Guatemala: lucha anticorrupción agoniza con salida de fiscal

GUATEMALA-CORRUPCION (AP)
GUATEMALA-CORRUPCION (AP)

La destitución del fiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) el pasado viernes parece haberle dado la estocada final a una lucha anticorrupción que durante casi 15 años se había fortalecido con investigaciones y procesos penales a actores que poco o nunca se había tocado en el país, entre ellos presidentes.

Elvyn Díaz, abogado y vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, dice que hay factores importantes que deben leerse tras las destitución de Sandoval. El primero es que tras la acusación de la fiscal general Consuelo Porras de que él ideologizaba la justicia, “¿qué va a pasar con los procesos investigados'? ¿Cómo quedan? El punto de acabar con el fiscal que lideraba las investigaciones es bloquear lo que se investigaba”, agrega.

La segunda lectura del abogado es que con el poder y colusión entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación “no descartaría la criminalización y manipulación de sistemas acusatorios para afectar a Sandoval y a los jueces que resolvieron casos llevados por la FECI”.

El excomisionado colombiano Iván Velásquez, quién lideró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas que trabajó junto a FECI las investigaciones anticorrupción por 12 años, hasta su salida en 2019, piensa a su vez que “La situación de la lucha anticorrupción se agrava”.

“Solo tiene reversa si la comunidad internacional suspende toda ayuda al Ministerio Público y aísla a la fiscal general, que tiene de aliado a todo el poder político corrupto del país. Dependerá de los guatemaltecos y su fuerza para defender la democracia y encontrar una salida”, asegura Velásquez a The Associated Press

En junio pasado, la vicepresidenta estadunidense Kamala Harris llegó a Guatemala y anunció la creación de una fuerza de tarea anticorrupción regional, uno de los flagelos que producen migración hacia su país, y mostró su apoyo a Sandoval y la FECI. El domingo Antony Blinken secretario del Departamento de Estado estadounidense, refrendó ese apoyo y dijo que la destitución de Sandoval “socava el estado de derecho y fortalece la impunidad”.

The Associated Press confirmó que fiscales estadounidenses que coadyuvarían en investigaciones ya estaban trabajando casos anticorrupción en el país junto a Sandoval y la FECI.

El domingo Porras y Sandoval cruzaron señalamientos en los que la primera señalaba que el fiscal era parcial en sus investigaciones y éstas estaban sujetas a su ideología; además demeritó el trabajo hecho por la FECI diciendo que las investigaciones habían sido dirigidas a enemigos del fiscal.

Sandoval por su parte acusó a Porras de bloquear el trabajo de la FECI con el fin de favorecer a funcionarios de gobierno de investigaciones que incluyen al mismo presidente Alejandro Giammattei, quien ha expresado su amistad con Porras. El gobierno salió a negar los señalamientos diciendo que era respetuoso de la autonomía de la fiscalía.

El lunes Sandoval reveló a medio locales que una de las investigaciones que estaban en curso era sobre información de ciudadanos rusos que habrían trasladado dinero en efectivo hacia la casa del mandatario entre abril y mayo de este año. "Era información que llegó a la fiscalía. Estábamos por iniciar las investigaciones preliminares. Sin embargo, el tema era cómo presentarlo a la Fiscal General, pues cada vez que tocábamos al Ejecutivo se molestaba”, aseguró Sandoval a la radio Emisoras Unidas.

“La destitución confirma el temor de varios meses atrás, que a pesar de haber expresado su interés por colaborar con la agenda anticorrupción, al final la agenda del gobierno guatemalteco es otra”, dijo Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group.

Durante su gestión como jefe de la FECI, Sandoval lideró un equipo de fiscales que investigaron casos de trascendencia como las acusaciones de corrupción contra el expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y su gabinete, quienes debieron dejar el cargo y están en prisión.