Uno cada cinco horas: cómo es la "industria del secuestro" en México

LA NACION

CIUDAD DE MÉXICO.- El secuestro, que se cobra una víctima cada cinco horas en México, es a veces una noticia mundial, como el caso del turista francés y el actor mexicano raptados el último domingo, pero en realidad es un drama silencioso que apenas se denuncia.

El caso de Frederic Michel y Alejandro Sandí -interceptados por hombres armados mientras visitaban un parque nacional- enfatizó la magnitud del problema en México, donde el estado tiene escaso control en amplias porciones del territorio y poderosos criminales operan con impunidad total.

Sin embargo, el caso resulta anecdótico, ya que los extranjeros adinerados, sean turistas o residentes, rara vez son víctimas de este delito que no golpea solo a personas acaudaladas sino a cualquiera que se cruce en el camino de los criminales.

Este año, el primero del gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, se registró una fuerte alza de secuestros, rompiendo una tendencia de casi cinco años a la baja desde un máximo histórico en 2013, según datos de organizaciones civiles.

Los 1142 casos registrados entre enero y octubre, recopilados por varias ONG, representan un repunte del 5,3% frente al mismo periodo de 2018.

"El 2019, de mantenerse la actual tendencia, terminará como el quinto peor año de la historia" en número de secuestros, alerta Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

"La mayor parte de los secuestros se dan en los estados de la costa del Golfo de México (...) eso tiene que ver con mafias de tráfico de personas", apunta por su parte Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo.

Esa región de México es uno de los principales corredores de migrantes indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos, y que son víctimas habituales de secuestros masivos a manos del crimen organizado, explica el experto.

Muchos factores

En lo que va de 2019, sin embargo, entidades del centro del país como el Estado de México -escenario de la abducción de Michel y Sandí-, y la propia Ciudad de México muestran un aumento en la incidencia, cuya real dimensión no consta en las cifras oficiales.

"Aproximadamente hay que multiplicar por cuatro o cinco el dato estadístico, es uno de los delitos que menos se reportan", advierte Roel.

Las causas del incremento son diversas y algunas responderían a decisiones del gobierno de López Obrador, considera Rivas.

El recorte de 33% este año al presupuesto de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) o la estrategia emprendida contra del robo de combustible, que llevó a muchos grupos criminales del centro del país a optar por el secuestro como una alternativa más fácil y rentable, serían algunos de los factores, según el experto.

"Hemos tenido conocimiento de secuestros que se ejecutan por pocos miles de pesos, en donde la víctima puede ser incluso de escasos recursos y que para poder hacer el pago de ese rescate pues verdaderamente sufre", añade Rivas.

Gobierno no responde

El repunte revive oscuros recuerdos de hace 20 años cuando los raptos se tornaron casi una epidemia en México, con casos emblemáticos como el de Daniel Arizmendi López, apodado "el mochaorejas", quien mutilaba las orejas de sus víctimas para presionar a las familias a pagar cuantiosos rescates.

Se estima que Arizmendi llegó a secuestrar y mutilar a unas 180 personas entre 1995 y 1998, casi todas de alto nivel socioeconómico.

En septiembre de 2001, el rapto del empresario Pedro Galindo también sacudió a los mexicanos, pero sobre todo a su esposa María Elena Morera, quien no solo asumió la negociación con los plagiarios hasta liberarlo, sino que se convirtió en activista contra la inseguridad.

Hoy, Morera lamenta que la administración de López Obrador "parece no entender" la importancia de la Conase, ente estatal establecido en 2014 con el fin de organizar y dar seguimiento a las acciones contra este delito, y que permaneció acéfala durante seis meses este año.

"No vemos apertura ni en las designaciones que hace ni en la estrategia", dice la presidenta de la organización Causa en Común, quien señala que el gobierno ha preferido nombrar a personas afines a su visión política pero sin experiencia en el tema.

"Este gobierno no responde al sentido común, a lo que responde es a las lealtades", agrega.

Morera y Rivas ven pocas señales de un cambio de rumbo en la estrategia de López Obrador, pese al evidente incremento del secuestro y otros delitos de alto impacto.

Agencia AFP