Guaidó enfrenta una primera e inesperada acusación de corrupción

Daniel Lozano

CARACAS.- Juan Guaidó enfrenta la primera acusación de corrupción desde su llegada en enero al liderazgo opositor. Una denuncia periodística y el posterior respaldo, vía redes sociales, de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien exigió "rendición de cuentas", obligaron al presidente encargado a reaccionar con urgencia: primero, ordenó investigar qué pasó con el dinero empleado para la cobertura de los militares desertores tras la fallida operación de ingreso de ayuda humanitaria en febrero; después, comunicó que aquellos de sus colaboradores señalados fueron apartados de sus responsabilidades.

"¡Transparencia ante todo!", reclamó el presidente de la Asamblea Nacional, tras asegurar que sus enviados a la crisis fronteriza "han manejado con austeridad y limitaciones económicas la situación de los militares en ese país. Ante denuncias, pido al embajador Humberto Calderón Berti solicitar formalmente a organismos de inteligencia colombiana la investigación necesaria".

La deserción de los militares venezolanos puso a prueba la capacidad del equipo de Juan Guaidó, sobrepasado por el número (entre 700 y 1400 según distintas fuentes) de uniformados. Su estancia en Colombia se complicó desde el primer momento, entre desentendidos, las contradicciones internas y los impagos de las facturas de los hoteles. Los servicios de inteligencia de Colombia advirtieron desde el primer momento que también había infiltrados enviados por el gobierno de Nicolás Maduro.

La acusación, publicada por el medio Panam Post, ha salpicado directamente a dos miembros de Voluntad Popular (VP), el partido de Guaidó y del antiguo preso político Leopoldo López, refugiado hoy en la residencia del embajador español en Caracas. Se trata de Kevin Rojas y de Rossana Barrera, que según el medio panameño habrían cometido gastos injustificados durante su estancia en la frontera, mientras no se realizaban, a tiempo y con solvencia, los pagos en los hoteles donde dormían los militares que comenzaron a huir en la madrugada del 23 de febrero.

El embajador Calderón, reconocido por Colombia, contestó desde Bogotá: "Estamos trabajando en la fase final de auditoría de este lamentable y bochornoso caso". Más tarde, quien fue ministro antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, quiso poner orden en el cruce de acusaciones al asegurar, "para que quede claro al país", que la investigación comenzó hace dos meses por su "iniciativa personal", tras recibir "una información de la Dirección General de Inteligencia de Colombia".

Guaidó reaccionó con celeridad ante la primera acusación de malversación de fondos contra miembros de su equipo, todo un reto cuando está enfrentando a un gobierno, el chavismo, que ha protagonizado el mayor desfalco de la historia de la humanidad: más de 300.000 millones de dólares, según las investigaciones del propio Parlamento y las cuentas del exvicepresidente económico de Chávez, Jorge Giordani.

Los escándalos de corrupción se han multiplicado durante las presidencias de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, sin que las autoridades judiciales profundizaran en las investigaciones salvo que hubiera un interés político determinado. El escándalo Odebrecht es un buen ejemplo: mientras en la región sucedían los procesos judiciales, incluyendo dimisiones y encarcelamientos de presidentes, en Venezuela no pasaba más allá de los titulares de los periódicos pese a que, tras Brasil, fue el país donde más dinero se manejó.

Respaldo de otros opositores

Nada más comunicar al país su resolución, Guaidó recibió el respaldo de los cuatro principales partidos de la oposición, desde el suyo propio (VP) hasta Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT).

PJ, de centroderecha, también exigió que se "designe un contralor especial que adelante todas las investigaciones de este caso", algo ya contemplado en el estatuto de la transición.

Los medios públicos chavistas recibieron con alborozo la información, incluso emitieron noticieros especiales, toda una novedad en materia de corrupción durante los últimos 20 años de impunidad.

La supuesta malversación de fondos en Cúcuta también airea uno de los grandes obstáculos de la alternativa democrática en un país en el que, además, no existe financiación para los partidos. Las distintas operaciones políticas son sufragadas a través de aportes de seguidores y de empresarios privados.

Desde 2016, el Parlamento tampoco dispone de fondos, ni siquiera los diputados cobran su salario por orden presidencial.

Choques tras una misa en Managua

La policía nicaragüense y un grupo de manifestantes contrarios al gobierno de Daniel Ortega se enfrentaron ayer en las afueras de la Catedral de Managua, donde se celebró una misa por la excarcelación de cientos de opositores. "¡Asesinos!", gritaron los jóvenes a los agentes, que trataron de dispersar la protesta con granadas aturdidoras y balas de goma. Los manifestantes respondieron con piedras y cohetes artesanales. El enfrentamiento, que duró cerca de media hora y no dejó heridos, se produjo después de que los opositores participaron de una misa para agradecer la liberación de cientos de opositores.