HRW denuncia la exclusión de competidores del presidente tunecino de carrera presidencial

Túnez, 20 ago (EFE).- Las autoridades tunecinas han procesado, condenado y encarcelado a al menos ocho candidatos potenciales a las elecciones presidenciales del 6 de octubre para excluir a los posibles competidores del actual mandatario, Kais Said, que se arrogó plenos poderes en 2021 para "preservar la paz social", denunció este martes Human Rights Watch (HRW).

La cita electoral tiene lugar "en medio de una creciente represión contra la disidencia y la libertad de expresión y en ausencia de controles y equilibrios vitales para los poderes del presidente. Este último ha comprometido la independencia del sistema judicial y ha reformado una serie de instituciones clave tras asumir poderes excepcionales", señaló el subdirector de la división de Oriente Medio y Norte de África de HRW, Bassam Khawaja, en un comunicado.

La comisión electoral, cuya directiva fue nombrada unilateralmente por el dignatario, aprobó sólo tres candidaturas- incluida la de Said- de un total de 17 por la supuesta falta de patrocinios, ausencia de garantías financieras o no cumplir los criterios de elegibilidad pero varios aspirantes apelaron la decisión ante el tribunal administrativo, que rechazó todos los recursos.

Al menos ocho candidatos han sido sentenciados a penas de prisión o prohibición permanente de postularse para cargos públicos desde que comenzó el período electoral el pasado 14 de julio, mientras que otros se han enfrentado a acoso e intimidaciones. Este es el caso del rapero y exyerno del dictador Zine El Abidine Ben Ali, Karim Gharbi, conocido como K2Rhym, condenado a cuatro años de prisión por "compra de patrocinios".

Otros opositores como el exministro Abdellatif Mekki, el presentador de televisión Nizar Chaari, el exjuez Mourad Messaoudi, el coronel retirado Mohamed Adel Dou y la profesora universitaria Leïla Hammami fueron sentenciados a ocho meses de cárcel y prohibición perpetua a presentarse a cargos electos por haber ofrecido presuntamente donaciones para influir a los votantes.

La Justicia dictó también dos años de prisión contra la líder del Partido Desturiano Libre (PDL), Abir Moussi, en base al "represivo" decreto-ley 54 que castiga los rumores y noticias falsas tras una denuncia de la comisión electoral por "difamación".

Candidatos como Ghazi Chaouachi, ex secretario general del partido Corriente Democrática, e Issam Chebbi, secretario general del Partido Republicano, anunciaron su intención de concurrir pese a encontrarse en prisión provisional desde febrero de 2023 junto a una decena de opositores por "complot contra la seguridad del Estado" pero no han podido registrar su candidatura.

Una decena de figuras políticas han denunciado acoso por parte de las fuerzas de seguridad y restricciones a miembros de sus campañas, incluidas detenciones y confiscación de patrocinios, mientras que ocho afirmaron que el Ministerio del Interior les negó el certificado de antecedentes penales, imprescindible para registrarse en el proceso.

Por su parte, el dignatario, que aspira a un segundo mandato de cinco años, ha defendido que "no se presionó a nadie (...) Aquellos que hablan de obstáculos y dificultades buscan sembrar el caos, la discordia y difundir rumores y mentiras".

La nueva ley electoral, modificada por él mismo, endurece los criterios de elegibilidad: ser de confesión musulmana, poseer exclusivamente la nacionalidad tunecina, tener padres y abuelos tunecinos, haber cumplido al menos 40 años y no haber sido condenados por delitos electorales como la financiación extranjera o la compra de votos.

"Al obstaculizar las candidaturas de competidores potenciales, el presidente está enterrando con estas elecciones los últimos vestigios de la democracia tunecina", lamentó Khawaja, que alertó que "la comunidad internacional ya no debería permanecer en silencio y debería instar al gobierno a rectificar un proceso electoral que ya está empañado".

(c) Agencia EFE