes económicos”. El género y el estado civil no influyen en la condición de refugiado según la ley.

Doyle, del Consejo de Refugiados, declaró: “los propios datos del Ministerio del Interior sugieren que la inmensa mayoría de los hombres, mujeres y niños que cruzan el Canal de la Mancha proceden de países en los que la persecución y los abusos de los derechos humanos están muy extendidos y tienen muchas probabilidades de obtener protección”.

“En lugar de negar esta realidad, este gobierno debería mostrar compasión acogiendo a quienes necesitan protección como refugiados, en lugar de tratar de empujarlos cruelmente de vuelta al otro lado del canal o castigarlos con el encarcelamiento”.