Guardia Nacional se niega a dar datos de uso de la fuerza y el armamento para contener protestas

La Guardia Nacional desobedeció abiertamente una orden del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para revelar, en versión pública, los informes pormenorizados de los operativos y enfrentamientos en que sus elementos han hecho uso de la fuerza letal, y que han dejado como saldo la muerte de 94 civiles, la mayoría de ellos supuestas personas armadas.

Además, dicha corporación de seguridad —bajo control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional —clasificó por cinco años todos esos informes argumentando que revelarlos podría poner en riesgo la vida de sus elementos y el éxito de las operaciones contra la delincuencia en general. Se trata de argumentos que el propio pleno del INAI ya había desestimado antes como improcedentes.

La apertura de estos informes había sido requerida a través de una solicitud de transparencia por la organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) la cual, en un artículo publicado en Animal Político el pasado 29 de septiembre había celebrado que el INAI modificara la clasificación total de la información hecha por la referida corporación de seguridad.

“Es un revés a la opacidad de la GN… en un contexto de empoderamiento castrense —que incluye la militarización de la Guardia Nacional— prácticamente sin controles externos, esta noticia es, sin duda, positiva”, había señalado la organización.

Sin embargo, en el oficio de supuesto “cumplimiento” a dicha resolución del INAI fechado el pasado 30 de septiembre, la Guardia Nacional omitió dar cualquier detalle de los hechos donde ha usado la fuerza letal y, por el contrario, insistió en mantener cerrada en su totalidad dicha información negando incluso la elaboración de versiones públicas.

“Este sujeto obligado ratifica la clasificación de reserva de la información realizada por el Comité de Transparencia de la Guardia Nacional de fecha 29 de abril (…) por un periodo de cinco años”, indica el oficio al que este medio tuvo acceso.

De acuerdo con autoridades del INAI, cuando un sujeto obligado no atiende una disposición del pleno y, por ende, desobedece la norma vigente en términos de transparencia (como ocurre ahora con la Guardia Nacional) puede hacerse acreedores a sanciones de tipo administrativas e incluso podría dar pie a una denuncia de tipo penal. Pero primero deberá llevarse a cabo un proceso de verificación.

“Lo que sí estamos viendo es un claro ejemplo de ya no hay una subordinación del poder militar al poder civil y eso es muy grave”, advirtió sobre esto la abogada, antropóloga e investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa.

Los argumentos copy-paste

Para negarse a transparentar los informes pormenorizados sobre el uso de la fuerza como se lo ordenó el INAI, la Guardia Nacional utilizó argumentos idénticos que los que había utilizado originalmente para no dar a conocer la información requerida, y que ya habían sido desestimados.

Sustancialmente, en el oficio firmado por Gustavo Romero Rosas, titular de la Unidad de transparencia de dicha fuerza de seguridad, se argumentó que el dar a conocer estos datos puede poner en riesgo la seguridad de sus elementos ya que se trata de información que puede aprovechar la delincuencia común u organizada para conocer las capacidades de esta corporación.

La corporación además sostiene, con enunciados literalmente copiados de la primera negativa, que el reporte pormenorizado de uso de la fuerza forma parte del Informe Policial Homologado (IPH) que a su vez forma parte de una carpeta de investigación iniciada en una fiscalía el cual es un documento reservado. Y, por tanto, deduce que es una información clasificada.

Este tipo de argumentos habían sido desestimados por completo por el INAI al resolver el recurso de revisión RRA 6671/21 en el que anuló la confidencialidad total impuesta por la Guardia Nacional y le pidió que elaborara versiones públicas de los informes, cubriendo solamente datos sensibles como el calibre de las armas de fuego utilizadas o la identidad de los efectivos implicados.

Los comisionados le recordaron a la Guardia Nacional que la Ley Nacional de Uso de la Fuerza contempla en su artículo 32 que deben realizarse los informes pormenorizados los cuales son un mecanismo de control y fiscalización para identificar aquellos casos donde pudiera existir un ejercicio abusivo de la misma. Se trata de un documento independiente, que no puede recibir el mismo tratamiento de un IPH o una carpeta de investigación.

Por ello, más allá de tomar las precauciones en cuanto a la protección de datos sensibles o personales, el pleno concluyó que la GN estaba obligada a entregar versiones públicas de los informes pormenorizados. Sin embargo, la corporación rechazó de nueva cuenta llevarlo a cabo.

Los 89 muertos y las dudas

De acuerdo con los pocos datos que se han podido conocer a partir de los dos informes que la Guardia Nacional ha enviado al Senado, desde su puesta en marcha los elementos de esta corporación se han visto implicados en 161 eventos en los que sus elementos tuvieron que hacer uso de la fuerza letal.

El saldo de dichos enfrentamientos, según lo reportado por el Centro Prodh, fue de 89 supuestos agresores fallecidos, además de cinco civiles que no participaron en los incidentes y estaban desarmados. También se reportó la muerte de 14 elementos de la propia Guardia Nacional.

La organización destaca que la forma en que se han reportado estos datos no es acorde con los estándares internacionales particularmente en la forma en que se justifica la mayoría de muertes de civiles, señalándolos como “agresores presuntamente armados”. Por ello, recalca la organización, es imprescindible que se conozcan los detalles de cada evento para que dicha actuación pueda ser fiscalizada, y en su caso detectar si ha habido abusos y corregirlos.

