Honduras intenta estructurar una nueva policía sin vínculos con criminales

Noe LEIVA
1 / 2

Miembros de la policía hondureña trabaja en las calles de Tegucigalpa, el 11 de abril de 2017

Miembros de la policía hondureña trabaja en las calles de Tegucigalpa, el 11 de abril de 2017 (AFP | ORLANDO SIERRA)

El gobierno de Honduras, un país golpeado por la violencia criminal, cumple este miércoles un año desde que inició la formación de una nueva policía, luego de que altos mandos de la institución fueran destituidos por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

El proceso lo lleva a cabo la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía, nombrada el 12 de abril del 2016 por el presidente Juan Orlando Hernández con tres miembros de la sociedad civil y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco.

"La construcción de nueva policía va caminando y no nos vamos a detener", proclamó recientemente el presidente. "Este es un proceso de mediano y largo plazo", añadió.

Tras la evaluación de 9.234 miembros, fueron destituidos 3.919 agentes y oficiales en marzo pasado, anunció la Comisión en un informe. Antes, había anunciado la incorporación de 4.063 efectivos para el reemplazo y planes de elevar a 26.000 el número de miembros en 2022.

- Fuerzas infiltradas -

La Comisión fue organizada al trascender en la prensa local y estadounidense que los miembros de la cúpula policial, pagados por narcotraficantes, mandaron a matar al zar antidrogas, Julián Arístides González, en 2009 y al asesor en seguridad Alfredo Landaverde en 2011.

La Comisión da seguimiento "a los procesos de investigación criminal de los agentes y oficiales cancelados (cesados, ndlr) con indicios de haber cometido delitos y crímenes", aseguró el miembro de la Comisión, Ormar Rivera.

Agentes consultados por la AFP que pidieron no revelar sus nombres aseguraron que el riesgo de volver a caer en la corrupción persiste por los bajos salarios, citando como ejemplo que un agente recibe unos 300 dólares al mes, aunque reconocieron que las condiciones han mejorado, sobre todo las instalaciones y la dotación de uniformes y armas.

- Víctimas inocentes -

Uno de los oficiales "depurados", comisionado Henry Osorto, aseguró a la AFP que "no se siguió el debido proceso" y "han sacado gente inocente que no ha tenido participación en ningún delito".

"Hay grandes intereses" en la depuración, "lo que se está ventilando es que políticos han sido los principales colaboradores" del narcotráfico, afirmó Osorto.

El pasado 6 de marzo, al comparecer en una corte de Nueva York, un exjefe del poderoso cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, involucró en la logística para el tráfico de drogas al expresidente (2010-2014) Porfirio Lobo y al ministro de Seguridad actual, Pacheco.

También mencionó a un hermano del actual presidente, el diputado Antonio Hernández, además de militares y políticos. Todos rechazaron los señalamientos.

Desde que asumió en enero de 2014, Hernández anunció una ofensiva contra los carteles de drogas, las pandillas y otros criminales con el argumento de bajar la tasa de homicidios, para lo cual también incorporó a las fuerzas armadas en las tareas policiales.

Honduras registra una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi nueve veces el promedio mundial establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 6,7 por 100.000.

Siete de cada diez homicidios son atribuidos por el gobernante al narcotráfico, que utilizan al territorio hondureño para enviar drogas a Estados Unidos.

El 22 de marzo pasado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) Reconoció que desde 2011 se redujo en 30% la tasa de homicidios, pero recomendó que "el despliegue de fuerzas militares para realizar funciones de seguridad ciudadana debe hacerse solamente en circunstancias excepcionales, ser limitado en el tiempo".