Los huracanes nos recuerdan que reconstruir en las playas de Florida suele ser una locura | Opinión

En una isla situada unos pocos kilómetros al sur de Charleston, Carolina del Sur, se encuentra la pequeña y divertida ciudad costera de Folly Beach. Su población, de unos 2,200 habitantes, se ve aumentada estacionalmente por hordas de turistas que buscan un lugar para nadar, hacer surf y beber.

La Florida tiene varias comunidades de playa similares, pero no tiene una Folly Beach. Por otra parte, el extenso litoral de la Florida presenta millas de lo que pudiera llamarse apropiadamente “locura de playa”.

La “locura de playa” puede definirse como “la construcción —o repetida reconstrucción— de estructuras sobre las arenas movedizas de una playa que es susceptible a la erosión y a las mareas de tormenta ahora y al ascenso del nivel del mar en el futuro”.

La temporada de huracanes de este año recordó la locura de playa del estado. A finales de septiembre, la marejada ciclónica del huracán Ian arrasó las islas de barrera de la costa baja del Golfo de la Florida. A Ian se le atribuyeron 137 muertes en el estado, y los daños materiales combinados en las islas y en el continente superaron los $50,000 millones.

Luego, el 10 de noviembre, el huracán Nicole llegó a la costa atlántica de la Florida. La severa erosión destruyó varias docenas de casas unifamiliares y dejó algunas playas necesitando otro renacimiento a costa de los contribuyentes.

Además, como informó Associated Press, “en Daytona Beach Shores y New Smyrna Beach, dos docenas de edificios de condominios de varios pisos fueron evacuados y considerados inseguros por los inspectores de construcción”.

¿Edificios de condominios de varios pisos inseguros? Suena demasiado familiar. El derrumbe del 21 de junio de 2021 de las Champlain Towers South, de 12 pisos, en Surfside, llamó trágicamente la atención sobre los riesgos de descuidar el mantenimiento de los edificios situados junto a un océano salado, que puede provocar una grave corrosión y una peligrosa erosión de los cimientos de las estructuras.

Por supuesto, no hay necesidad de entrar en pánico. La mayoría de los edificios frente al mar de la Florida han sido inspeccionados y considerados seguros, mientras que los inseguros fueron evacuados. Esa es quizás la única bendición de la tragedia en Surfside.

Mientras tanto, en el Panhandle de la Florida, el Panama City News-Herald informa que en Mexico Beach solo se ha reconstruido un 40% de la ciudad después de que el huracán Michael destruyera el 85% de sus estructuras hace cuatro años. ¡Hace cuatro años!

Esto plantea una pregunta: ¿Deberían incluso sustituirse todas las estructuras dañadas o destruidas frente a la playa? ¿Existe una alternativa que beneficie tanto al público como al problemático mercado de seguros de propiedad de la Florida?

Tal vez. Muchas de las playas de la Florida se encuentran en islas de barrera atravesadas por carreteras como la autopista A1A. A lo largo de gran parte de la costa hay estructuras a ambos lados de la carretera, con relativamente pocos lugares para que los habitantes del interior puedan acceder a la playa.

Los recientes daños causados por la tormenta presentan una nueva oportunidad para aliviar este problema, dando a los propietarios de las viviendas dañadas frente a la playa una alternativa a la reconstrucción en el mismo lugar. En su lugar, los gobiernos estatales y locales pudieran asociarse para presentar ofertas de compra de determinadas propiedades con el fin de ampliar el acceso público a las playas.

El acceso a las playas ya era un problema en muchas zonas porque algunas ciudades costeras restringen mucho el estacionamiento. El acceso a la playa recibió otro golpe hace cuatro años cuando el gobernador Rick Scott firmó la Ley de la Cámara 631.

Como se informó en FlaglerLive.com, “La nueva ley permite a los dueños de propiedades frente a la playa —hoteles, viviendas residenciales u otros— restringir el acceso a la zona de ‘arena seca’ de la playa, o esa zona por encima de la línea de flotación de la marea alta promedio.

“En efecto, eso significa que los bañistas acostumbrados a descansar, trotar, pasear o jugar en esas arenas secas pudieran verse legalmente impedidos de hacerlo a menos que sean, digamos, huéspedes del hotel o amigos del propietario”.

Suena duro. Por otra parte, si usted fuera propietario de una casa frente al lago en Kendall o Pembroke Pines, tal vez no querría que un grupo de extraños estuviera de fiesta en su patio trasero entre los “regalos” que dejan las iguanas y los patos.

En resumen: Si hay dueños de propiedades dañadas frente a la playa que estén dispuestos a vender a un precio razonable, acéptenlo porque poner más área frente al mar bajo propiedad pública pudiera ayudar con el problema de acceso a la playa.

También podría reducir marginalmente algunos de los enormes riesgos financieros asumidos por la aseguradora de propiedad de la Florida de último recurso, Citizens Property Insurance Corporation, y por el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones del gobierno federal.

Sin embargo, por muy sensato que parezca este planteamiento, existen contrapartidas. Cuando el gobierno adquiere una propiedad privada, esa propiedad sale de las listas de impuestos y pasa al lado de los gastos del libro de cuentas.

Aun así, hay que tener en cuenta que los edificios no tienen por qué estar directamente en una playa para ser un gran proveedor de ingresos fiscales. De hecho, algunas de las propiedades más valiosas de la Florida se encuentran frente a una playa, al otro lado de una carretera. Los edificios de Ocean Drive de Miami Beach, desde la calle 5 a la 15, son un buen ejemplo.

No obstante, el hecho de que las propiedades frente a la playa pasen de ser contribuyentes a ser consumidoras de impuestos puede ser problemático en algunas zonas. En el Panhandle, por ejemplo, los ingresos fiscales derivados de los costosos edificios de condominios, hoteles y McMansiones frente a la playa ayudan a financiar servicios gubernamentales en condados que, de otro modo, tienen un alto nivel de pobreza.

Además, las playas de propiedad pública suelen tener gastos de funcionamiento para la limpieza, el mantenimiento, la aplicación de la ley, los seguros y la dotación de socorristas en las zonas de baño más importantes.

Así que, aun cuando Ian y Nicole han dado a la Legislatura de la Florida una rara oportunidad de realizar mejoras selectivas en varios frentes, desde la preparación para las tormentas y el acceso a las playas hasta los seguros de propiedad, no es el momento —todavía— de gritar: “¡Despejen las islas!”.

Robert F. Sánchez, de Tallahassee, es un antiguo miembro de la Junta Editorial del Miami Herald. Escribe para el boletín de opinión conservador del Herald, Right to the Point. Es semanal y gratuito. Para suscribirse, vaya a miamiherald.com/righttothepoint.

Sánchez
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