Human Rights Watch criticó las inconsistencias en la política de derechos humanos del Gobierno

·4  min de lectura
Fernández recibió al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la Casa Rosada
Presidencia

WASHINGTON.- La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) criticó la inconsistencia de la política exterior del gobierno de Alberto Fernández al recopilar posturas erráticas del país respecto de los abusos cometidos en la región, sobre todo en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En el capítulo dedicado al país en su “Informe Anual 2022″, en el cual analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países a lo largo de 752 páginas, HRW recordó algunas de las decisiones de política exterior más controvertidas de la Casa Rosada, como las abstenciones en votaciones de resoluciones en la Organización de Estados Americanos (OEA), la salida del Grupo de Lima, o el repliegue de una denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro presentada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Las vacaciones en el Caribe de Luana Volnovich reavivaron las internas en el Gobierno y agitaron las críticas al camporismo

El informe señala que “la política exterior de la Argentina con respecto a Venezuela y Nicaragua no ha sido consistente”, y luego apunta que si bien el país “acertadamente condenó la represión contra manifestantes por la policía colombiana, no criticó los abusos cometidos contra manifestantes en Cuba”.

La política exterior argentina en materia de derechos humanos ha sido errática. Se abstuvo en resoluciones en la OEA criticando abusos en Nicaragua y Venezuela, mientras que apoyó esfuerzos para exponerlos en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Criticó – como corresponde – los abusos policiales durante las protestas en Colombia, pero no han sido abiertamente críticos de la represión de las protestas en Cuba”, recapituló a LA NACION Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de HRW.

“Esta inconsistencia ha quedado en evidencia con el escándalo que se generó en el país esta semana tras la participación del representante del gobierno argentino en la asunción de Daniel Ortega junto con uno de los iraníes implicados en el peor atentado terrorista que sufrió Argentina en el último siglo, que dejó 85 muertos tras la explosión de una bomba en la AMIA”, agregó.

La crítica a la política exterior del gobierno nacional llega en medio de una fuerte advertencia de la organización por el deterioro de las garantías fundamentales en la región. Taraciuk Broner advirtió sobre un “alarmante retroceso” de las libertades fundamentales en la región que obliga a defender espacios democráticos que se solían dar por sentados. A eso sumó que la pandemia “ha tenido un impacto económico y social devastador”.

“La Argentina tiene hoy la oportunidad de ejercer un liderazgo global en materia de derechos humanos al asumir la presidencia del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Para lograr un liderazgo creíble en esta materia, las posturas sobre derechos humanos de Argentina deben ser consistentes, y no contradictorias como han sido hasta ahora”, afirmó.

La organización recordó que el régimen cubano liderado por ahora por Miguel Díaz-Canel llevó a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno. Y reiteró que las elecciones de noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas.

El trabajo también indica que “en la Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos han amenazado el sistema democrático de pesos y contrapesos”.

La organización mencionó dos proyectos impulsados por el Frente de Todos en el Senado que controla Cristina Kirchner: la creación de decenas de tribunales penales nuevos para los cuales se designaría a jueces subrogantes, hasta que se nombre a los permanentes, y el proyecto impulsado por el oficialismo que reduce la mayoría legislativa necesaria para designar a un Procurador General y fija un límite temporal a su mandato. La Cámara de Diputados no trató ninguno de los dos proyectos.

El informe recuerda además que un juez federal procesó al exdirector y a la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Martín Coste y Silvia Majdalani, por “concluir que lideraron una asociación ilícita abocada al espionaje ilegal de periodistas, sindicalistas y políticos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri”. Y también indicó que “autoridades de alto nivel, incluyendo el presidente Alberto Fernández, han empleado una retórica hostil contra la prensa independiente”.

Nuestro objetivo es crear un lugar seguro y atractivo para que los usuarios se conecten en relación con sus intereses. Para mejorar la experiencia de nuestra comunidad, suspenderemos temporalmente los comentarios en los artículos.