Honduras dividida y doblada por el COVID-19 tras 11 años del golpe de Estado

Agencia EFE

Tegucigalpa, 27 jun (EFE).- Luego de 11 años del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente Manuel Zelaya, Honduras sigue social y políticamente dividida y con más problemas, que se han agudizado con la pandemia de la COVID-19, que oficialmente en tres meses y medio ha dejado 471 muertos y 15.994 contagios.

La crisis económica, política y social demuestra que los hondureños han dejado pasar once años sin ser capaces, gobernantes y gobernados, de poner a su país, con más del 60 % de pobres de sus casi 9,5 millones de habitantes y una precaria economía, en la ruta hacia el desarrollo.

GOBERNANTES ENTRE LOS PRINCIPALES CULPABLES

Analistas coinciden en que los principales culpables de lo mal que ha vivido Honduras en casi 200 años de Independencia de la Corona española, han sido muchos de sus gobernantes, ambiciosos de poder y corruptos, que cada cuatro años hacen promesas a granel, de las que muchas han sido solo eso.

El estancamiento del país en gran medida se debe, además, a que la mayoría de los gobernantes no han apostado lo suficiente en educación y salud, servicios que son precarios y que, de nuevo, han sido evidenciados en los casi cuatro meses de pandemia.

La falta de educación, la indiferencia, incluso negligencia, han sido la causa para que muchas personas, sin usar ningún tipo de protección, hayan contraído la mortal enfermedad en las dos ciudades más importantes, San Pedro Sula, en el norte del país, y Tegucigalpa, la capital, en el centro, según ha dicho a Efe en la víspera el científico hondureño Marco Tulio Medina.

La clase política hondureña durante mucho tiempo también se aprovechó de la falta de educación de los pobladores, quienes durante más de un siglo han votado en su mayoría por los centenarios y conservadores partidos Nacional, en el poder, y Liberal.

ALTO GRADO DE CORRUPCIÓN

Otro flagelo de vieja data en Honduras es una galopante corrupción, que en buena parte ha sido la causa de la pobreza, según diversos sectores, entre ellos la iglesia católica.

La corrupción, incluso ha salpicado al actual Gobierno, que preside Juan Orlando Hernández, en denuncias de organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), entre otras.

La denuncia más reciente la hizo el pasado día 24 la ASJ sobre la compra de materiales y equipo, entre otros, por parte de la oficial Inversión Estratégica Honduras (INVEST-H), encargada de realizar los procesos de obras, bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El director ejecutivo de INVEST-H es Marco Bográn, quien esta semana fue interpelado por el Parlamento, en una sesión virtual, en la que reiteró su rechazo a las acusaciones.

"Los análisis concluyen que INVEST-H no ha desempeñado adecuadamente su función de manejar transparente y efectivamente la responsabilidad de usar los más de 80 millones de dólares invertidos en responder a la pandemia de la COVID-19, y el resultado es que podría poner en riesgo la vida de millones de hondureños", señaló la ASJ.

El mismo Gobierno de Zelaya, quien fue derrocado cuando promovía reformas políticas que la ley le impedía, fue salpicado por denuncias de corrupción que siempre ha rechazado.

Oficialmente, en el país no ha habido suficiente voluntad política para combatir la corruptela, lo que fue ratificado en enero al no ser renovado el acuerdo para la continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Zelaya llegó al poder el 27 de enero de 2006 bajo la bandera del Partido Liberal, pero a raíz de su derrocamiento renunció a ese instituto político y luego de más de un año en el exilio regresó y pasó a ser coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), surgido después del golpe de Estado, que respaldaron las principales fuerzas políticas, los militares y la empresa privada.

Desde las elecciones generales de 2013, Libre es la primera fuerza de oposición en el Parlamento con 30 diputados, relegando desde entonces a la segunda al Partido Liberal.

CONTINÚA LA DIVISIÓN ENTRE LOS HONDUREÑOS

El derrocamiento de Zelaya causó una gran división política y social entre "golpistas" y "golpeados", que no logran reconciliarse.

Esa división se suma a otros problemas graves como desempleo, pobreza, violencia, corrupción, inseguridad, narcotráfico -que desde EE.UU. ha salpicado a los últimos dos presidentes, Hernández y Porfirio Lobo-, injusticia e inclusión social, entre otros.

Varios intentos de un "diálogo nacional", después del golpe de Estado, incluso con la mediación internacional, han fracasado.

Para agudizar la situación, la clase política, que crea problemas que después no resuelve, sumó otra crisis en noviembre de 2017 con la reelección, mediante un presunto fraude, de Juan Orlando Hernández en unos polémicos comicios porque la Constitución no permite eso bajo ninguna modalidad.

Esa segunda crisis tampoco ha sido superada. Por el contrario, agudizó la situación con una oposición encabezada por Manuel Zelaya promoviendo una "insurrección popular" para sacar del poder a Hernández, quien fue hospitalizado la semana pasada por haber contraído la COVID-19, lo que dudan diputados opositores.

CRISIS POR NUEVO CÓDIGO PENAL

La tercera crisis política en los últimos once años en el país, que retornó a la democracia en 1980, surgió esta semana, cuando diputados de la oposición, entre propietarios y suplentes, constituyeron una especie de parlamento paralelo al que preside Mauricio Oliva, del gobernante Partido Nacional.

La oposición instaló el día 24 una sesión virtual para "derogar" el nuevo Código Penal hondureño, que entró en vigor el 25, pese a la petición de diversos sectores para que se pospusiera, aduciendo que favorece a los corruptos y violenta los derechos humanos.

Oliva calificó de ilegal la sesión de la oposición y reiteró que el nuevo Código Penal ya es ley, mientras que el Ejecutivo envió el viernes al Legislativo una petición para que la norma jurídica sea derogada, informó el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.

El nuevo Código Penal al parecer ha provocado una división en el Partido Nacional, que ahora también aboga porque su vigencia sea prolongada, en un ambiente previo a las elecciones internas de partidos de marzo de 2021, año en el que, además, en noviembre, se celebrarán comicios generales.

Para empeorar la situación, el país lleva casi cuatro meses de pandemia con una clase política carente de verdaderos líderes, que está más enfrascada en sus asuntos que en la lucha contra la COVID-19, incluso con declaraciones del exfiscal general Ángel Edmundo Orellana en el sentido de que Hernández tendría intenciones de una nueva reelección en 2021. Hernández ha reiterado que no lo hará, aunque la oposición no le cree.

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