Una ONG dice que Nicaragua viola la Constitución y los derechos humanos de sus migrantes varados

Agencia EFE
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San José, 23 jul. (EFE).- La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció este jueves que el Gobierno de Nicaragua está violando los derechos humanos y constitucionales de sus propios ciudadanos a quienes no deja entrar al país sin una prueba negativa de la COVID-19.

El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, quien se encentra exiliado en Costa Rica desde 2018, dijo en una videoconferencia que hay más de 200 nicaragüenses varados a la intemperie en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, debido a la negativa del Gobierno de su país a dejarles entrar.

"Están varados de forma injustificada más de 200 nicaragüenses que, simplemente por su derecho humano y constitucional, tienen el derecho de ser asistidos por el Estado con un retorno sin restricción ni obstáculos", afirmó Leiva.

Leiva enfatizó en que "ningún nicaragüense puede ser restringido de regresar a su país" porque ello es "una flagrante violación a los derechos humanos y constitucionales".

El activista comentó que la ANPDH está llevando a cabo "todas las gestiones necesarias" a nivel local e internacional para que estas personas puedan retornar a su país o para que el Gobierno de Costa Rica les permita devolverse.

Leiva comentó que la situación ya ha sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Queda en evidencia la indiferencia, el odio y el menosprecio por parte del régimen de Daniel Ortega (presidente) y Rosario Murillo (vicepresidenta y primera dama) hacia el pueblo nicaragüense, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y todos los que han tenido la necesidad de retornar", expresó.

Desde el miércoles los migrantes nicaragüenses cerraron la frontera al paso de vehículos como medida de presión para que les permitan ingresar a su país.

La Dirección de Migración de Costa Rica informó que estas personas efectuaron el trámite migratorio correspondiente para salir de este país, pero a la hora de ingresar a Nicaragua las autoridades de ese país les impidieron la entrada.

Los migrantes afirman que tienen días varados porque las autoridades les están exigiendo una prueba negativa de la COVID-19 para ingresar a su propio país, algo para lo que no tienen dinero.

El Gobierno de Nicaragua ha explicado recientemente que solamente extiende permisos de ingresos a quienes presenten un certificado de COVID-19 negativo, no presente síntomas relacionados, y demuestren que tienen pagado su transporte desde el país de origen hasta su vivienda.

Las autoridades de Nicaragua únicamente garantizan pruebas de COVID-19 a los nicaragüenses que viajen al exterior, a un costo de 150 dólares, que equivale al 81 % del salario mínimo promedio, según el Ministerio de Salud, que, tras las críticas por el cobro, eliminó la publicación de su página web.

Panamá, Costa Rica y Nicaragua tienen un acuerdo para el tránsito de nicaragüenses que estaban varados en Panamá tras perder sus ingresos económicos debido a la pandemia.

La Dirección de Migración de Costa Rica informó que las personas que están varadas en la frontera no son parte de ese operativo, el cual se sigue realizando "con normalidad".

(c) Agencia EFE