Por qué Haití sigue hundido en la miseria tras recibir 13.000 millones de dólares en ayuda extranjera

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El centro de Puerto Príncipe, Haití, después del terremoto, el 9 de febrero de 2010. (Lynsey Addario/The New York Times)
El centro de Puerto Príncipe, Haití, después del terremoto, el 9 de febrero de 2010. (Lynsey Addario/The New York Times)

Las calles de Haití estuvieron obstruidas durante meses con manifestantes furiosos que quemaron neumáticos, irrumpieron en bancos y robaron tiendas. Las pandillas, a veces con el permiso tácito de la policía, han secuestrado monjas, vendedores de frutas e incluso colegialas para pedir rescates.

Y luego el miércoles, el país cayó en un descontrol todavía más profundo cuando en la mitad de la noche un convoy de hombres armados irrumpió sin ningún pudor en la casa del presidente, Jovenel Moïse, y lo mató a tiros.

Casi siempre que los haitianos creen que sus circunstancias no pueden empeorar, parece que la nación da otro giro siniestro y ahora se está balanceando en el borde de un vacío político, sin un presidente, un Parlamento ni una Corte Suprema que funcione.

Durante décadas, el atolladero del país lo ha puesto cerca de la cima de una lista de naciones, como Afganistán y Somalia, que han captado la imaginación del mundo por sus niveles de desesperanza. Bajo la sombra del país más rico del mundo, la gente se pregunta: ¿cómo le pudo pasar esto a Haití?

La atribulada historia de Haití es profunda, con raíces en una excolonia de esclavos de Francia que obtuvo su independencia en 1804, después de derrotar a las fuerzas de Napoleón Bonaparte, y luego sufrió más de dos décadas de una brutal dictadura, que terminó en 1986.

Luego, después de que un terremoto devastó el país en 2010, un influjo de ayuda internacional y fuerzas de paz tan solo parecieron empeorar los infortunios y la inestabilidad del país.

Los fracasos de Haití no han ocurrido en un vacío; han recibido la ayuda de la comunidad internacional, la cual ha inyectado 13.000 millones de dólares para ayudar a la recuperación del país en la última década. Sin embargo, en vez de la construcción nacional que supuestamente se lograría con el dinero recibido, las instituciones de Haití se han vuelto cada vez más vacías en años recientes.

Una ciudad de tiendas de campaña al interior de un estadio de fútbol en Puerto Príncipe, Haití, después del terremoto, el 3 de febrero de 2010. (Ruth Fremson/The New York Times).
Una ciudad de tiendas de campaña al interior de un estadio de fútbol en Puerto Príncipe, Haití, después del terremoto, el 3 de febrero de 2010. (Ruth Fremson/The New York Times).

El año pasado, cuando el presidente permitió que el periodo del Parlamento expirara, dejó a Haití con once representantes electos —Moïse y diez senadores— para una población de 11 millones de personas, lo cual desencadenó una fuerte condena de Washington, pero poca repercusión. Durante el último año y medio, hasta su asesinato, Moïse gobernó cada vez más por decreto.

Haití no es tanto un Estado fallido como lo que un analista nombró como “Estado de ayuda”: subsiste a duras penas gracias a los miles de millones de dólares de la comunidad internacional. Los gobiernos extranjeros no han querido cerrar el grifo, por temor a permitir el fracaso de Haití.

No obstante, el dinero ha servido como un salvavidas complicado, pues ha dejado al gobierno con pocos incentivos para llevar a cabo las reformas institucionales necesarias para reconstruir el país, pues siempre le apuesta a que, cuando empeore la situación, los gobiernos internacionales abrirán sus arcas, según analistas y activistas haitianos.

La ayuda ha apoyado al país y sus líderes, pues ha brindado servicios vitales y suministros en un país que ha necesitado con urgencia inmensas cantidades de ayuda humanitaria. Sin embargo, también ha permitido el descontrol de la corrupción, la violencia y la parálisis política.

