En Grecia, las ONG enfrentan un entorno cada vez más "hostil"

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En Grecia, varias ONG de ayuda a los refugiados denuncian un ambiente cada vez más "hostil", con normativas que dificultan el registro obligatorio ante las autoridades o incluso llevar a cabo rescates en el mar.

Como en el mito de Sísifo, el rey griego condenado a empujar para siempre una enorme piedra cuesta arriba por traicionar a Zeus, varias ONG griegas luchan por inscribirse en un registro obligatorio creado por el gobierno griego.

"Aportas un (documento), piden otra cosa. Es como Sísifo empujando la piedra", asegura a la AFP una fuente implicada en el proceso, que pidió el anonimato.

Según la misma fuente, las nuevas organizaciones son aprobadas sin problemas por las autoridades.

En febrero de 2020, el gobierno del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis estableció nuevas reglas para registrar a las ONG, cuatro años después de que la anterior administración de izquierda creara una base de datos.

Para desalentar la llegada de migrantes, el gobierno también reforzó las patrullas en las fronteras, endureció el acceso al asilo y redujo las ayudas.

Además, a partir de ahora, el gobierno griego también asume la responsabilidad de los programas financiados por la UE que antes gestionaba la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, perteneciente a Naciones Unidas.

- Retomar el control -

"Hemos retomado el control", se felicitó el 15 de diciembre el ministro de Migraciones Notis Mitarachi.

En septiembre, una nueva ley prohibió también a las ONG llevar a cabo rescates en el mar a menos que colaboren estrechamente con los guardacostas.

El no respeto de esta regla puede conllevar una multa de al menos 500 euros por persona (unos 560 dólares), de al menos 3.000 euros (unos 3.380 dólares) para la organización y una pena de prisión mínima que puede ir hasta un año.

La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, dijo que la ley "obstaculizaría gravemente la labor de rescate en el mar que realizan las ONG y su capacidad para vigilar los derechos humanos en el mar Egeo".

En noviembre, una veintena de cooperantes fueron juzgados en Lesbos, acusados de ayudar a migrantes a llegar a la isla griega hace tres años.

Grecia también se enfrenta a persistentes acusaciones de que está devolviendo ilegalmente al mar a los solicitantes de asilo, algo que siempre ha negado.

El gobierno griego afirma que tiene la obligación de vigilar a todas las organizaciones y al personal que está en contacto diario con personas vulnerables, incluidas mujeres y niños, para garantizar que no cometieron delitos, abusos sexuales o traficaron drogas.

- "Las mismas reglas" -

En una carta dirigida a Dunja Mijatovic en mayo, los ministros griegos de Migración, Marina y Protección Ciudadana insistieron en que el registro "no pretende bloquear a las ONG" y que las condiciones de inscripción "no son en absoluto excesivas ni complicadas".

"El objetivo es fijar las mismas reglas para todas las ONG en Grecia", estimaron los ministros.

Entre las organizaciones cuyas demandas fueron rechazadas está Equal Rights Beyond Borders, un grupo griego alemán que ayuda actualmente a más de 400 personas para reagrupamientos familiares y demandantes de asilo.

También se consideró que Refugee Support Aegean (RSA) no era elegible para el registro, ya que proporciona asesoramiento legal a personas que deben ser deportadas.

La relatora especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, calificó la decisión de "preocupante".

"Todo el mundo tiene derecho a ser protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos, incluidos los que se enfrentan a la deportación", tuiteó Lawlor a principios de diciembre.

El Consejo de Estado, máximo órgano administrativo de Grecia, debe examinar el caso en junio.

- Utilización "oportunista" -

También hay un sentimiento de preocupación en las organizaciones registradas en el Ministerio de Migración.

Con la captación de fondos europeos, varias ONG se implicaron en la cuestión migratoria.

En 2020, la UE asignó 91,5 millones de euros para alojar a más de 25.000 solicitantes de asilo en alojamientos privados. En 2021, el dispositivo representa cerca de 76 millones de euros para más de 23.000 beneficiarios.

Los partidos de la oposición Syriza y Kinal presentaron tres preguntas parlamentarias sobre Hopeten, una sociedad civil que recibió luz verde en octubre de 2020 en menos de un mes.

Hopeten fue creado por un grupo municipal de derechas.

Otros grupos seleccionados -sin que se les pidieran requisitos como una página web activa o auditorías fiscales recientes- son una agencia de eventos teatrales y una empresa municipal de aparcamientos.

Syriza acusa al Ministerio de Migraciones de haber permitido el uso "oportunista" de estos programas por entidades "carentes de la experiencia adecuada".

El Ministerio no respondió a las preguntas de la AFP.

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