El Gobierno replantea su agenda judicial en medio de presiones internas

Las voces, cada vez más cercanas al núcleo de poder de Cristina Kirchner, que reclaman un indulto presidencial para darle una solución política a algunos casos de corrupción, ya no son indiferentes ni minimizadas por la Casa Rosada.

Alberto Fernández no había encarado el año con la intención de avanzar con nuevos proyectos judiciales antes de las elecciones de medio término, que serán un test a su legitimidad. Cuando arrancó 2021, en la agenda del Gobierno solo estaban los temas "de la gente", como la vacunación contra el coronaviurs y la inflación. Pero la presión del kirchnerismo duro para embestir contra la Justicia podría alterar la hoja de ruta.

La Anses instó a más de 200 jueces y fiscales a hacer efectivas sus jubilaciones

"En principio, no está en agenda avanzar en lo inmediato con nuevas reformas de la Justicia, pero esto cambia todo el tiempo", reconoció a LA NACION un alto funcionario que tiene acceso directo al despacho de Fernández. Y agregó: "Hay mucho enojo en la coalición con la Corte Suprema y es lógico por la vergonzosa actitud que viene tomando. La Corte tenía la oportunidad de ordenar muchas cosas y no lo está haciendo".

Otro estrecho colaborador presidencial acotó: "Nosotros no planteamos la agenda judicial, se da sola".

El Presidente ya se manifestó contrario a la figura del indulto, a la que calificó como"rémora monárquica". La idea que sí entusiasma a Fernández es la creación de un "tribunal intermedio de arbitrariedad" que desagote buena parte de los casos que hoy tramita la Corte Suprema. Esa solución, a priori, es bien vista en el campamento kirchnerista, que sabe que los casos de corrupción recaerán, tarde o temprano, en el máximo tribunal. Pero hasta ahora, según señalaron fuentes oficiales, no hay nadie trabajando en la redacción concreta de un proyecto de ley, ni pasando la idea al papel.

"Oficialmente todavía no hay nada. Eso no significa que el día de mañana, producto de la presión interna, Alberto lo active", dijo un colaborador que habita en la Casa Rosada. Fernández tiene sobre su escritorio un compilado de propuestas elaboradas por un Consejo Asesor de juristas para hacer proyectos de ley para el Poder Judicial. "Por ahora no hay proyectos específicos, se están estudiando las recomendaciones del comité", señaló a LA NACION un alto funcionario de la Casa Rosada.

El Poder Ejecutivo, sin embargo, ya activó otras medidas. En lo últimos días, la Anses emitió una resolución para que aquellos funcionarios judiciales que hayan iniciado los trámites jubilatorios pero siguen trabajando, renuncien a su cargo. El organismo -conducido por la dirigente de La Cámpora, Fernanda Raverta- dispuso que, si no renuncian, esos jueces verán caer sus trámites previsionales. Hay unos 200 magistrados que se encuentran en esa situación. Por eso, en los tribunales leyeron la medida como una "apretada".

"Nada que ver", replicaron en la Casa Rosada, consultados sobre si se trata de un mensaje a los jueces. "Se los está intimando a que definan si se quieren jubilar como ellos mismos lo pidieron o retirar la carpeta", agregaron las fuentes oficiales, y especificaron que la medida obedece a que la caja previsional de la Justicia pasó recientemente a la jurisdicción de la Anses.

La voz de Peñafort

De todas las voces que reclamaron acciones directas del Poder Ejecutivo para modificar la situación judicial, la que más llamó la atención en el Gobierno fue la de Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, custodia de la firma de Cristina Kirchner y abogada de confianza de la vicepresidenta.

Peñafort dijo que "hay determinadas situaciones donde la Corte maneja la impunidad", y que "en el caso muy puntual de (la líder de la Tupac Amaru) Milagro Sala, Alberto debería indultarla".

En la Casa Rosada consideran a Peñafort como una "voz autorizada" en materia judicial. "Es una mujer del derecho y una jurista respetada", resaltó un estrecho colaborador del Presidente, que no quiso aludir a la cercanía de la letrada con la vicepresidenta. Según pudo reconstruir LA NACION, Peñafort aclaró internamente que habló a título personal y que no conversó previamente del tema del indulto con Cristina Kirchner.

Tras sus dichos, hubo funcionarios que llamaron a Peñafort para advertirle que Fernández no podría indultar a Sala en causas que no sean federales, una cuestión de jurisdicción que Peñafort ya conocía de antemano.

Fernández, en tanto, dio un gesto a nivel discursivo durante el fin de semana. La ministra de Justicia, Marcela Losardo -una funcionaria que hace y dice lo que le pide el Presidente- se despachó con una catarata de tuits donde criticó muy duramente al Poder Judicial, apuntó a los medios de comunicación y dijo que "hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces". En esos mensajes, Losardo dijo que el Gobierno "analiza propuestas de reforma de un comité de juristas". Ese consejo de expertos fue el que recomendó, entre otros puntos, crear el "tribunal intermedio" para quitarle atribuciones a la Corte.

Lo que dijo Losardo sorprendió, porque utilizó el tono del kirchnerismo duro y el libreto del "lawfare", de una forma que no había hecho antes. Hasta entonces, la funcionaria mantenía un buen diálogo con la familia judicial.

Para el kirchnerismo las declaraciones de Losardo del fin de semana tienen gusto a poco. "El Gobierno trata de activar cambios en la Justicia y no lo logra. Hay que dar un mensaje para demostrar que la voluntad de revisar la Justicia está firme. Si Fernández manda un nuevo proyecto judicial ¿Se va a morir en Diputados como ocurrió con su anterior reforma?", comentó una fuente cercana a Cristina Kirchner.

La reforma judicial que Fernández y Losardo ya enviaron al Congreso -que plantea la creación de nuevos juzgados en Comodoro Py- se encuentra cajoneada en la Cámara baja. La vicepresidenta ya dejó en claro -en una de sus cartas abiertas- que ese proyecto es un mero cambio cosmético en el organigrama judicial. No es el cambio de fondo que está esperando.