El gobierno de Santa Fe pone límites a los piquetes en las rutas

Germán de los Santos
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"El corte de calles o rutas es un delito flagrante y punto", planteó el ministro de Seguridad de Santa Fe
Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

ROSARIO.-El gobierno santafesino busca marcar un límite a los piquetes en las calles y en las rutas. Esa nueva línea política la aplicó el ministro de Seguridad Marcelo Saín, cuando ordenó este jueves a la policía de Seguridad Vial levantar el corte de ruta en la intersección de las arterias nacionales A012 y 18, cerca de Rosario, que llevaba adelante un grupo de transportistas autoconvocados, que reclaman en todo el país que la tarifa mínima sea de 85 pesos por kilómetro.

"Esto no significa criminalizar la protesta, pero vamos a ordenar el desalojo de los cortes de ruta que surjan de un conflicto que no fue canalizado por las vías institucionales que corresponden. No se pueden reunir 10 personas en una ruta o en una esquina y cortar una ruta o una calle, cuando existen espacios del Estado y a nivel empresarial y sindical para plantear los reclamos", afirmó a LA NACION el ministro de Seguridad de Santa Fe.

Unas horas antes, Saín señaló a través de la red social Twitter: "En Santa Fe, no andamos con disquisiciones políticas o intelectuales", y agregó el link del artículo de este diario que decía: "Paro de camiones: el gobierno santafecino ordenó el desalojo de las rutas".

"Poco importa si son rutas nacionales o provinciales. Es delito flagrante y punto. No vamos a estar discutiendo competencias para hacernos los tontos y no hacer nada", agregó Saín, en una crítica que pareció dirigirse al Ministerio de Seguridad de la Nación, en manos de Sabina Frederic. Esas rutas donde intervino la policía son nacionales y debería actuar la gendarmería, según la visión del gobierno santafesino.

En el lugar donde se levantó el piquete, la policía identificó a las personas que cortaban la ruta, quitó un gazebo que habían montado los transportistas autoconvocados, se sacaron las gomas de camión que estaban en el camino, y se notificó al fiscal de turno de la situación. "Es un delito de flagrancia y la policía puede actuar sin requerir la orden de un fiscal", delinearon fuentes del gobierno.

El ministro Saín envió una nota a la jefa de la Policía Emilce Chimenti con las nuevas directivas. "En vista de los expuesto y de que se trata de delitos flagrantes, el ministro de Seguridad ordena a la Policía de la provincia que intervenga con todas las facultades legales que le competen para hacer cesar estas alteraciones que se comenten en rutas y caminos de la provincia, por las cuales individuos sin representación ejercen la coerción sobre personas, transportes y bienes", señala la orden de servicio, en la que Saín advierte: "El uso legal, racional, proporcional y progresivo de la fuerza, se inicia con la presencia de la autoridad policial impartiendo instrucciones para restablecer el orden en el tránsito y no recibiendo indicaciones de aquellos que están en falta".

"Es la línea de acción que seguiremos desde el Ministerio de Seguridad ante cortes de ruta de grupos sin representación gremial", afirmó el funcionario. La mirada de Saín es que, si el conflicto está canalizado por las vías institucionales, donde hay espacios de diálogo, la policía debe garantizar la libre circulación de las rutas. "No es que la policía va a intervenir en cualquier protesta de vecinos que cortan por unas horas una calle porque no tienen agua, ni cuando hay un conflicto gremial en la puerta de una fábrica por reclamos salariales", aclaró, y consideró que la directiva apunta a poner límites cuando "los cortes de ruta afectan el interés general y no se aborda el problema en las instancias institucionales".

El gobierno de Omar Perotti buscó mostrar que la mirada de Saín no es personal sino que es una línea política que bajó la administración provincial. El flamante ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, ratificó la decisión del ejecutivo provincial de "terminar con los cortes" de ruta que impulsan transportistas autoconvocados. "Si no se quieren retirar, las personas serán detenidas o habrá acciones necesarias para que se terminen los cortes", adelantó Sukerman.

El funcionario coincidió con Saín en que el gobierno "no busca criminalizar la protesta", sino analizar "cada situación particular en la que se enfrentan dos derechos, como establece el artículo 14 de la Constitución, el de peticionar y el de circular libremente". "Cuando hay un corte estos dos derechos entran en conflicto. Se debe priorizar uno de los dos. No es lo mismo cualquier corte de ruta", aclaró.

"El piquete es un método para reclamar de personas que no tienen otra vía para hacerlo. Es necesario analizar cada situación. En el caso del conflicto de los transportistas, hay cámaras empresarias, gremios de la actividad, el ministerio de Trabajo. Es decir, no hay una situación en la que no haya espacios para tratar los reclamos. Por lo tanto, no pueden cortar la ruta", explicó el ministro de Gobierno.

Reconocimiento empresarial

La decisión de la administración de Perotti fue celebrada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), porque el conflicto de los transportistas autoconvocados afecta el abastecimiento de las terminales portuarias. "CIARA apoya la decisión del gobierno de Santa Fe de liberar el tránsito obstaculizado en el territorio provincial, en ejercicio de una facultad que posee para dar cumplimiento a un mandato constitucional", señalaron en un comunicado difundido por las redes sociales.

Desde el gobierno santafesino señalaron que los cortes de ruta se redujeron drásticamente tras la decisión del Ministerio de Seguridad. De una docena de piquetes sólo quedaban dos, uno en a ruta nacional 19, a la altura de Josefina, y otro en la ruta nacional 33, cerca de Rufino.

Uno de los principales referentes de Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), que llevan adelante los piquetes, Sergio Carlucci, adelantó que las protestas seguirán hasta el 4 de febrero, cuando está prevista una reunión en el Ministerio de Transporte de la Nación.

El dirigente autoconvocado, que en el gobierno de Santa Fe lo ven como un hombre cercano a Hugo Moyano, afirmó -en diálogo con la radio Aire de Santa Fe- que "con las amenazas del Ministerio de Seguridad no van a solucionar el problema. Duele que desde las entidades que deberían protegernos les bajen línea con amenazas de desalojo".

"No pueden venir a escudarse que no tenemos derecho a la protesta porque no poseemos un numerito gremial, cuando hay compañeros que no tienen para comer. Me da una tristeza muy grande", aseguró el dirigente.