Grupos de la ONU piden información a México sobre represión contra colectivos de víctimas en Guanajuato

Representantes de diversos grupos de trabajo de la ONU dirigieron a México una comunicación en la que se interesan por la represión sufrida por colectivos de familiares de desaparecidos que se manifestaban Guanajuato cuando fueron reprimidos por policías estatales.

En su escrito, los representantes del organismo internacional piden información sobre la detención que sufrieron Gisela Verenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, que buscan a sus familiares desaparecidos, y la activista María del Carmen Ramírez. Las tres primeras pertenecen al colectivo A tu encuentro, mientras que la última participa de la organización Guanajuato Despertó. Todas ellas estaban manifestando el pasado 10 de julio contra el nombramiento de Héctor Alonso Díaz Ezquerra como comisionado estatal de búsqueda cuando fueron golpeadas y posteriormente detenidas por los agentes.

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos solicitaron información sobre los hechos ocurridos en aquella protesta, así como detalles sobre “la debida investigación de los hechos, y en su caso sanción a los elementos que hubieran incurrido en faltas administrativas o delitos en el operativo llevado a cabo el 10 de julio de 2020 y en las detenciones, incluyendo el abuso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad”.

Recientemente, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quiso archivar las investigaciones contra los policías. Sin embargo, la jueza Liliana Martínez Sandoval revocó esta decisión y ordenó que se reactive la investigación para determinar si hubo abuso de autoridad, así como revisar la cadena de mando para saber quiénes fueron los responsables.

Las acusaciones contra las mujeres fueron retiradas tres meses después de los hechos. En un principio, los colectivos acordaron levantar el plantón que mantenían en Guanajuato a cambio de que el gobierno de Diego Sinhué organizara mesas de diálogo y retirara los cargos. Sin embargo, las mujeres tuvieron que pasar varios meses con la acusación encima.

Sobre esta detención, los representantes de la ONU piden “informaciones detalladas sobre la base legal del arresto de las defensoras”. “En particular, sírvase indicar en qué medida el arresto y la privación de libertad de estas personas son compatibles con las normas contenidas en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, indican.

Además, reclaman datos sobre las investigaciones penales que se condujeron contra las activistas y “sobre las medidas de reparación del daño ocasionado por las violaciones y hechos descritos”.

El documento está fechado a 1 de octubre y da 60 días a México para responder. El plazo ya ha expirado pero hasta el momento no se han hecho públicas las alegaciones gubernamentales. A partir de aquí, el organismo internacional podría decidir emitir recomendaciones o incluir estos hechos en el informe anual que redacta el Consejo de los Derechos Humanos.

Así sucedió la protesta

Los hechos tuvieron lugar el 10 de julio de este año en el contexto de un plantón instalado por colectivos de desaparecidos en Guanajuato. Durante una protesta, las activistas fueron interceptadas por policías estatales que las golpearon y jalonearon. Cuatro de ellas resultaron detenidas.

“Me siento destrozada, desilusionada, decepcionada. Todos los sentimientos. Si las autoridades nos hacen esto, ¿quién nos va a ayudar?”, explicó entonces Verónica Durán, de 49 años, en entrevista con Animal Político. Relató que estaba protestando de forma pacífica cuando agentes uniformadas la rodearon, la golpearon y la introdujeron un vehículo junto a varias compañeras.

“Nos jaloneaban del cabello y de los brazos. Cuando estábamos al frente, policías nos pegaban en las piernas con la macana”, denunció.

“Es muy relevante que se de esta comunicación y da cuenta de la situación tan grave que se vive en Guanajuato, donde no solo hay una crisis de desaparición forzada y forense, sino que cuando las familias se organizan, son reprimidas”, dijo Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Según explicó, esta comunicación de la ONU pide que “cesen las violaciones a los Derechos Humanos, que cese la criminalización y no quede en impunidad”. Recordó la abogada que las familiares de desaparecidas tienen derecho no solo a participar en los procesos de búsqueda, sino a “no ser criminalizadas”.

La protesta tuvo lugar en un contexto de grave crisis por la violencia en Guanajuato. En julio el gobierno de Sinhué ni siquiera reconocía la existencia de desaparecidos o fosas clandestinas, aunque posteriormente tuvo que asumir que el estado se encuentra a la cabeza del país también en personas a las que se busca o en enterramientos clandestinos. En agosto, Animal Político reveló que el cálculo llegaba hasta los 2 mil desaparecidos. A finales de octubre se hicieron públicos los primeros hallazgos de fosas en Salvatierra. Un escenario terrible que mujeres como las que fueron detenidas y golpeadas por la policía de Guanajuato llevan meses denunciando.

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