Aunque lo nieguen, los políticos haitianos históricamente han dependido de las pandillas para que influyan a su favor en las elecciones y para expandir su territorio político. En los últimos tres años de la presidencia de Moïse, más de una decena de masacres de pandillas vinculadas con el gobierno y las fuerzas policiales han asesinado a más de 400 personas en vecindarios que no apoyan al gobierno y han desplazado a 1,5 millones de personas, pero todavía no se ha responsabilizado a nadie de los crímenes.

Cuando explota un escándalo político o de derechos humanos, el gobierno estadounidense lanza condenas similares a figuras de papel.

Los líderes de la sociedad civil haitiana aseveran que, en vez de aceptar el largo camino de las reformas y crear un sistema que funcione, Estados Unidos ha apoyado a caudillos y ha amarrado el destino de la nación a ellos. Muchos haitianos denunciaron en repetidas ocasiones el apoyo de Estados Unidos a Moïse, pero señalaron que tenían poco poder para detenerlo.

“Desde 2018, hemos pedido rendición de cuentas”, comentó Emmanuela Douyon, experta en política haitiana que rindió testimonio en el Congreso de Estados Unidos este año, donde instó a Washington a cambiar su política exterior y estrategia de ayuda hacia Haití.

“Necesitamos que la comunidad internacional deje de imponer lo que crea correcto y mejor considere el largo plazo y la estabilidad”, opinó Douyon en una entrevista.

Estados Unidos debe condicionar la ayuda a Haití a que sus líderes limpien y reformen las instituciones del país, según Douyon y otros analistas. Además, las figuras poderosas deben ser responsabilizadas de la violencia y la corrupción que permea en todos los aspectos del país.

El asesinato de Moïse, ocurrido el miércoles, enfatizó otro capítulo más en la década violenta del país. Los asesinos que asaltaron el recinto de Moïse mataron a un presidente que llegó al poder en 2016, tras ganar las elecciones con apenas unos 600.000 votos. Tan solo el 18 por ciento del electorado ejerció el voto y hubo acusaciones generalizadas de fraude.

Sin embargo, Estados Unidos apoyó al líder impopular y controvertido, incluso en medio de peticiones para que dimitiera en 2019, cuando se descubrió que la ayuda internacional que se le había dado al gobierno había desaparecido.

En febrero, Moïse insistió en que se iba a quedar un año más como presidente porque se le había impedido asumir el puesto durante ese tiempo, mientras se investigaban las acusaciones de fraude electoral. A pesar de que los líderes de la sociedad civil exigieron su renuncia, Washington lo respaldó. Se le criticó por considerar que aferrarse así al poder era inconstitucional y esto provocó que el descontento hirviera en las calles y expuso a la capital, Puerto Príncipe, a más incertidumbre y violencia.

Con el respaldo continuo de Estados Unidos, Moïse se había vuelto cada vez más autocrático, como cuando el año pasado aprobó una ley antiterrorismo tan amplia que podía ser usada en contra de su oposición.

A inicios de este año, Moïse declaró que iba a redactar una nueva Constitución, para darle más poderes al ejército y permitir que los presidentes futuros pudieran postularse para un segundo periodo consecutivo. Moïse organizó un referendo sobre la Constitución y unas elecciones nacionales para septiembre, a pesar de las advertencias de que realizar elecciones en medio de tanta violencia iba a detener la participación de los votantes e iba a llevar al poder a las mismas figuras políticas que han causado las penurias de Haití. No obstante, Estados Unidos apoyó los planes de Moïse.

“Es difícil pensar en el momento presente como una oportunidad, pues es probable que cree más caos”, opinó Alexandra Filippova, abogada sénior del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, una organización que brinda representación legal para las víctimas de abusos a los derechos humanos.

“Si Estados Unidos y otros socios internacionales de verdad quieren ayudar a Haití, deben escuchar a la sociedad civil haitiana y tomar el camino difícil: construir un cimiento real para la democracia”, comentó Filippova.

© 2021 The New York Times Company

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