González Tiburcio libra prisión preventiva

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Manuel Espino

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio pasado, libró la prisión preventiva justificada por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en el caso de la llamada Estafa maestra.

Sin embargo, el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, lo vinculó a proceso por dicha falta al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó datos de prueba suficientes de que el exfuncionario firmó un convenio de colaboración ilegal entre Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, de Hidalgo, para la realización de diversos servicios para el Centro Ciudad de las Mujeres, por 185 millones de pesos.

Este sábado, en audiencia en el Reclusorio Norte, los fiscales de la FGR endurecieron su ofensiva legal contra González Tiburcio, quien enfrentó su segunda acusación, luego de que en enero de 2019 fue procesado por falsedad de declaración también por la Estafa maestra, y advirtieron al juez de que se sustrajera de la justicia.

Lo anterior, porque acusaron que tenía tres domicilios en la Ciudad de México y contactos en Alemania, y había salido del país a destinos como República Dominicana, Ecuador, Chile, Indonesia, Chicago, Panamá, Italia, Grecia y Turquía, por lo que contaba con la capacidad económica.

A ello la defensa respondió que González Tiburcio no ha incumplido las medidas cautelares derivadas del primer proceso, consistentes en la firma periódica del libro de procesados y la prohibición de salir del país.

"Se ha comportado de manera correcta y considero que le sería más perjudicial sustraerse de la justicia a mi cliente", expresó uno de los abogados defensores.

Tras los alegatos, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dio un "voto de confianza" a González Tiburcio y desestimó la prisión preventiva en su contra, al considerar que los fiscales no presentaron elementos suficientes para demostrar el riesgo de que el imputado evada la justicia.

Indicó que si bien el imputado tiene varios domicilios y que en algunos no fue localizado por la FGR, no está fuera de la jurisdicción del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio.

Así, le impuso como medidas cautelares la firma cada 15 días del libro de procesados, entrega del pasaporte al Centro de Justicia y prohibición de salir del país. Asimismo, dio un plazo de tres meses a la FGR para el cierre de la investigación complementaria.

Derivado de los dichos del oficial mayor de Sedatu, Emilio Zebadúa, que colabora con autoridades ministeriales en este caso, la FGR imputó a González Tiburcio por uso indebido de atribuciones y facultades, por más de 185 millones de pesos.

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