Guatemala: 90 organizaciones piden renuncia fiscal general

SONIA PÉREZ D.
·2  min de lectura

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Noventa organizaciones sociales, educativas y de derechos humanos, entre otras, pidieron públicamente el miércoles la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras.

Las organizaciones acusaron a Porras de haber contratado a la exfiscal Karin Orellana Pinto, con presuntos vínculos con el narcotráfico, para investigar a un fiscal encargado de importantes casos de corrupción.

La pareja de Orellana Pinto fue detenido 12 días atrás para ser extraditado a Estados Unidos por presunto narcotráfico. Cuando fue capturado estaba acompañado por la abogada.

La exfiscal fue contratada por Porras y fungió al menos un mes y medio durante el cual tuvo acceso a información de casos contra el fiscal Juan Francisco Sandoval y personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que investiga casos de corrupción de alto nivel que involucran a funcionarios, empresarios y jueces.

Las organizaciones que pidieron la renuncia dijeron que Porras actuó de forma “maliciosa” contra Sandoval y el personal de la FECI.

“Es inaceptable que la Fiscal General haya nombrado a una persona vinculada al crimen organizado para investigar y perseguir al fiscal Sandoval con base en denuncias espurias”, dijeron en un comunicado de prensa.

Sandoval tiene más de 25 denuncias presentadas por personas acusadas y procesadas por corrupción y por sus amigos y familiares.

La FECI fue la fiscalía que junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala acusó, detuvo y logró que se enviara a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción.

Las organizaciones acusaron a Porras de ordenar a la FECI que no investigara a funcionarios del actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei y en su lugar disponer que la investigación la llevara a cabo otra fiscalía.

Porras, que fue electa por el expresidente Jimmy Morales, también evitó que la FECI accionara contra exfuncionarios de ese gobierno, según las organizaciones.

En un comunicado de prensa el Ministerio Público dijo que “respetamos el derecho de petición y libertad de expresión. Sin embargo, es preciso enfatizar que durante la gestión actual se ha fortalecido la lucha contrala corrupción a todo nivel”.

“La fiscal general... reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el trabajo coordinado interinstitucional para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción e impunidad", sostuvo en el comunicado.

Pero las organizaciones replicaron que “a pesar de que en su discurso dice tener un compromiso para defender el Estado de derecho, en la práctica sus acciones demuestran lo contrario".