Grupo de dinero turbio pide no divulgar identidad de donantes en pesquisa de candidatos fantasma

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Los abogados de un grupo de dinero turbio dirigido por un prominente operativo republicano pidieron el lunes a un juez del circuito de Miami que bloquee la divulgación de registros bancarios que revelarían a sus donantes, argumentando que la divulgación de la información infringiría los derechos constitucionales de los donantes y podría “enfriar el discurso en todo el espectro político”.

En una moción de 12 páginas, los abogados de Let’s Preserve the American Dream, una organización sin fines de lucro con sede en Tallahassee dirigida por Ryan Tyson, argumentaron que los registros bancarios deben permanecer en secreto porque tienen información privilegiada protegida por la Primera Enmienda y las normas de procedimiento penal de la Florida.

“De igual modo, en el actual clima político altamente cargado, los donantes de la LPAD podrían verse perjudicados en su reputación y economía si se hiciera pública su asociación”, argumentaron los abogados. “Y, a una escala más amplia, la divulgación en este caso podría enfriar el discurso en todo el espectro político, ya que los donantes de otras organizaciones sin fines de lucro podrían optar por renunciar a futuras donaciones por el temor a que su asociación pueda hacerse pública algún día”.

Los registros bancarios fueron obtenidos por investigadores que estudian posibles infracciones de leyes electorales y financiación de campañas derivadas de un esquema electoral en 2020. Los investigadores también están buscando $550,000 en dinero no rastreable que se se usó para pagar anuncios políticos por correo en apoyo de los candidatos falsos.

El medio millón de dólares en gastos fue pagado por otro grupo de dinero turbio, Grow United. Según una declaración de impuestos de 2020 obtenida por el Orlando Sentinel, el grupo de Tyson informó que dio $1.15 millones a Grow United en 2020.

El Sentinel informó más tarde que los registros muestran que Tyson instruyó a un contador y a un banquero para transferir a Grow United $600,000 el 29 de septiembre de 2020.

Días después, Grow United envió $550,000 a los dos comités políticos que pagaron los anuncios.

Los votantes del Distrito 37 del Senado recibieron correos financiados con dinero turbio que presentaban al poco conocido candidato sin partido Alex Rodríguez. MIAMI HERALD STAFF
Los votantes del Distrito 37 del Senado recibieron correos financiados con dinero turbio que presentaban al poco conocido candidato sin partido Alex Rodríguez. MIAMI HERALD STAFF

No se han presentado cargos contra Tyson o su organización, y ninguno de los dos ha sido acusado de haber hecho nada indebido, dijeron sus abogados. Agregaron que Tyson se presentó voluntariamente a una audiencia con los fiscales para “demostrar que LPAD cumple todas las leyes estatales, federales y locales”.

A diferencia de los comités políticos, que están obligados por ley a revelar sus donantes, los grupos de dinero turbio no están obligados por ley a hacerlo, lo que los hace útiles para los financiadores que no quieren que se revele su identidad al respaldar determinadas campañas o causas.

Los grupos de dinero turbio tampoco tienen límites de gasto como resultado de la sentencia de la Corte Suprema de 2010 en el caso Citizens United contra la Comisión Federal de Elecciones, que revocó las restricciones de financiación en las campañas. Estos grupos son usados por republicanos y demócratas por igual.

Una amplia investigación

Let’s Preserve the American Dream no es el único objetivo de los fiscales en el marco de la investigación en curso en Miami.

Los fiscales también han apuntado a Alex Alvarado, un consultor republicano; Dan Newman, prominente recaudador de fondos demócrata; y Richard Alexander, el presidente del grupo de dinero turbio Grow United.

El 23 de diciembre de 2021, cada uno de ellos recibió lo que los fiscales conocen como una carta “previa”, que generalmente precede a los cargos penales en un caso. Hasta el lunes, no se habían presentado cargos.

Los fiscales presentaron el año pasado cargos contra Frank Artiles, un operativo republicano y ex senador estatal de Miami, y el distribuidor de piezas a autos Alexis Pedro Rodríguez, quien, según los investigadores recibió más de $40,000 de Artiles para presentarse como candidato sin partido para influir en el resultado de la elección por el Distrito 37 del Senado de Miami-Dade en 2020.

Ambos hombres fueron acusados de conspiración para hacer o aceptar contribuciones de campaña en exceso de los límites legales, aceptar y hacer esas contribuciones de campaña en exceso, juramento falso en relación con una elección y facilitar [y eventualmente presentar] información falsa de votantes. Según la ley estatal, cada uno de esos cargos conlleva penas de hasta cinco años de prisión si se les declara culpables.