Animal Político ha publicado que, al menos en sus primeros seis meses de creación, la Guardia Nacional se vio involucrada en al menos cinco casos de abuso de la fuerza que dejaron como saldo dos personas muertas y varias gravemente heridas. La atención a las víctimas de estos casos, así como el pago de indemnizaciones, se realizó a través de la firma de convenios secretos entre los afectados y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Insubordinación militar

El abierto rechazo de la Guardia Nacional a una instrucción de un órgano constitucionalmente autónomo como el INAI resulta preocupante en al menos dos niveles: el jurídico y el político, señala la abogada, antropóloga e investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa.

Por un lado, la experta recuerda que constitucionalmente la Guardia Nacional es una institución de seguridad civil subordinada a las disposiciones de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y, por lo tanto, tienen la obligación de entregar dicha información. “Estamos ante un artero incumplimiento al marco legal”.

Pero además, Pérez Correa dice que este hecho también tiene una dimensión política la cual resulta preocupante: la artera desobediencia del poder militar a la jurisdicción civil vigente.

Explica que, si bien la Guardia Nacional es por definición una fuerza de seguridad de carácter civil, en los hechos es una corporación controlada en su totalidad por la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia a la que pertenecen todos sus mandos operativos y más del 70% de sus elementos. Por ello, todas sus acciones tienen de origen un sesgo castrense.

En ese contexto, considera que la desobediencia de la GN respecto a lo que le instruyó el INAI equivale a una insubordinación por parte del Ejército.

“Hay una franca desobediencia de las autoridades militares a las autoridades civiles. Hay un poder constitucional que es el INAI que es autónomo y que le está ordenando a la GN que es manejada por la Sedena que entregue información y si se está negando es una franca desobediencia a otro poder constitucional. Es una situación muy grave. Ya no hay una subordinación del poder militar al poder civil”, dijo Pérez Correa.

La falta de información sobre la actuación de una autoridad, como ocurre en este caso, significa que no hay una rendición de cuentas y, por el contrario, eso incentiva el uso y abuso del uso de la fuerza letal. “Necesita haber transparencia para que haya fiscalización, Si no conocemos eso no se pueden implementar mecanismos para corregir el camino”.

También niegan información sobre armamento

La Guardia Nacional reservó por un período de cinco años el inventario de armamento no letal y el material para la contención de manifestaciones. En una solicitud de transparencia realizada por Animal Político, el cuerpo militar se negó a transparentar elementos que utilizan sus agentes como toletes o escudos.

“Al proporcionar información respecto al armamento no letal disponible podrían vulnerarse las capacidades operativas y logísticas que tiene la institución para garantizar la seguridad pública, lo que disminuiría su capacidad de preservar y resguardar la vida o salud de las personas, las estrategias para combatir acciones delictivas de la delincuencia organizada y la capacidad para evitar la comisión de delito, lo que afectaría directamente a la paz y el orden público”, argumenta la Guardia Nacional en su respuesta.

Uno de los cometidos que tiene la Guardia Nacional es el control de manifestaciones. Por eso, en su resolución señala que, haciendo público su arsenal, “vulnera las acciones de la Guardia Nacional, toda vez que, el tipo de movimientos realizados por esta institución para la disuasión de grandes masas en disturbios, incrementa la posibilidad de transgredir los mecanismos de reacción para su control, lo que evita situaciones que afectan a la ciudadanía”.

A pesar de que lleva poco más de dos años en funcionamiento, la Guardia Nacional ha sido señalada por su responsabilidad en la represión de manifestantes. El caso más grave fue la muerte a tiros de Jessica Silva, quien se encontraba con su esposo Jaime Torres en las inmediaciones de una protesta en Delicias, Chihuahua, cuando fue atacada por agentes el 8 de septiembre de 2020. Un sargento fue vinculado a proceso mientras que otros cinco uniformados resultaron exonerados de los cargos.

“Dar acceso a la información solicitada puede vulnerar la realización de los objetivos de esta institución, en virtud de que revela los movimientos operativos y de equipamiento, lo que pone en grave riesgo la seguridad pública e integridad de las personas que en ella laboran, puesto que son quienes ejecutan las acciones encaminadas al cumplimiento de los deberes conferidos por la ley”, dice la respuesta.

Por último, la Guardia Nacional considera que hacer público el arsenal no letal “pone en riesgo la seguridad pública, la vida de los integrantes y la operatividad de la institución, ya que existen posibilidades de que cualquier persona, con fines diversos, realice un análisis de vulnerabilidad de esta institución, lo que permitiría, bajo determinadas circunstancias, perpetrar diversos ataques”.

La pregunta estaba dirigida al control de las manifestaciones y la seguridad pública. Sin embargo, la Guardia Nacional se escudó en la criminalidad para considerar que ante las complejidades que presentan los fenómenos delictivos del país, resulta crucial contar con la secrecía del material con el que cuenta la institución.

Entre los riesgos que la Guardia Nacional observa en caso de hacerse público su material antimotines: riesgo a la estabilidad de la infraestructura estratégica implementada para la prestación del servicio de seguridad pública, mayor número de ataques contra los bienes de la Guardia Nacional por parte de la delincuencia organizada, riesgo para la vida e integridad del personal de la institución y reducción de la capacidad de fuerza del cuerpo.

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