Guatemala incumple sentencias por masacres, dicen familiares de víctimas

La bandera nacional de Guatemala izada a media asta en Ciudad de Guatemala, el 8 de octubre de 2012 (AFP/Archivos | Johan Ordóñez)

Familiares de víctimas y sobrevivientes de dos masacres cometidas durante la guerra civil de Guatemala acusaron este lunes al Estado guatemalteco de incumplir las sentencias de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Las denuncias se hicieron durante la visita de una delegación de la Corte IDH a las comunidades indígenas Plan de Sánchez y Pacux, en el norteño departamento de Baja Verapaz, donde ocurrieron las matanzas.

"Es una lástima la vida de nosotros aquí", lamentó frente a periodistas Braulio Chen, en la colonia Pacux del municipio de Rabinal, donde se ubican sobrevivientes de una serie de matanzas perpetradas por el ejército en la comunidad Río Negro en los años 80.

Chen indicó que carecen del servicio de agua potable y reciben mala atención en el centro médico de la localidad, entre otras carencias que contravienen la sentencia emitida por la corte el 4 de septiembre de 2012.

"El Estado tiene que cumplir con la gente", agregó el representante de las víctimas, visiblemente molesto.

La comitiva de la Corte IDH, encabeza por su presidente, el brasileño Roberto Caldas, también visitó la aldea Plan de Sánchez, en el mismo municipio, donde el 18 de julio de 1982 una patrulla militar masacró a casi 300 indígenas.

La matanza ocurrió durante el régimen de facto del exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien pasa sus días postrado en su residencia por problemas médicos y demencia. El anciano militar enfrenta un accidentado proceso por el genocidio de indígenas mayas-ixiles en el norte del país.

El viernes, víctimas del conflicto armado que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 denunciaron ante la corte obstáculos por parte del Estado para cumplir 14 sentencias sobre crímenes perpetrados durante el conflicto.

El conflicto armado guatemalteco dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado de 93% de las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período.