Ambos se declararon inocentes en abril y solicitaron un juicio con jurado. En agosto, Rodríguez aceptó un acuerdo de culpabilidad y accedió a ayudar a los fiscales a construir su caso contra Artiles, el hombre que lo reclutó para presentarse a las elecciones. A cambio de su declaración de culpabilidad, Rodríguez cumplirá tres años de libertad condicional, incluido un año de arresto domiciliario con un monitor de GPS.

Los abogados de la organización de Tyson argumentan que los registros bancarios que mostrarían las donaciones y contribuciones de Let’s Preserve the American Dream, desde febrero 2020 hasta agosto 2021, son “irrelevantes” para el caso de Artiles.

Además, argumentan que la divulgación de los registros solo beneficiaría a los reporteros que “continúan publicando historias fantasiosas que insinúan que LPAD y el señor Tyson participaron en una conducta criminal”.

Los abogados del Miami Herald, junto con otros medios de comunicación, presentaron mociones para intervenir en argumentos anteriores para proteger los registros en este caso.

Los abogados que representan a los medios de comunicación confirmaron el lunes que se opondrían a la moción de Tyson.

El secreto de los donantes

Ian Vandewalker, asesor principal del Programa para la Democracia en el Brennan Center for Justice, dijo que tiene sentido que un 501(c)4 priorice la protección de sus donantes, señalando que grupos políticamente activos como Let’s Preserve the American Dream pueden prometer explícitamente a los donantes que sus nombres se mantendrán en secreto.

“Algunos de los grandes supercomités políticos a nivel nacional tienen otra organización que es la misma gente, solo otro papel”, dijo Vandewalker, cuyo trabajo aborda la influencia del dinero en la política y la injerencia extranjera en las elecciones en Estados Unidos. “Dicen: ‘Puedes darnos a nosotros y divulgaremos o puedes dar al 501(c)4 y no lo haremos’”.

Hasta 2019, Tyson fue vicepresidente del grupo de cabildeo proempresarial Associated Industries of Florida, que negó estar involucrado en los comités.

“LPAD ya ha enfrentado a un daño económico y a la reputación como resultado de los artículos de noticias sobre la investigación de fiscal estatal, y es probable que la divulgación de los registros bancarios de manera similar conduzca a la interferencia con la libertad de asociación de los donantes de LPAD”, dijeron los abogados.

Otros registros judiciales revelados en el caso muestran que el grupo de Tyson pagó a Atlas Consultants, de Artiles, más de $125,000 por “servicios de investigación en el sur de la Florida” que datan de 2017, apenas unos meses después que Artiles renunciara a la Legislatura estatal por usar un insulto racial frente a colegas afroamericanos.

El último pago a la firma de Artiles por parte de Let’s Preserve the American Dream fue el 15 de noviembre de 2020, tres días después que el titular demócrata del Distrito 37 del Senado perdiera en un recuento manual.

En un comunicado, Tyson dijo que su grupo terminó su relación con Artiles después de que fue arrestado en marzo de 2021, y que ni él ni su grupo “tenían conocimiento de las acusaciones que ahora se hacen contra el senador Artiles”.

El caso de Artiles está en marcha

El mes pasado, los abogados de Artiles pidieron por segunda vez a un juez del Tribunal de Circuito de Miami que retuviera la divulgación de la posible evidencia al público porque infringiría su derecho a un juicio justo y violaría los derechos de privacidad de personas como la esposa y las hijas de Artiles.

Los abogados de Artiles presentaron una moción de protección similar en mayo. El Miami Herald, junto con otros medios de comunicación, presentó mociones para intervenir y, en julio, la jueza Andrea Wolfson –que no presidió el jueves– concedió ciertas partes y denegó otras de la moción.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, inició una investigación sobre “posibles violaciones electorales” en la contienda para representar al Distrito 37 del Senado unos días después de las elecciones de noviembre de 2020, y se realizaron arrestos en marzo.

Rodríguez estaba cooperando con los investigadores estatales más o menos al mismo tiempo que el Herald descubrió a través de varias fuentes que Artiles había reclutado y presumido públicamente de haber plantado a Rodríguez como candidato sin partido en la contienda.

Mientras el caso de Artiles se desarrolla en los tribunales, los investigadores también siguen investigando quién estaba detrás del dinero turbio que pagó los anuncios políticos engañosos que promovieron la candidatura de Rodríguez y los candidatos sin partido en otras dos contiendas al Senado en la Florida.

El mes pasado, los fiscales enviaron a destacados operadores republicanos y demócratas de la Florida lo que se conoce como una carta “previa”, que generalmente precede a los cargos penales en un caso.

Expertos legales dicen que las cartas se envían a los objetivos de una investigación estatal o federal para notificarles que podrían enfrentar cargos penales en el futuro o para darles la oportunidad de presentar su versión de la historia.

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