Homs, inhabilitado año y medio para cargo público por la consulta del 9-N

MADRID (Reuters) - El exconsejero de presidencia de la Generalitat y hoy diputado en el Congreso español Francesc Homs fue condenado el miércoles a un año y un mes de inhabilitación para cargo público por permitir una consulta independentista en Cataluña en 2014, informó el Tribunal Supremo. En un nuevo revés judicial a las autoridades independentistas catalanas, la sentencia condena a Homs por desobediencia grave, imponiéndole una multa de 30.000 euros por considerar que era consciente de que estaba desacatando al Tribunal Constitucional que había prohibido el referéndum a instancias del Gobierno español. "La idea de que la excesiva amplitud del mandato oscurecía el ámbito de lo prohibido encierra un inaceptable sofisma. Entender que cuando el mandato lo abarcó todo, en realidad no abarca nada, carece de sentido", señala la sentencia del Tribunal Supremo. Durante un juicio que él calificó de político, Homs alegó que la sentencia que prohibía la consulta del 9 de noviembre de 2014 carecía de claridad y que por ello el Gobierno catalán permitió que siguiera adelante organizada por voluntarios. El político del Partido Demócrata Europeo Catalán, que según la normativa parlamentaria será suspendido como diputado al haber una sentencia firme, ha sido absuelto del delito de prevaricación, por el que la Fiscalía pedía nueve años de inhabilitación. "Condenar por poner las urnas es un error y una debilidad del Estado español. Hoy ganamos y seguiremos ganando", dijo Homs en su cuenta de Twitter tras conocerse el fallo. "Sólo me debo al pueblo catalán, que es quien me ha elegido diputado", añadió. La sentencia es la segunda en relación con el 9-N después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilitara durante dos años, también por desobediencia, al expresident de la Generalitat Artur Mas y a dos de sus consejeras. La resolución conocida hoy cobra además importancia porque ante el Supremo han recurrido los tres políticos nacionalistas su condena del TSJC, alegando que vulneraba los derechos constitucionales de participación y expresión. Las aspiraciones de las autoridades catalanas a celebrar un referéndum sobre la independencia se han topado reiteradamente con el rechazo del Gobierno español, que apela a la unidad indivisible de España recogida en la Constitución. En el último desafío al Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy, el miércoles el Parlamento soberanista de la rica región del este de España aprobó los presupuestos para 2017, que incluyen una partida para celebrar otra consulta, esta vez vinculante, antes de septiembre de este año.