Incertidumbre embarga a inquilinos latinos al terminar moratoria a desalojos

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Atlanta (GA), 8 sep (EFE News).- La incertidumbre y la preocupación se han apoderado de miles de hispanos que temen resultar afectados por el fallo de la Corte Suprema que permite que se reanuden los desalojos al anular la moratoria temporal que el Gobierno del presidente Joe Biden extendió en agosto pasado.

“Estamos viviendo mucha incertidumbre por lo que puede pasar porque nuestra situación económica cambió con el virus”, dijo a Efe una madre mexicana que se identificó solo como María y que renta un apartamento en la localidad de Chamblee, en el noroeste de la zona metropolitana de Atlanta, Georgia.

María vive con su hija menor, quien tiene necesidades especiales, y alquila la vivienda junto con otras dos personas. Para evitar problemas, intenta no retrasarse “más de tres meses con el pago de la renta”, pero con la decisión del máximo tribunal, su situación, como la de millones más de inquilinos en el país, podría complicarse en un futuro cercano.

De acuerdo con datos recientes de la Oficina del Censo, unas 3,5 millones de personas en Estados Unidos aseguran que temen un desalojo en los próximos dos meses, y de ellas más de 800.000 son latinas, es decir alrededor de 24 %.

En su fallo, los seis magistrados conservadores de la Corte Suprema indicaron que si la moratoria va a continuar deberá ser autorizada "específicamente" por el Congreso y no por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que fue la entidad del Gobierno federal que emitió la orden.

“Es bien difícil contar para pagar la vivienda, que es un gasto grande”, sostuvo María, de 65 años y originaria de Monterrey (México), quien estuvo hospitalizada en condición grave tras contraer el virus causante de la covid-19, el cual -afirma- la dejó prácticamente sin trabajo y que ha trastocado toda su vida.

Durante siete años, María y su hija se ganaron la vida preparando y vendiendo postres para un restaurante, hasta que llegó la pandemia y acabó con el negocio.

Casos como el de María se han multiplicado en las últimas semanas con la nueva ola de covid-19 causada por la variante delta, que ha imposibilitado a muchos en la comunidad latina continuar trabajando y tener un ingreso para pagar la renta y mantener a sus familias.

A LA EXPECTATIVA

“Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. No solamente es la renta, sino también los servicios, el carro (...); uno se pone muy ansioso y es preocupante”, dijo Consuelo, una abuela colombo-venezolana que alquila con su hija un apartamento en Norcross, una de las ciudades de Georgia con mayor población latina.

Visiblemente afectada por la situación, la hispana, quien prefirió no revelar su apellido, relató a Efe que ha podido pagar el alquiler de su vivienda gracias a la “generosidad” de una amiga y la ayuda de su iglesia, pues actualmente su hija no puede trabajar debido a que está delicada de salud tras haberse contagiado de coronavirus hace dos meses.

No obstante, para el mes próximo, Consuelo, de 79 años y quien también sufre las secuelas del virus, no sabe cómo hará pagar el alquiler: “Estamos orando para que la salud mejore, pero bueno, no sé cómo vamos a hacer”.

Tras el fallo de la Corte Suprema del pasado 26 de agosto, los inquilinos de muchos estados del país, especialmente del sur, incluyendo Georgia, están totalmente desprotegidos y, pese a la situación de vulnerabilidad en que muchos como María y Consuelo se encuentran, podrían enfrentar el desalojo.

Algunos estados como Nueva Jersey, Nueva York, California, Illinois y Maryland, así como Washington D.C., han extendido sus moratorias de desahucio.

“Algunos estados tienen protecciones locales ante los desalojos, pero no son muchos. Esperamos que más adopten medidas, pero hasta que esto ocurra podemos ver un número catastrófico de desalojos”, dijo a Efe Eric Dunn, director de litigios del National Housing Law Project.

Debido al actual clima político, Dunn ve poco probable que el Congreso federal apruebe algún tipo de moratoria, por lo que considera que son los estados y las ciudades los que deben adoptar medidas para proteger a los inquilinos mientras dure la pandemia del coronavirus.

(c) Agencia EFE

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