El impuesto a la riqueza terminará en la Justicia y no se aplicará, según la oposición

Laura Serra
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Quienes se opusieron ayer en la Cámara de Diputados al proyecto de Máximo Kirchner que grava las grandes fortunas están convencidos de que el tributo no llegará a aplicarse porque la Justicia lo declarará inconstitucional por confiscatorio. "Con este impuesto el oficialismo hace populismo tributario", enfatizaron no solo los representantes de Juntos por el Cambio, sino también algunos diputados que suelen acompañar las iniciativas oficialistas pero que esta vez decidieron desmarcarse.

"Es muy probable que este impuesto, de ser aprobado, termine en la Justicia porque es clarísimo que habrá una doble imposición con el impuesto a los bienes personales, que grava los mismos bienes y son los mismos contribuyentes", enfatizó el diputado de Pro, Pablo Tonelli, quien desestimó que sea la oposición la que realice el planteo ante la Justicia. "Lo deberá realizar el contribuyente que se sienta afectado; si el fallo de la Justicia le da la razón, servirá como precedente para eventuales futuros litigantes".

Todos los discursos opositores aventuraron el mismo destino para el nuevo impuesto: terminará en la Justicia. Además, advirtieron que espantará las inversiones porque atenta contra el capital privado.

"El Gobierno se está pegando un tiro en los pies", insistió Luciano Laspina, de Pro, el primero en plantear en el recinto que el nuevo tributo será confiscatorio porque se superpone con el impuesto a los bienes personales. "Un impuesto es confiscatorio cuando el Estado absorbe una parte sustancial de la renta o de la propiedad", explicó Laspina, y precisó que "el aporte llega al 7,5% en el caso de la alícuota máxima para activos en el exterior", lo que "va a gatillar una avalancha de juicios".

Tanto Tonelli como Ricardo Buryaile, de la UCR, remarcaron que este nuevo impuesto, que gravará los patrimonios superiores a $200 millones, no distingue entre bienes suntuarios y bienes productivos. "No diferencia un piso en Puerto Madero de un campo, un yate de una cosechadora. Este proyecto hiere mortalmente al capital privado en medio de una pandemia feroz", asestó Buryaile.

También Graciela Camaño, de Consenso Federal, fue una feroz crítica del proyecto de Máximo Kirchner. "Este denominado 'aporte solidario' presenta inconvenientes jurídicos y técnicos que siembran dudas sobre su constitucionalidad -advirtió-. En primer lugar, se trata de un impuesto que, por lo demás, tiene puntos en común con otro impuesto, el de bienes personales, por cuanto tienen la misma base imponible y los mismos sujetos. El principio de no confiscatoriedad, consagrado en la Constitución, es el mayor obstáculo que enfrentará este impuesto si se lo cuestiona en la Justicia".

"Este tributo va a desalentar las inversiones privadas; es pan para hoy y hambre para mañana. Es una iniciativa que tiende a poner de rodillas a algún sector pero no ayuda a poner de pie al país", exclamó.

En el mismo sentido se expresó Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, quien suele acompañar las iniciativas del oficialismo. Esta vez decidió marcar distancia. "Viola los principios de no confiscatoriedad y de razonabilidad que establece la Constitución Nacional, además de espantar las inversiones", sostuvo.

Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio, coincidió. "Se trata de un impuesto obligatorio de carácter coercitivo, rompe el principio de legalidad y viola las garantías constitucionales", sostuvo, y le propuso al oficialismo reflotar el proyecto de extinción de dominio, que el kirchnerismo frustró en el Congreso, si lo que se pretende es aumentar la recaudación para atender los efectos de la pandemia.

"Hay 623 mil millones de pesos de dinero de la corrupción que podría recuperarse y sería el triple de lo que se espera recaudar con este impuesto", acotó el diputado Alberto Asseff, de la misma bancada.

Desde la Coalición Cívica, Rubén Manzi y Marcela Campagnoli también advirtieron que el impuesto tendrá como primer destino la Justicia. Tenemos injusticia, corrupción, pobreza, barrios de emergencia, y planes en vez de trabajo. ¿Y vamos a seguir asfixiando a los que pueden generar empleo? Esto es inconstitucional y confiscatorio. Lo único que crecerán serán los amparos en la Justicia", enfatizó Campagnoli.