Holanda: tras el escándalo de los subsidios de la pandemia, el oficialismo se imponía en las elecciones generales

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El primer ministro en funciones, Mark Rutte, momentos antes de votar
PIROSCHKA VAN DE WOUW

AMSTERDAM,- El conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) del primer ministro Mark Rutte, se impuso este miércoles en las parlamentarias logrando 35 escaños, dos más que en las elecciones pasadas, según los primeros sondeos a boca de urna, que revelaron también una participación del 81%.

Rutte se presentaba como favorito para estas elecciones, en especial gracias a su gestión de la pandemia, pese a que dos meses antes el que era su tercer gabinete tuvo que dimitir. La renuncia se dio tras un escándalo relacionado con las políticas de ayudas sociales que muchas familias debieron devolver luego de ser injustamente acusadas de fraude.

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“Hemos estado ocupados en ganar desde el primer día”, dijo la líder de campaña del VVD, Sophie Hermans, y subrayó a la cadena pública NOS que el país “expresó en esta crisis sin precedente su confianza en Mark Rutte”.

La segunda fuerza más votada fue D66, con 27 escaños, ocho más que en las anteriores parlamentarias de 2017. Por su parte, la extrema derecha del Partido de la Libertad (PVV) ocuparía 17 asientos de la Cámara baja, una pérdida de tres diputados, al igual que los democristianos del CDA, quienes tendrán 14 bancas, cinco menos que hace cuatro años.

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Entre las 37 formaciones políticas que participaron, obtuvieron también representación el Partido Laborista, con nueve escaños; los verdes de GroenLinks, que con una pérdida de seis escaños se quedarían con ocho, y el Partido Socialista, también con ocho escaños.

Entre los partidos minoritarios que habrían obtenido mejores resultados estaría la extrema derecha de Foro por la Democracia, con siete diputados -cinco más que en 2017-, el Partido de los Animales, con seis bancas, y el proeuropeo Volt, que se estrena en la Cámara baja con cuatro escaños.

Una investigación parlamentaria de diciembre pasado halló que miembros del servicio tributario, con supervisión del gobierno, habían llevado a miles de familias a la ruina financiera con acusaciones infundadas de fraude.

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El reporte de la investigación dijo que cerca de 10.000 familias habían sido obligadas a devolver decenas de miles de euros en subsidios, lo que provocó desempleo, bancarrotas y divorcios. Describió el mal manejo, que se extendió durante una década, como una “injusticia sin precedentes”.

El escándalo, además de revelar fallas en la autoridad fiscal, sometió a vigilancia extrema a un total de 26.000 familias que recibían esas ayudas. En busca de posibles fraudes, se incurrió en discriminación al investigarlos sobre todo en función de su origen, ya que la mayoría eran de ascendencia turca o marroquí.

El caso llevó a la renuncia del tercer gabinete del primer ministro Rutte, pero cuatro meses después no se vio afectado en las urnas.

Agencias DPA y AFP