Honduras: Jueza dice sustitutos usurpan funciones

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — La jueza Rosalinda Cruz, uno de los cuatro magistrados de la Corte Suprema destituidos por el Congreso en diciembre, sostuvo el jueves que quienes los sustituyan "están incurriendo en usurpación de funciones y el delito traición a la patria".

"El estado de derecho está totalmente roto en Honduras", dijo Cruz en declaraciones a The Associated Press, y aseguró que si el recurso de amparo interpuesto para mantenerse en sus cargos no es resuelto favorablemente, "acudiremos a la justicia internacional".

El conflicto político-institucional que vive Honduras desde que el Congreso Nacional destituyó en diciembre a los cuatro jueces se agravó el jueves cuando cientos de manifestantes impidieron el acceso a la Corte de varios magistrados y demandaron la destitución de todos sus magistrados, mientras la institución posponía el pleno de jueces ante la imposibilidad de reunir a sus miembros.

La única magistrada de corte que logró ingresar al edificio fue precisamente Cruz.

"Si siguen estos hostigamientos es posible que tomemos la determinación de solicitar asilo político en la Embajada de España o en otra Embajada porque esto es una persecución política", dijo Cruz a The Associated Press.

La jueza se presentó en su puesto de trabajo porque "nadie nos ha comunicado oficialmente nuestra destitución, nosotros nos sentimos en nuestro cargo y vamos a enfrentar las intimidaciones que estamos sufriendo".

También afirmó que "no tenemos miedo porque sabemos que tenemos la razón" y que "estamos solicitando medidas de protección porque tememos por nuestra integridad física".

La magistrada añadió que "otros dos jueces destituidos tuvieron que desistir de ingresar al edificio por temor a ser hostigados por la turba, que carga mochilas llenas de piedras".

El cuarto juez destituido se encuentra fuera del país y los jueces nombrados en sustitución de los destituidos no se presentaron a sus puestos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público un comunicado el jueves en Washington pidiendo respeto a la separación de poderes en Honduras y defendiendo la independencia de los jueces destituidos.

"La CIDH ha recibido información de acuerdo a la cual dicha destitución habría estado relacionada con los votos de los magistrados en una decisión que determinó la inconstitucionalidad de una ley. Asimismo, durante el debate que terminó con la destitución de los magistrados, el Congreso habría estado rodeado de fuerzas militares y policiales", dice el comunicado.

El texto hecho público "destaca la importancia del principio de separación e independencia de las ramas de gobierno como un elemento esencial del Estado de Derecho" y señala que las "sanciones disciplinarias que se impongan a un juez o jueza, en ningún caso pueden estar motivadas en el juicio jurídico que se hubiera desarrollado en alguna de sus resoluciones" y que "el principio de independencia exige que las juezas y jueces ejerzan sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, las partes del proceso, los actores sociales y otros órganos vinculados a la administración de justicia".

Marco Antonio Bhady, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos de Honduras que organizó decenas de autobuses para bloquear la Corte dijo "estamos manifestándonos en contra de que se reintegren a labores los magistrados culpables del desorden judicial y responsables de leyes que perjudican a los campesinos y contrarias a la depuración policial porque están coludidos con los poderes fácticos y contra el pueblo".

Bhady afirmó que "los queremos a todos fuera, exigimos la separación de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal general del Estado y de otros actores del Ministerio Público porque con esta justicia el país no puede avanzar y explicó que el 3 de enero comienza un proceso de limpieza de todos los elementos nocivos en la justicia hondureña".

Berta Centeno, una manifestante, dijo a la AP que "nos dijeron que nos iban a dar 100 lempiras (equivalente a 5 dólares) y un pollo para comer, y ya nos vamos porque no nos dieron nada".

Los jueces han presentado un recurso de amparo contra su destitución.

Tomás Zambrano, miembro de la Comisión que propuso su destitución en el Congreso Nacional, dijo que "la presentación del recurso de amparo implica reconocimiento de la destitución".

Se esperaba que la corte reanudase labores el jueves después del período vacacional.

Siete magistrados de la corte se manifestaron públicamente en apoyo de los destituidos a través de un comunicado: "Consideramos que la (destitución) no es consecuente con la institucionalidad democrática y atenta contra la independencia del poder judicial", decía el texto.

El Defensor del Pueblo de Honduras, Ramón Custodio informó en rueda de prensa en la sede del Consejo Nacional de los Derechos Humanos que en diciembre solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección para los magistrados destituidos así como la visita de una misión de la institución al país para informarse debidamente sobre lo sucedido.

El Congreso Nacional destituyó a los 4 magistrados de la Corte Suprema esgrimiendo "causas legales", único motivo junto a la dimisión o el fallecimiento que puede separar a un magistrado de su cargo, pero Custodio explicó que "las causas legales deben estar justificadas y explicadas. Si alguien comete un delito, quien tiene pruebas de su comisión está obligado a presentarlas ante la justicia y eso aquí no ha sucedido".

Añadió que "hay irrespeto de los derechos humanos de los magistrados, del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia" y que "está preocupado por la seguridad personal de los magistrados".

Custodio también explicó que en esta situación, la Corte no puede reunir su pleno.

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