La Legislatura porteña aprobó la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo ILE

Soledad Vallejos
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La Legislatura porteña aprobó esta tarde la adhesión al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), lo que significa que la Ciudad de Buenos Aires adopta las guías establecidas en ese documento -que entró en vigor en diciembre pasado con la firma del ministro de Salud, Ginés González García- , para garantizar las prácticas adecuadas en los casos de aborto no punible, de acuerdo con las excepciones que establece el Código Penal.

El proyecto tuvo 49 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones. La presidenta de la comisión de Salud de la Legislatura porteña, Patricia Vischi, fue la primera oradora del debate, y afirmó que el proyecto tuvo el apoyo transversal de todas las fuerzas políticas. "La interrupción legal del embarazo es una práctica garantizada en todos los servicios de salud porteños, y con la adhesión [al protocolo] lo que se garantiza es el acceso y el derecho de todas las mujeres, como también el respaldo a los profesionales de la salud que brindan esas prestaciones con estándares de calidad", agregó la diputada de UCR-Evolución.

Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo. Como consecuencia, regía en la Ciudad un protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La iniciativa no había sido tratada en comisiones y su debate en el recinto no estaba anunciado para la sesión ordinaria de hoy. Su ingreso a la Legislatura fue resultado de negociaciones que llevaron adelante los bloques políticos hasta último momento, en una sesión con modalidad mixta, es decir, con algunos diputados presentes y otros que participaron de manera remota para evitar los contagios de coronavirus.

En cinco años, en la ciudad hubo casi 100 veces más interrupciones legales del embarazo

El protocolo al que esta tarde adhirió la Ciudad fue la primera medida de Ginés González García como flamante ministro de Salud de la Nación. Luego de haber asumido su cargo, firmó en diciembre pasado la resolución N°1, que reemplazó al documento que había sido impulsado por el exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que encendió la polémica dentro del macrismo y terminó con la renuncia del entonces funcionario.

En los hechos, no modifica ninguna ley vigente. Se trata, como explican los expertos, de una guía de procedimientos como las que existen en otras prácticas de la medicina para que los profesionales de la salud sepan cómo proceder. Una fuente indispensable de consulta para que los médicos no tengan dudas de que están haciendo lo correcto.

Entre otras cuestiones, el protocolo reafirma que los equipos de salud deben garantizar el aborto no punible sin intromisión de la justicia; que la interrupción legal del embarazo debe ser garantizada en todo el país y que debe respetarse el criterio de "autonomía progresiva", garantizando el acceso a la práctica a niñas y adolescentes que la soliciten, a partir de los 13 años. Sobre esos ítems se explaya el texto que hoy también se puso en marcha en la Ciudad.

En contra de la iniciativa

Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa había representantes de casi todos los bloques políticos, como Vamos Juntos (VJ), Frente de todos (FdT), UCR-Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista. Aunque la postura dentro de cada bloque no fue unánime, y entre los diputados que no apoyaron la adhesión estuvo Guillermo González Heredia (VJ), que se definió como "el primer orador [de la sesión] del grupo llamado celeste". González Heredia cuestionó: "¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto? Yo creo que no, creo que es un desamparo", dijo.

Circunstancias que habilitan la ILE

"Las causales que habilitan a solicitar una ILE son: que el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la persona gestante, o que haya sido producto de una violación", determina la guía, y se adhiere a la definición de la OMS, que determina que la salud es "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" (OMS, 2006).

Una mención especial hace la guía en relación a la situación de las niñas y adolescentes de 15 años o menos, para quienes un embarazo, se afirma en el texto, implica en sí mismo "un riesgo aumentado para su salud tanto física como mental". Además, en el protocolo se constata con diversas fuentes que las niñas y adolescentes de 15 años o menos tienen una probabilidad cuatro veces mayor de mortalidad materna al comparar con el grupo etario de 20 a 24 años. También, una probabilidad cuatro veces mayor de endometritis puerperal, 60% más probabilidad de eclampsia y de hemorragia posparto. "Por lo tanto, en las situaciones de embarazo en menores de 15 años debe considerarse siempre la posibilidad de acceso a ILE por riesgo para la salud o la vida", concluye.

En los casos de violación, el protocolo establece que nunca es exigible la denuncia policial o judicial para acceder a una ILE, basta con una declaración jurada de que el embarazo es producto de una violación. En el caso de las niñas (menores de 13 años) la declaración jurada no es necesaria, ya que "toda relación sexual con una niña (menor de 13 años) es una violación", cita la guía.

En este sentido, Laura Velasco (FdT) afirmó, según consignó Télam, durante el debate que en la Argentina, cada tres horas una menor es madre, y que "en la mayoría de los casos, son niñas y adolescentes que sufren situaciones de violencia intrafamiliar", sostuvo. Entre las voces que se opusieron al protocolo ILE estuvo la de Carolina Estebarena (VJ), que consideró que "se le tiene que dar a las mujeres la opción de no abortar, y para eso hay que dar educación y contención". Y reclamó al Estado: "No se puede dejar esa tarea solo en manos de las ONG".

Decisión autónoma

Sin autorización de los padres, "entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida", dice el texto. De todas maneras, advierte, se recomienda fomentar que las adolescentes cuenten con la compañía y el apoyo de una persona de su confianza durante el proceso.

Objetores de conciencia

"Un profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente", señala el protocolo. En la resolución derogada en su momento por el expresidente Mauricio Macri, al igual que en su nueva edición firmada por González García, queda clara la obligación que tienen todos los profesionales de la salud de informar a la persona gestante sobre su derecho a acceder a una ILE. Además, si no hubiera otro profesional para realizar la interrupción de un embarazo en los casos que contempla la ley, los objetores tampoco pueden negarse a hacerlo.