Guernica: a una semana del desalojo, entre el volver a empezar y el censo de los sin techo

Inés Beato Vassolo
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A los 47 años, Vilma Enríquez empieza de nuevo. A una semana del desalojo de la toma de tierras de Guernica, Enríquez recuperó la posesión de sus 30 hectáreas, pero su campo no es el mismo: hay pozos, zanjas, basura y restos de materiales de construcción; cortaron árboles y hay menos ganado. Estima que le robaron 30 animales durante los más de tres meses que duró la ocupación del predio.

El predio está vacío y es custodiado por un numeroso equipo de policías bonaerenses y un grupo federal especializado. Hay un móvil de seguridad en cada calle que desemboca en el descampado, y otros tantos distribuidos en el perímetro de las 100 hectáreas en donde se gestó la toma. De momento, el ministerio de Seguridad bonaerense no tiene fecha límite para retirarse del lugar. "Estarán ahí hasta que se tranquilice todo", confirmó a LA NACION uno de los fiscales de la causa.

Guernica: detuvieron a cuatro nuevos ocupantes, luego de restituirse los terrenos

De los cuatro titulares a quienes la fiscalía les restituyó sus terrenos, Enríquez es la única que convivió con la usurpación, ya que vive en Guernica, con su familia, hace más de 40 años. Desde septiembre, su casa -ubicada sobre la calle Juan de Dios- está custodiada las 24 horas, por orden judicial.

"Viví un infierno. Las amenazas eran constantes, intentaron quemarme la casa, me robaron los animales. Incluso, en un intento de robo, le dispararon a uno de mis seis hijos, de 26 años. Viví con miedo a que les pasara algo", expresó Enríquez, en diálogo con LA NACION.

La mujer cría ganado junto a su familia, como autosustento y para una pequeña comercialización. "Ahora no puedo vender nada porque quedaron todos muy flacos, no tenían para pastar ni para moverse. A nadie le importó si nosotros podíamos comer. Vieron el campo y pensaron que teníamos plata, pero no tenemos nada", se lamentó Enríquez, a quien el municipio de Presidente Perón le gestionó un abogado para avanzar con la causa.

Hoy, con el predio vigilado, la familia se siente tranquila, aunque le "inquieta" pensar que los ocupantes puedan volver a entrar. Con restos de alambre que quedaron del parcelamiento de la toma, cercaron su propiedad para protegerla y ratificar su posesión. "Nunca pensé en irme, y menos lo haré ahora. Sé que cuento con la policía y con la Justicia, que hicieron un trabajo excepcional", concluyó la oriunda de Guernica.

Asistencia para las familias desalojadas

A pocas cuadras de la casa de Enríquez, sobre la calle Entre Ríos, el control policial se intensifica porque el Ministerio de Desarrollo Social instaló carpas, en el perímetro de lo que supo ser la toma, para continuar con la asistencia de las familias que fueron desalojadas. Es una de las tres sedes que dispuso el ministro Andrés Larroque para atender a aquellas personas. La segunda se encuentra al lado del municipio peronense, en el mismo lugar en donde se montó el dispositivo interministerial que trabajó en las negociaciones durante la toma; la última, es en un refugio municipal.

"Además de las 734 familias con las que se estaba trabajando -que habían firmado un acuerdo de retiro voluntario de la toma-, se acercaron 235 familias más, desde el día del desalojo", confirmó Larroque a LA NACION desde el descampado. Además, según indicó el funcionario, 121 de esas familias no figuraban entre los ocupantes del primer censo, que se hizo a mediados de septiembre, sino que llegaron después al lugar.

El Ministerio de Desarrollo Social trabaja, caso por caso, para determinar si otorga un subsidio para el alquiler de quienes piden asistencia -por un monto inicial de 15.000 pesos-, o si les construye una vivienda móvil, que luego podría ser trasladada a los 3000 lotes con servicios que prometen poner a disposición en Presidente Perón, en seis meses.

"Este dispositivo va a estar funcionando en territorio por, al menos, dos semanas más, y después seguirá el trabajo. Dentro de cuatro a seis meses van a estar los lotes, y eso va a exigir una supervisión fuerte", sostuvo Larroque, e indicó, también, que está "buscando mecanismos para dar solución a los propietarios que sufrieron daños", como en el caso del robo de ganado de Enríquez.

Las organizaciones sociales descartan volver al lugar

A pesar de que se mantiene la tensión y la incertidumbre por una posible reincidencia de la toma, las organizaciones sociales que continúan, junto a los delegados de las familias, su reclamo ante la Provincia, descartaron que existan planes para volver a Guernica. Fuentes de Polo Obrero dijeron a LA NACION que "no es la idea volver a tomar el predio, pero hay que seguir reclamando para que el Gobierno ponga sobre la mesa las tierras que dice tener para los vecinos". El miércoles pasado, los grupos de izquierda se manifestaron en La Plata, frente a la gobernación bonaerense, para insistir en el pedido de una mesa de diálogo con el gobernador Axel Kicillof.

A fines de septiembre, el gobernador bonaerense presentó el Plan de Suelo, Vivienda y Hábitat, que prevé una inversión para la Provincia de 190.186 millones de pesos en urbanización, construcción de viviendas y entrega de lotes, entre 2020 y 2023. En ese sentido, Larroque dijo a LA NACION que "no hay razón para retomar la ocupación, porque el Estado ya no está replegado".

"La consigna policial va a seguir porque no descartamos que haya algún intento de toma en el corto plazo. Pero, habiéndose iniciado el Plan de Hábitat, lo lógico sería que las organizaciones canalizaran sus demandas por la vía institucional", concluyó el funcionario.