Un grupo de dirigentes opositores denunció a Vilma Ibarra por incumplir medidas de aislamiento

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Hernán Zenteno

Un grupo de dirigentes juveniles del espacio Republicanos Unidos, fuerza política liderada por Ricardo López Murphy, ampliaron la denuncia penal presentada contra el presidente Alberto Fernández por “violaciones a las normas” dispuestas en el marco de la pandemia de coronavirus. Fue para incluir a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y al cantante Pedro Aznar, quienes habrían estado en la Quinta de Olivos el 20 de mayo de este año cuando estaba restringida la circulación y prohibidas las reuniones sociales.

Según consta en la presentación judicial, a la que tuvo acceso LA NACION, los denunciados habrían ingresado cerca de las 21 a la quinta presidencial y retirado “cerca de las 24”.

Desde el entorno de Ibarra aseguraron que la funcionaria fue a Olivos para instrumentar la firma de un decreto sobre la pandemia, y que se retiró a las 23.59, según registra las planillas que presentaron, porque al día siguiente era su cumpleaños. “Es una mera especulación electoral, no hubo ningún tipo de festejo”, afirmaron a LA NACION fuentes cercanas a la funcionaria para refutar el planteo de la denuncia. Agregaron además que la secretaría debió asistir a la quinta presidencial por cuestiones de gestión y explicaron que siempre se reunieron en Olivos o en la Casa Rosada antes de los decretos presidenciales.

El presidente Alberto Fernández durante los anuncios
Presidencia


El presidente Alberto Fernández durante los anuncios (Presidencia/)

Esa noche, el presidente Alberto Fernández anunció un cierre estricto por nueve días y el fin de semana del 5 y 6 de junio en las zonas de alto riesgo con un mensaje grabado en la Casa Rosada y emitido por cadena nacional. “Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia”, afirmó el Presidente en medio de la segunda ola de coronavirus cuando algunos funcionarios reclamaban una cuarentena total. En los papeles, se prorrogó el DNU vigente que vencía el 21 de mayo.

El domingo pasado, el periodista Jorge Lanata en su programa PPT develó estas visitas durante su monólogo sobre los ingresos a la Quinta de Olivos.

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La denuncia había sido presentada por Marcos Longoni y Abril Férnandez Soto, dirigentes juveniles del espacio Republicanos Unidos patrocinados por el abogado Juan Martín Fazio, luego de la filtración de listas con los ingresos a la quinta de Olivos y está en manos del fiscal Ramiro González y del juez federal Sebastián Casanello.

Después de la denuncia inicial contra Alberto Fernández y la modelo Sofía Pacchi, se incorporó a la primera dama Fabiola Yañez por el festejo de su cumpleaños y a sus invitados, el empresario coreano Chien Chia Hong, Fernando Consagra y Emmanuel López, el adiestrador canino Ariel Alonso Zapata y el veterinario Lautaro Romero.

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En la segunda ampliación y tras a viralización de varias personas que habrían estado en la quinta presidencial se incluyó a la actriz Florencia Peña, la periodista Tamara Pettinato y un grupo de 61 referentes, diputados y autoridades del Frente de Todos que habrían participado de una celebración partidaria. También incluyeron a Rodolfo Tahilade y Claudia Cisneros luego de una denuncia de La Cornisa en donde señalaron que la amiga de la primera dama ingresó a la residencia y se retiró al día siguiente.

En la presentación judicial los denunciantes piden que se investigue si incumplieron el artículo 205 del Código Penal que se refiere a violación de medidas de propagación de la epidemia, y el artículo 248 por violación de los deberes de funcionario público.

La causa judicial

Alberto Fernández será notificado en las próximas 48 horas que está imputado en la causa judicial en la que se investiga la violación de la cuarentena por el cumpleaños de Fabiola Yañez. El fiscal Ramiro González prepara un escrito para notificarlo.

Esto era lo que estaba esperando Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, para iniciar su estrategia judicial. Se presentará para ofrecer una conciliación o reparación del daño, entregando parte de los 250.000 pesos que cobra por mes, por su sueldo de Presidente, al al Hospital Malbrán. El abogado explicó que esto no implica admitir culpa, ni responsabilidad, ni la comisión de un delito. Si el fiscal acepta el acuerdo, se lo elevará al juez federal Sebastián Casanello para que lo homologue y el caso se cerraría.

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