Grieta religiosa: suspenden la audiencia judicial porque no estará el arzobispo salteño denunciado

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La devoción a la "Virgen del Cerro", uno de los ejes del conflicto entre la Iglesia y las carmelitas descalzas en Salta
Javier Corbalán

CÓRDOBA.- Quedó suspendida la audiencia judicial por el conflicto entre el Arzobispado de Salta y las monjas carmelitas descalzas del convento San Bernardo, quienes lo denunciaron por supuesta violencia de género. El arzobispo Mario Cargnello no estará porque, desde antes, tenía programada su presencia en la Conferencia Episcopal Argentina toda la semana en la ciudad de Buenos Aires. Otro de los denunciados , el obispo emérito, Martín de Elizalde“visitador” del monasterio designado por la Santa Sede– no pudo ser citado, porque cambió su domicilio y aunque ya se emitió la nueva notificación, no llegará a tiempo. El tercer denunciado es el cura colaborador de la Catedral de Salta, Lucio Ajalla. Aún no se comunicó la nueva fecha de la audiencia.

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La audiencia estaba prevista para mañana a las 9 en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género. La jueza María Carolina Cáceres Moreno, la semana pasada, ratificó su competencia, decisión que ya fue apelada. También quedó suspendida la pericia psicológica ordenada para el Arzobispo.

El pedido de “declinatoria” de la jueza fue solicitado por Cargnello y rechazado el miércoles pasado en la misma resolución en la que se les ordena a las partes y a sus abogados no hacer declaraciones públicas. Fue la respuesta al planteo del Arzobispo, a través de su letrado, que la difusión del caso y de los detalles estaban provocando un “perjuicio” a su reputación.

Eduardo Romani, abogado de Cargnello, solicitó la “declinatoria” de la jueza apelando al concordato entre el Vaticano y el Estado argentino firmado en 1966 por el que, entre otros puntos, “reconoce y admite el fuero eclesiástico y la vigencia del derecho canónico”. En esa línea señala que las carmelitas ya habían hecho su planteo a la Santa Sede el 24 de noviembre de 2020. Este lunes apeló la decisión de la jueza de seguir en la causa. Ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Para la jueza Cáceres Moreno ese concordato no tiene como fin ser un obstáculo a la tarea de los magistrados, sino que ambas competencias pueden actuar en paralelo. Además, enfatiza que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer a las que adhirió la Argentina también tienen rango constitucional, como el concordato.

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El origen

La causa abierta por la denuncia de la priora del monasterio incluye un estudio socioambiental realizado por profesionales de la Justicia que se entrevistaron con las religiosas y coordinaron la forma para hacerlo ya que son de clausura, y también un video aportado por las denunciantes.

El episodio registrado por un teléfono celular fue el que dio pie a la denuncia, aunque en su momento la abogada de las monjas declaró que había hostigamiento desde hacia unas dos décadas.

El conflicto de fondo entre las partes es, como lo deja transparentado el documento de la Santa Sede de fines de marzo, el respaldo de las carmelitas a la “Virgen del Cerro”, una devoción que no es reconocida por la Iglesia institucionalmente aunque, hasta la llegada de Cargnello al Arzobispado, había convivido sin mayores sobresaltos.

Distintas fuentes consultadas por LA NACION coincidieron en que, en su momento, hubo un pedido a María Livia Galliano –la mujer que da cuenta de las “apariciones” de la virgen– que bajara su perfil. En el caso de San Nicolás, en Rosario, hubo una situación similar. Durante 33 años la Iglesia avaló las “visiones” de Gladys Mota de la Virgen del Rosario, pero en marzo de 2017 el obispo Hugo Santiago decidió ponerle fin a esas divulgaciones. Igual, continúan los peregrinajes a ese santuario como al salteño.

Cuando, en Salta, empezaron los “ruidos” por la devoción de la “Virgen del Cerro” con el Arzobispado, Galliano se “refugió” en las monjas que tienen otra mirada. La Santa Sede designó un “auxiliar apostólico” y pidió que no participen más de esa organización.

“La autonomía que todo monasterio tiene y que está dada por la Iglesia, debe guardar armonía y consonancia espiritual y disciplinaria con quien preside la diócesis –explica un sacerdote especialista en derecho canónico–. La autonomía no debe ser un efecto disgregante”.

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