Honran memoria de 36 policías asesinados en Colombia

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BOGOTÁ (AP) — La policía realizó el jueves ceremonias religiosas simultáneas en decenas de ciudades colombianas para honrar la memoria de los 36 policías que han muerto en lo que va del año en medio de un recrudecimiento de las acciones violentas contra la institución.

La última víctima fue la patrullera Leidy Sánchez Montoya, de 25 años, quien perdió la vida en la mañana del miércoles en medio de una operación contra el narcotráfico en la zona rural de San Pablo, Bolívar, al noreste del país. Otros cinco policías resultaron heridos.

Con el himno de Colombia de fondo, un sacerdote oró por los policías que “han ofrecido sus vidas por la patria” en una capilla de Bogotá. Luego de la ceremonia religiosa, la institución realizó una calle de honor en la que un grupo de policías sostenían las fotografías de sus compañeros asesinados junto al mensaje “Nos duele a todos”.

El gobierno ha señalado como presunto responsable de la mayoría de los asesinatos al Clan del Golfo, el cártel más peligroso del país, que inició en octubre de 2021 una retaliación por la captura de su máximo jefe Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de “Otoniel”, y se mantuvo luego de su reciente extradición a Estados Unidos.

Según el ministro de Defensa, Diego Molano, el Clan del Golfo estaría detrás de la muerte de 18 policías. Sin embargo, advirtió a la prensa que habría una “unión” de grupos armados que incluyen al Ejército de Liberación Nacional, considerada la última guerrilla activa del país, y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado.

Esta estrategia para atacar a las autoridades podría extenderse al alto gobierno. El director de la policía, general Jorge Luis Vargas, señaló que con información de inteligencia identificaron un plan de las disidencias de las FARC para “atentar contra el señor presidente de la república” ofreciendo un pago de 1,5 millones de dólares y también contra el ministro de Defensa o un general por unos 453.000 dólares.

Molano indicó que los grupos armados ilegales han querido “colocar precio a la vida” de los policías para “posicionarse políticamente para una negociación, lo cual es inaceptable... así sólo sea hasta el 7 de agosto, seguirá toda nuestra fuerza pública a la ofensiva de esos criminales”.

Colombia se encuentra en una transición política. El 7 de agosto terminará el gobierno del conservador Iván Duque e iniciará el de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda del país. Petro ha propuesto reanudar las negociaciones de paz con el ELN y buscar el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, entre ellas el Clan del Golfo.

El aumento de la violencia contra los policías a manos de grupos armados ilegales ha generado rechazo. La víspera, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el homicidio de policías. “Nos solidarizamos con el dolor de sus familias. Urgimos por investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”, indicó la Oficina.

Las autoridades colombianas han intensificado su ofensiva militar contra el Clan del Golfo con un centenar de capturas y operativos en su contra. El jueves fue extraditado a Estados Unidos Jorge Eliécer Castaño Toro, alias “Plástico”, solicitado por una corte federal de Texas por delitos vinculados al narcotráfico. La víspera, se efectuó el mismo procedimiento contra Juan José Valencia Zuluaga, alias “Falcón”, quien presuntamente era el encargado de las finanzas del cártel.

El ministro de Defensa advirtió que reforzarán las medidas de seguridad en varios departamentos ante un posible “paro armado” -una directriz que busca restringir la libre movilidad bajo amenaza- del Clan del Golfo. Tras la extradición de “Otoniel”, en mayo, el cártel paralizó y confinó a varias poblaciones, impidiendo la movilidad y el comercio.

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